Los funcionarios y la ley
El fiscal bonaerense Marcelo Carlos Romero acaba de presentar una oportuna denuncia penal contra el desafiante líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Lo acusa, con razón, de haber hecho apología del crimen y, además, del delito de incitación a la violencia colectiva, en razón de las amenazas públicas y abiertas con las que Pérsico anunció, con total desparpajo, que se iban a cortar rutas en la provincia de Buenos Aires.
Parece otra noticia increíble, un acto desacostumbrado, inusual. Pero no es así. El fiscal está solamente cumpliendo con su deber de hacer respetar la ley. Habrá que ver qué hace ahora la Justicia ante esa denuncia, pero no es imposible, dado lo que sucede habitualmente, que ocurra poco y nada, lo cual sería muy lamentable.
Los argentinos nos hemos desacostumbrado de que la normalidad en los espacios públicos sea el respeto de la ley y no su violación descarada, particularmente cuando de ejercer el derecho a la protesta se trata. En la calle impera una suerte de “vale todo”, sin fronteras ni respeto, y lo primero que se vulnera es el derecho de los ciudadanos a transitar libremente.
En buena medida esto sucede por la desagradable pusilanimidad de algunos de nuestros funcionarios públicos, que, con toda suerte de disimulos, prefieren no enfrentar jamás a quienes violan las normas, antes que ser objeto de denuncias, malos momentos y, quizás, agresiones. Como si el funcionario público tuviera sólo trono y facultades o una aureola brillante, pero nunca deberes ni obligaciones. Y menos aún, riesgos.
Esta triste actitud, que nos inquieta a todos, hace que la anomia de pronto resulte normal y genere el natural desencanto entre los administrados, que se sienten y están desprotegidos. Cuando no hay buena fe en los interlocutores, el diálogo, que siempre debe intentarse y privilegiarse, no conduce a ninguna parte. Deviene entonces un ejercicio estéril que se transforma en una mera pérdida de tiempo. Por eso, el cumplimiento de la ley, tarde o temprano, es ineludible. Mientras esto no se comprenda y se defienda, no habrá confianza en nuestros funcionarios. Tampoco el nivel de respeto necesario. Y la inseguridad personal seguirá siendo enorme, en todos los órdenes.
La violación de la ley no puede ser sacrificada debido al temor o a las suspicacias de quienes están obligados a asegurar el acatamiento de las normas, sin lo cual no existe el Estado de Derecho, que no sólo debe proclamarse como si fuera una suerte de ideal teórico y lejano, sino defenderse como una urgencia inmediata, impuesta por la necesidad de asegurar la convivencia en orden y paz. El derecho a la protesta existe y debe –y puede– ejercerse conforme a la ley, con respeto y tolerancia, sin desbordes ni violencia, como ciertamente sucede con frecuencia. Pero quienes abusan de él no pueden gozar de impunidad y deben ser denunciados, como precisamente lo acaba de hacer el fiscal Romero.