Allanan un ministerio
Bonadio investiga en Finanzas si ciertas operaciones de la Anses perjudicaron al Estado.
Los patrulleros llegaron de forma simultánea a múltiples oficinas públicas y a distintas empresas privadas. Sin emplear la fuerza y con la colaboración de los funcionarios y gerentesque los recibieron, los oficiales secuestraron un amplio corpus de documentos. Los operativos habían sido ordenados por el juez federal Claudio Bonadio, que investiga si una serie de operaciones financieras de la Anses generaron un perjuicio a las arcas del Estado.
Bonadio ordenó ayer los allanamientos múltiples en el Ministerio de Finanzas, en oficinas que dependen de la Anses y en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Entre los operativos realizados en empresas, se registraron procedimientos en el edificio de Pampa Energía (el holding de Marcelo Mindlin) y en oficinas vinculadas a Solvay Argentina, la empresa química que hoy está controlada por la brasileña Unipar Carbocloro.
El juez instruye una causa que se inició por la denuncia de dos diputados opositores, que aseguraron que el FGS de la Anses vendió parte de sus activos financieros generando un daño a los fondos de los jubilados.
En ese expediente, el fiscal Jorge Di Lello imputó días atrás al ministro de Finanzas, Luis Caputo; al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y a otros tres ex funcionarios de la cartera económica que conduje- ron el FGS: Pedro Lacoste, Gustavo Marconato y Luis Blaquier.
Según confirmaron fuentes oficiales a la nacion, en el Ministerio de Finanzas los funcionarios “cumplieron con el requerimiento judicial” y entregaron los documentos solicitados. Caputo se encuentra en Japón junto a la comitiva oficial y recibió la noticia horas después, debido a la amplia diferencia horaria.
En el caso de la Anses, en tanto, los oficiales se presentaron en la sede central del organismo previsional, en avenida Córdoba al 700. Pero los funcionarios explicaron que la documentación buscada se encontraba en otro edificio, donde funciona el FGS, en la calle Tucumán al 500. “Se prestó absoluta colaboración”, se limitaron a informar desde el organismo.
Este medio se comunicó con Pampa Energía, que manifestó que el operativo en sus oficinas se hizo “en plena cooperación con los agentes policiales intervinientes”. Agregaron que el holding “se encuentra a plena disposición de las autoridades competentes”.
La causa
El caso que instruye Bonadio se inició por dos denuncias de los diputados Victoria Donda (Libres del Sur) y Rodolfo Tahilade (FGS).
En su escrito, Donda denunció la venta de las acciones de Petrobras Argentina (PESA) a Pampa Energía en noviembre del año pasado.
La operación se concretó luego de que la firma de Mindlin le comprara a Petrobras internacional el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina. Eso condujo a Pampa a lanzar una oferta Pública obligatoria de Adquisición (oPA) para ofrecerle a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones.
El FGS de la Anses tenía el 11,85% de participación y accedió a vender su parte, a un valor de $ 10,37 por acción. En los meses posteriores las acciones de Petrobras Argentina treparon a los $ 18.
Desde Pampa Energía explicaron a la nacion: “La empresa estaba obligada a hacer la oPA, que cumplió todas las normas vigentes”. La Anses, en tanto, destacó que hizo su “análisis de oportunidad, mérito y conveniencia” al decidir la venta.
Por su parte, Tahilade denunció que el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12% emitido por Córdoba. Y que, en la misma acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda con un rendimiento del 12,5%. Según el denunciante, la medida habría generado una pérdida millonaria.
Ambas denuncias, en tanto, pidieron investigar la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay indupa a Unipar Carboclor. El escrito indica que los papeles se vendieron a un valor presuntamente inferior al del mercado. La Anses, sin embargo, destacó que se trató de un precio conveniente y defendió la operación.