Una estampida de transparencia
Durante las últimas horas de su reciente visita por Buenos Aires, Sergio Moro, el juez de Curitiba que aparece cual Che Guevara en las remeras de los manifestantes brasileños, aflojó levemente su rictus serio. Fue sólo un poco, casi nada y tal vez ayudado por el vino, pero alcanzó para que quienes lo acompañaban ese día en el restaurante Happening –entre ellos, el ministro de Justicia, Germán Garavano– pudieran sacarle alguna definición sobre el desarrollo y las consecuencias del Lava Jato y la crisis política de su país. ¿Y quién va a terminar gobernando en Brasil?, le preguntó uno de los comensales, interrumpido enseguida por la impaciencia de un tercero, que arriesgó mirando al juez, como intentando adivinar: “El que quede en pie”. Moro asintió con un gesto y una sonrisa. Resultó una premonición, porque faltaba todavía un mes y medio para que explotara en el Palacio del Planalto la bomba de anteayer: la grabación de una conversación con el empresario Joesley Batista dejó a Michel Temer muy debilitado, al borde de la renuncia.
La Argentina contempla silenciosa este escándalo cuyos alcances ignora. La consecuencia más inmediata será aquí económica: la revelación del diario O Globo promete ahogar el tibio repunte que asomaba en el principal socio del Mercosur y eso no es bueno para nadie. Hasta ahora, ese comienzo de reactivación se sustentaba en motivos institucionales. Temer venía aprovechando su impopularidad, expresada en una imagen positiva por debajo del 7%, para aplicar reformas estructurales que le habían devuelto la fe al establishment brasileño: una enmienda constitucional que congela el gasto de los Estados federales en no más del 20% del PBI durante los próximos 20 años; un ambicioso proyecto de reforma laboral que ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados y altas posibilidades de aprobación en el Senado y una inminente modificación del sistema previsional para subir la edad jubilatoria. Las proyecciones eran módicas, pero alentadoras: se suponía que el país crecería 0,5% este año y tal vez 2% el año próximo, y esa expansión resultaría vital para los sectores manufactureros argentinos. Entre ellos, las peras y las manzanas del Alto Valle o los automóviles. Dante Sica, director de la consultora Abeceb.com, suele decir que cada punto de crecimiento brasileño se replica aquí en 0,25% de alza, algo que ocurre también de manera equivalente y proporcional con las caídas. Pero ahora habrá que volver a empezar. Cualquiera de los desenlaces del conflicto, siga Temer o no, significará una demora en la recuperación.
Esa certeza económica contrasta con una gran incógnita política. La Argentina no sabe todavía si se terminarán difundiendo aquí todos los presuntos sobornos de Odebrecht el 1° del mes próximo, cuando venza el plazo de retención de pruebas acordado en Brasil para otros países de la región, porque la constructora no pudo hasta ahora cerrar con los fiscales argentinos un acuerdo de cooperación a cambio de atenuar la pena de los directivos locales. Tampoco están claras las pruebas en las acusaciones de supuestas coimas que el cambista Leonardo Meirelles viene haciendo sobre Gustavo Arribas, líder de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Es todo inventado, vamos a esperar a que se esclarezca”, contestaron ante la consulta en la Casa Rosada, donde afirman que las declaraciones de Meirelles fueron hechas por fuera del régimen brasileño de delación premiada, lo que despoja al acusado de la obligación de decir la verdad para mantener el pacto.
La escalada del conflicto es imposible de anticipar porque se van sumando documentos, arrepentidos y acusados. Batista, el empresario que decidió grabar a Temer para reducir su condena, tiene significativas inversiones en la Argentina. Además de dueño del frigorífico JBS –que compró en 2005 Swift, la principal productora y exportadora de carne vacuna del país–, es aquí accionista del Banco Original y la textil Alpargatas. Sus contactos le han permitido además conocer personalmente tanto a Mauricio Macri, con quien se entrevistó incluso antes de que éste ganara las elecciones, como a Cristina Kirchner, a quien criticaba en voz baja y de manera recurrente. Así lo recuerdan quienes lo han tratado en confianza en su suite de Manhattan, un departamento que Batista compró en 15 millones de dólares en la Olympic Tower, ubicado en 5a avenida y calle 51, y hasta en sobremesas del restaurante El Obrero, en La Boca. “Todo es muy grave porque lo que pasó allá pasó acá –sintetizó para este diario el número uno de un holding argentino–. Si se empieza a abrir la información de ese tipo de conversaciones van a involucrar al 80 o al 90% del sector privado y al 120% de la clase política.”
De ahí que la decepción empresarial esté excediendo el ámbito de los negocios. “Es preocupante –dijo anteanoche a radio Mitre Gustavo Grobocopatel–. No solamente somos socios de Brasil, sino hermanos: uno puede separarse de un socio, pero nunca de un hermano.” Pablo Rossi, conductor del programa, le advirtió que ese parentesco podría atribuirse quizás a la economía, pero no al proceder judicial. “No, claro –corrigió el productor de soja–, porque allá la justicia es totalmente independiente.”
La respuesta pasó inadvertida de tan obvia, pero explica las enormes distancias que separan hoy a ambas naciones. La más evidente está en los propios protagonistas de la Justicia. “Yo tengo el respaldo de todo el Ministerio Público Fiscal”, dijo Moro cuando estuvo en Buenos Aires. Es cierto que algunas de sus apreciaciones dividen todavía a sus pares regionales. Por ejemplo, según publicó en la agencia AP el periodista Peter Prengaman, Moro escribió en 2004 para una revista especializada un artículo que elogiaba la manera en que los jueces italianos habían utilizado en los años 90 los acuerdos de culpabilidad para avanzar en las investigaciones de corrupción. Esas medidas, apuntaladas en el efecto que el tratamiento con sospechosos encarcelados tenía en la opinión pública a través de los medios, son ahora la piedra fundamental del Lava Jato. Pero los rigoristas del derecho afirman que la prisión preventiva, tan efectiva en Brasil, contradice a veces las garantías constitucionales.
La otra diferencia puede estar en la idiosincrasia o en el momento político de cada país. Al contrario de lo que pasó en la Argentina, la sociedad brasileña terminó de hartarse del sistema con Dilma Rousseff, cuando quedaba todavía mucho tiempo para el recambio institucional y, ahora, con Temer, desoyendo señales de una recuperación económica, ha preferido volver a asumir el costo a partir de un principio antropológico elemental: ser ético siempre es más caro que no serlo.©