falacias del gremialismo docente.
Así como somos líderes en cantidad de maestros estatales por alumnos, tenemos el calendario escolar más corto del mundo, agravado por los paros
Así como somos líderes en cantidad de maestros estatales por alumnos, tenemos el calendario escolar más corto del mundo.
Mientras los gremios docentes completaron su tercer paro de 48 horas con una Marcha en Plaza de Mayo en reclamo de una paritaria nacional y “en defensa de la escuela pública”, el gobierno nacional difundió los datos finales de la prueba Aprender, correspondientes a los alumnos de 6º grado y del último año de secundaria en todo el país, en escuelas públicas y privadas.
Más allá del bajo rendimiento en matemática y lengua, donde casi la mitad de los alumnos del secundario están por debajo del nivel básico de dichas asignaturas, los resultados pusieron nuevamente de manifiesto el alto grado de desigualdad entre quienes reciben educación gratuita y aquellos que pueden pagarla.
El Estado dedica $ 600.000 millones (6% del PBI) a la educación pública, casi como Finlandia. Dicho esfuerzo financiero y la cantidad de docentes por alumno son de los más elevados del mundo, haciendo inexplicables aquellos resultados.
En la Argentina, en la escuela primaria estatal se registran 12 alumnos por cargo, cuando hace años eran 16. Si bien durante 2003-2015, la matrícula se redujo un 12%, los cargos docentes aumentaron un 19 %. Menos alumnos, más docentes y en teoría, más dedicación por alumno. En países semejantes, como Chile y Brasil, hay 21 alumnos por docente. Hay provincias con tal cantidad de docentes por alumno, que en los números superan a los países con mayor calidad educativa, como Finlandia, Corea del Sur y Dinamarca.
Pero las cifras indican que los docentes “de aula” aumentaron solo el 10%, mientras que los “fuera del aula” aumentaron el 63%. En la provincia de Buenos Aires, uno de cada tres docentes primarios estatales no cumple tareas educativas en el aula y por ende, esa mayor dedicación no existe.
A pesar de esos esfuerzos, existe una fuga de la escuela pública hacia la privada. Lejos está de ser una señal de prosperidad, sino del enorme esfuerzo que realizan muchas familias para intentar que sus hijos tengan un mejor futuro. De esa forma, la escuela pública se transforma en un lugar de contención para los más pobres, creando una mayor grieta entre los incluidos y los excluídos. Sólo pueden aspirar a una preparación mínima para los trabajos peor pagos y su permanencia en la escuela, mientras los padres trabajan.
Los docentes reclaman sueldos dignos y el Estado dedica enormes recursos a la educación. Es el rubro que insume la mayor proporción en el presupuesto de las provincias y casi todo se dedica a sueldos. ¿Cuál es el nudo del problema?
Como se ha visto, ha aumentado notablemente la cantidad de docentes, a pesar de reducirse el ingreso en la escuela pública. Como tantas cosas en la Argentina, no se dicen todas las verdades. En las provincias, las designaciones docentes se manejan políticamente, facilitadas por la existencia de 1300 institutos de formación docente, de distintas calidades, cuyos egresados no deben aprobar exámenes estrictos para acceder a aquellos cargos.
En adición, los estatutos del gremio tienen regímenes de licencias tan amplios que en algunas provincias están ausentes la mitad de los docentes y en Buenos Aires la cuarta parte. Pero los gobernadores no hacen públicas esas estadísticas porque sería “estigmatizar” a los ausentes, aunque en realidad, motivaría la protesta gremial y la recriminación de correligionarios y parientes que viven de licencia en licencia. También les debilitaría el reclamo de fondos de la Nación para cubrir el dinero que no les alcanza.
Los argentinos sabemos bien lo fácil que es obtener certificados médicos “de favor”, tanto para justificar ausencias, como para obtener licencias o realizar trámites varios. Los archivos de las escuelas están inundados de certificados con “afonías” o “artrosis” para justificar que los educadores no pueden hablar o no pueden escribir.
