La empresa propone un resarcimiento millonario para mantener los negocios
Garavano se reunió con el abogado de Odebrecht, quien ofreció pagar una compensación económica
Como un golpe de efecto político, el Gobierno mantuvo ayer una reunión con Odebrecht para negociar un acuerdo propio. Si bien el Poder Ejecutivo no puede garantizar impunidad ni intervenir en las causas penales, ambas partes mostraron que tienen algo para ofrecer. La empresa, en principio, propuso dar una compensación económica al Estado y destrabar cierta información sobre la maniobra. A cambio, la constructora quiere seguir operando en la Argentina.
Ayer hubo un primer mano a mano entre uno de los abogados que representan a Odebrecht en el país, Guido Tawil, y el ministro de Justicia, Germán Garavano. Hoy habrá una segunda reunión, con la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro.
El acercamiento a Odebrecht fue un pedido directo de Mauricio Macri. El Gobierno buscó así un triple efecto. Primero, aplacar la catarsis de Elisa Carrió, que dijo tener un “profundo cansancio moral” por la falta de avances contra la corrupción. Segundo, seguir erosionando la figura de la jefa de los fiscales, la procuradora Alejandra Gils Carbó, a la que acusó de obstaculizar la resolución del Lava Jato. Tercero, mostrarse “despegado” si los coletazos de la investigación salpican a los propios.
Términos
Según fuentes oficiales, ayer Odebrecht le alcanzó al ministro un primer borrador con posibles términos de un acuerdo y una copia del convenio alcanzado con el gobierno brasileño para que sea tomado como ejemplo.
¿Qué puede ofrecer Odebrecht y qué puede brindar el Gobierno a cambio? Según pudo conocer
la nacion, la empresa busca seguir trabajando en la Argentina, tanto en las obras en curso (algunas de ellas de enorme envergadura, como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento) como en licitaciones futuras.
A cambio, ofreció pagar una compensación por daños y perjuicios al Estado nacional, como resarcimiento por las coimas pagadas en el país. Así se evitaría que el Poder Ejecutivo le radique una demanda y podría haber un acuerdo homologado en la justicia civil. Según fuentes oficiales, la cifra de la “multa” estaría cerca del monto de los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en el país: US$ 35 millones.
El gigante brasileño también estaría dispuesto a colaborar con información, aunque todo deberá encuadrarse en la legislación argentina y en el acuerdo madre con Brasil. “El Gobierno exigirá el máximo detalle sobre cuentas bancarias y quiénes fueron las personas. Será importante para que podamos descubrir otras coimas y otros chanchullos”, se jactó la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que los datos serán aportados a los jueces que investigan el capítulo argentino del Lava Jato.
En la Justicia, sin embargo, dudan de que un posible acuerdo entre el Gobierno y Odebrecht ayude a esclarecer las causas. “¿Por qué la empresa facilitaría información si el Poder Ejecutivo no puede ofrecer ni inmunidad, ni penas más leves, ni la ausencia de una persecución penal?”, se preguntaba un investigador judicial. Ayer, el fiscal Federico Delgado convocó a la empresa a tramitar un acuerdo bajo el paraguas de la ley del arrepentido (ver aparte).
Mientras tanto, en el Gobierno piensan cómo pueden ofrecerle mejores condiciones a Odebrecht para lograr su colaboración. Por ejemplo, resucitando el proyecto de responsabilidad penal empresaria, que permitiría que la compañía se arrepienta y firme una suerte de “delación premiada” en el país.
Ahora el Gobierno deberá evaluar la oferta. La negociación se prevé larga: mañana el diálogo continuará con Alonso y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.