Los desafíos de los delitos más complejos

Los jueces admiten que no tienen herramientas equivalentes para perseguirlos judicialmente

Exhortos al exterior que demoran una eternidad, oficios judiciales que sortean largos laberintos burocráticos y formalidades que dilatan las investigaciones. Son muchos los jueces que consideran que corren con desventaja frente a las bandas de lavadores que mueven su dinero de forma subterránea a la velocidad de la luz.

“Los delincuentes pueden hacer operaciones financieras en el exterior con un clic. Nosotros tenemos que enviar un exhorto a través de la Cancillería, que a veces demora medio año en tener respuesta”, grafica un magistrado de Comodoro Py que reclama herramientas más eficientes para investigar los delitos complejos.

La burocracia que conlleva conseguir información de otros países es una de las mayores demoras en las causas por lavado de dinero y narcotráfico. “Muchas veces destrabamos los exhortos porque viajamos al otro país y establecemos «buena onda» con nuestros pares”, señala el juez.

Otro juez federal reclama mirar el panorama local. “Falta coordinación de las agencias del Estado que asisten a los jueces”, dice. Se refiere así al tedioso trámite que implica conseguir información de la AFIP, la UIF, el BCRA y la IGJ.

“Los que peor la pasan son los jueces federales del interior. En Comodoro Py, ante una duda, podemos citar a representantes de los organismos a nuestros despachos; en otras provincias el trabajo es doblemente difícil”, señala el magistrado, que instruye en los tribunales porteños.

Como tercer obstáculo, los investigadores piden mirar la dificultad que existe para atacar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, sobre todo de narcotraficantes y cueveros.

“El único daño real es el económico; si no atacamos eso, los engranajes delictivos siguen funcionando”, explica un juez dedicado a delitos complejos.

En la mayoría de los casos, los magistrados esperan a que exista una condena para “recuperar lo robado” y devolver al Estado los activos de origen ilícito.

Pocos utilizan la herramienta del “decomiso anticipado de bienes”, una figura que se incorporó al Código Penal en 2011 y que permite que la Justicia ordene la privación de los bienes de forma definitiva aun antes de que culmine el proceso penal.

“La realidad es que muchos jueces tienen temor a una contradenuncia si toman una medida tan osada”, reconoce un actor clave de Comodoro Py.