Aprovechando licencias comunes (exámenes por estudios, jornadas o congresos, familiar enfermo, motivos particulares), en la Ciudad de Buenos Aires podrían obtenerse 64 días hábiles de licencia, de los 180 días de clase que garantiza la ley nacional 25.864. Ello implica un 156% más que un trabajador conforme a la legislación laboral y casi un 50% más que un empleado de la CABA. Estas licencias obligan a un doble gasto, para pagar el sueldo del ausente y el sueldo del suplente. Ahí está una de las raíces de los sueldos que no alcanzan.
Y esas ausencias, tan comunes, perjudican el rendimiento de los alumnos, quienes también comienzan a faltar y decaen en su contracción al estudio, impactando en la calidad educativa que reflejan las lamentables estadísticas de la escuela pública. Conforme a estudios serios, si se redujese el uso de las licencias en un tercio, con niveles más cercanos al primer mundo, se podrían recuperar seis días de clases y aumentar el salario de todos los docentes en forma sustancial.
Tampoco nadie habla de la acumulación de cargos e incompatibilidades de horarios que también afectan el costo de la enseñanza pública. Como reza el aforismo: “Yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas”.
Asi como somos líderes mundiales en la cantidad de docentes estatales por alumnos, tenemos el calendario escolar más corto del mundo, pues en la Argentina se privilegia el turismo a la educación, con una enorme cantidad de “feriados puente” que vacían las escuelas para llenar las playas y lograr más votos.
Ese calendario se reduce aún más con las jornadas de “reflexión docente” y los días de huelga que no se reponen a pesar de los 180 días garantizados por la ley 25.864. Asi como el ausentismo afecta el “ritmo escolar” por el cambio en los docentes, los días de clases perdidos perjudican la secuencia en la enseñanza, ya que los chicos se olvidan y se debe comenzar de nuevo para retomar la ilación de los contenidos. En un contexto social complejo, como el que afecta a los alumnos más pobres, eso es doblemente trabajoso, alienta la dispersión, la falta de comprensión y un mayor ausentismo.
En el nivel secundario se plantea un problema adicional, que no ocurre en la primaria: la deserción escolar. En el nivel secundario la tasa de graduación es bajísima, solo el 42,15% a nivel nacional. Menos de la mitad de los alumnos que terminan el 6º grado se reciben con la edad esperada, aunque en los colegios privados la tasa es el doble. Como siempre, los más perjudicados son los más pobres. Y los bajos niveles de rendimiento en la secundaria, afectarán luego el nivel
Pocos días de clase y jornadas cortas constituyen la tormenta perfecta para que los más pobres no puedan dejar atrás la exclusión Los sindicatos se han opuesto sistemáticamente a cualquier agenda de evaluación de los docentes
terciario, base de la capacitación adulta y pilar del desarrollo del país. La población toma nota de esas dificultades cuando las pocas facultades que toman examen de ingreso reprueban al 80% de los postulantes.
A pesar de la dimensión de los recursos dedicados a la educación, que se dispersan en muchos bolsillos y pocas horas de clase, tampoco se ha universalizado la jornada escolar extendida como dispone la ley nacional de educación 26.206. De cada 100 niños en escuelas primarias estatales menos del 15% tienen esa jornada, pero la desigualdad territorial es enorme: son 50 en la CABA y sólo cinco en el conurbano. Pocos días de clase y jornadas cortas: la tormenta perfecta para que los más pobres no puedan salir del círculo vicioso de la pobreza y la exclusión.
No es solamente una cuestión de recursos materiales. Es indispensable que los docentes tengan una sólida preparación, resultado de una carrera universitaria (como en Ecuador, para no mencionar a Finlandia), de cursos de actualización y evaluaciones periódicas conforme a un nuevo sistema de retribución.
Sin embargo, los sindicatos se han opuesto sistemáticamente a cualquier agenda de evaluación docente pues temen que eso conduzca a un nuevo sistema de incentivos económicos, basado en el esfuerzo personal y dejar el régimen actual centrado en la antigüedad que otorga poder al sindicato a través de la negociación colectiva.
Quienes dicen defender a la educación pública deberían sincerar estas realidades para fundar las bases de una reforma pedagógica profunda, consensuada entre la Nación y las provincias, teniendo como objetivo recuperar la educación pública, donde una nueva camada de docentes reciba salarios dignos, se sienta orgullosa de su responsabilidad y haga posible un nuevo círculo virtuoso para que la inclusión a través de la educación sea una realidad, como lo fue en el pasado.