La Justicia ordenó que un senador kirchnerista deje el Consejo de la Magistratura
Lo decidió porque Godoy no es abogado; si queda firme, lo reemplazaría Urtubey, un peronista más moderado
La Justicia ordenó que el senador kirchnerista Ruperto Godoy deje el Consejo de la Magistratura –el órgano que nombra y remueve a los jueces– porque no es abogado.
El fallo, que sólo se aplicará si queda firme, altera las mayorías en el Consejo de la Magistratura, pues permitiría el ingreso del senador peronista Rodolfo Urtubey, suplente de Godoy en el cuerpo.
Godoy es un soldado del bloque kirchnerista que vota en silencio junto con sus colegas. Si entrara Urtubey, el oficialismo tendría la posibilidad de contar con un peronista más propenso a negociar, cosa que no ocurre con los representantes del kirchnerismo.
De todos modos, este asunto no repercutirá a corto plazo en el Consejo, pues el fallo no se aplicará hasta que quede firme. Ruperto Godoy apelará la decisión, con lo que hay que esperar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se pronuncie. El Consejo tuvo ayer reunión de labor, donde se analizaron los tema que se incluirían en el orden del día de las próximas sesiones y no se incorporó nada vinculado con Godoy.
No obstante, es probable que termine siendo tema de la reunión de la Comisión de Disciplina que se realizará el lunes o del plenario de todos los consejeros previsto para el jueves de la semana que viene.
En estas reuniones, los temas salientes son la votación del dictamen del oficialismo que promueve la suspensión del camarista Eduardo Freiler e iniciarle juicio político. Y la situación de algunos camaristas laborales a los que el Gobierno denunció por sus fallos. Una vez que pasen la instancia de la comisión, se votarán en el plenario.
El bloque de senadores del PJ respaldó la continuidad de Godoy en el Consejo. El jefe de la bancada, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que acompañarán la apelación que presentará. “Llama la atención la oportunidad en que se emite este fallo, precisamente en las circunstancias actuales en las que el Consejo de la Magistratura debe resolver cuestiones importantes en el ámbito de la Justicia”, dijo Pichetto, que calificó la decisión de “inoportuna y tardía y que en todo caso esta resolución se debería haber tomado al momento de la designación de Godoy como consejero y no ahora”.
El Consejo de la Magistratura está integrado por siete representantes de estamentos políticos: tres por cada cámara (diputados y senado), un representante del Poder Ejecutivo, tres de los jueces, dos de los abogados y uno de los académicos. Por ahora, el oficialismo cuenta con el acompañamiento de dos de los jueces y de los abogados. Se sumó en el último tiempo el académico. Con esos votos tiene mayoría simple y en ocasiones especial, como cuando tiene que votar la designación o la remoción de magistrados. La llegada de Urtubey le daría la posibilidad de tener un interlocutor más permeable para sumar en cada caso.
El fallo que decidió la salida de Godoy como consejero fue firmado por el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico. El magistrado resolvió que las decisiones en las que intervino Godoy serán válidas y que es inconstitucional el artículo 5 de la ley 26.855. El juez dijo que cuando su fallo “quede consentido o ejecutoriado” recobrará vigencia el régimen anterior, que establecía que los consejeros debían cumplir los mismos requisitos que los jueces.
La acción judicial fue impulsada por el abogado y ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, de Pro, que objetó la alteración del mecanismo de selección y requisitos para los integrantes del cuerpo con una reforma judicial introducida por el kirchnerismo.
La condición de ser abogado para integrar el Consejo fue eliminada en la reforma judicial que intentó el kirchnerismo y que denominó “democratización de la Justicia”.
“Se pasó de exigir ser abogado con ocho años de ejercicio de la profesión, tener la edad de 30 años y haber sido seis años ciudadano de la Nación a alcanzar con haber cumplido la edad de 25 años y tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio”, reprobó el juez.
“Si el objetivo fundamental de la creación del Consejo de la Magistratura ha sido instaurar un procedimiento predominantemente técnico de selección de magistrados, no resulta adecuado a tal fin que para ser consejero no se exija al menos el título de abogado”, sostuvo.