Del ridículo no se vuelve
Al pedir la renuncia de tres miembros de la Corte por el contenido de un fallo, la jueza Garrigós de Rébori ha pisoteado valores ligados a su propia investidura
L a jueza de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y presidenta de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori arremetió contra los miembros de la Corte Suprema que firmaron el voto mayoritario de la sentencia en la que, aplicando el principio de la ley más benigna, se benefició al ex represor Luis Muiña con el cómputo doble de su prisión preventiva. La magistrada pidió expresamente la renuncia de esos tres jueces del máximo tribunal, al tiempo que expresó que “habían perdido conexión con la realidad”. Añadió otras consideraciones en las que, al bulto, aludió falsamente a la existencia de instrumentos internacionales que impedirían el otorgamiento de ese beneficio, cuando ningún tratado impide tal cosa de modo expreso y el único que se refiere a la prisión preventiva, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra el derecho de toda persona “a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. Esas manifestaciones, viniendo de una magistrada judicial del fuero penal, conmueven los cimientos del Estado de Derecho.
La declaración es reprochable por varias razones. En primer lugar, porque de un magistrado se espera, como mínimo, respeto por el otro y por su opinión, máxime si se refiere a un juez del supremo tribunal. Es evidente que esas expresiones jamás pueden ser consideradas respetuosas.
En segundo término, no está bien que un juez inferior critique públicamente en estos duros términos a jueces de la Corte por el contenido de una sentencia. Son precisamente las organizaciones que agrupan a los magistrados las que sostienen axiomáticamente que éstos no pueden ser juzgados por el contenido de sus fallos.
En tercer lugar, si la jueza Garrigós de Rébori discrepa hoy de la sentencia mayoritaria de la Corte, quizá tenga ocasión de expresar su desacuerdo en oportunidad de dictar ella misma una sentencia en la que, ante hechos semejantes, estén en juego el principio de la ley más benigna y el cómputo doble de la prisión preventiva. Ése es su ámbito propio de actuación. Tan suyo que no está de más recordar que seis años atrás esta misma jueza había fallado en el mismo sentido que hoy critica, incluso apartándose del criterio general, al votar en disidencia, en el caso de Raúl Antonio Guglielminetti, un represor condenado, para quien pidió la excarcelación, en aplicación de la ley más benigna. Según la magistrada, Guglielminetti, quien hacia 2011 se hallaba detenido, condenado a 25 años de prisión por delitos aún más graves que los de Muiña y procesado en otras causas, llevaba cumplidos los dos tercios del máximo aplicable. Por eso dijo que correspondía hacer lugar al pedido de excarcelación formulado por sus defensores oficiales, entre cuyos argumentos se mencionaba la aplicación de la llamada ley del “dos por uno”.
Incursionar en el terreno de la ofensa personal so pretexto de criticar una sentencia es inadmisible no sólo por la falta de decoro que esas expresiones revelan, sino también porque es un abuso de la inmunidad de que goza como magistrada.
En realidad, esta reacción desvía nuestra atención hacia una crítica maliciosa de los autores de la sentencia, en vez de advertirnos que el problema está en el contexto que rodeó la decisión. En efecto, la ley que estableció el llamado “dos por uno” fue sancionada en 1994 por el Congreso de la Nación, al reglamentar un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantiza el juicio rápido. Fue un despropósito y así lo señalamos oportunamente desde esta columna editorial. Muchos que entonces celebraban medidas consideradas garantistas como éstas y que las aplicaron indiscriminadamente durante años, hoy se rasgan las vestiduras; entre ellos, la doctora Garrigós de Rébori.
Nuestros magistrados encaran con independencia distintas posiciones. De hecho, en ello radica el valor de un cuerpo colegiado. Tanto como en el respeto de que ha de ser la norma la que prime por encima de enconos y conveniencias políticas.
Cuando la jueza Garrigós de Rébori pisotea alegremente en la persona de sus pares las tradiciones y los valores ligados a su propia investidura, al punto de pasar por alto hasta sus propios fallos anteriores, debería simplemente recordar que del ridículo no se vuelve.