La Justicia y el Gobierno gestionan acuerdos con Odebrecht
SOBORNOS. El fiscal Delgado emplazó a la constructora a brindar datos y negocia los términos; Garavano se reunió con la firma
La sensación en los ámbitos políticos y judiciales es que los efectos del Lava Jato están cerca de explotar en la Argentina. Ante esta evidencia, la Justicia y el Gobierno, por vías separadas, aceleraron ayer la búsqueda de un acuerdo con la empresa Odebrecht que permita conocer información sobre funcionarios, actuales o pasados, involucrados en el pago de sobornos.
El fiscal Federico Delgado, uno de los que investigan las posibles coimas, firmó ayer una resolución en la que le da un plazo de cinco días a la compañía para brindar información que ayude a su pesquisa, pero también para proponer sus condiciones a cambio de revelar datos. Busca así sortear el obstáculo que implica que la figura del arrepentido en la Argentina sea menos amplia y generosa que la de “delación premiada”, que en Brasil permite otorgar inmunidad.
En forma paralela, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió con Guido Tawill, abogado de Odebrecht, quien ofreció un resarcimiento económico al Estado equivalente a los 35 millones de dólares que la empresa admitió haber pagado en sobornos en el país, a cambio de mantener los proyectos que tiene en la Argentina y poder participar de futuras licitaciones. Hoy habrá un nuevo encuentro, pero con la Oficina Anticorrupción y por el trámite judicial.
El caso Odebrecht está encerrado en un laberinto político-judicial que, por ahora, no encuentra salida. La Justicia ofreció ayer formalmente –por primera vez– escuchar las condiciones que pone la empresa para aportar información sobre los sobornos que pagó en la Argentina a cambio de distintos beneficios procesales. Pero la propuesta se volvió a topar con las limitaciones de la ley del arrepentido, que no prevé los beneficios que pretenden los brasileños para sus ejecutivos.
El fiscal Federico Delgado firmó ayer la resolución que “invita a Odebrecht a realizar un ofrecimiento” durante los próximos cinco días. La propuesta se oficializó después del alboroto político de las últimas 48 horas ante la falta de resolución del tema, que incluyó acusaciones del Gobierno al Ministerio Público Fiscal (MPF) por un supuesto retraso en la investigación.
Delgado convocó a la empresa para iniciar formalmente las negociaciones en el marco de la ley del arrepentido. Para avanzar con el acuerdo –coincidieron varios fiscales– todavía hace falta información básica: quiénes son los ejecutivos involucrados y qué ilícitos cometieron en el país, datos que esperan que aporte Odebrecht.
La empresa –que ayer no hizo comentarios sobre la propuesta– se había presentado hace dos semanas antes jueces y fiscales para ofrecer información sobre los sobornos a cambio de un acuerdo judicial mucho más beneficioso de lo que permite la ley argentina.
“No estamos tan seguros de que quieran llegar a un pacto con la Justicia. Hasta ahora presentaron una nota en portugués (ni siquiera hicieron la traducción) con una propuesta que saben que es inviable en la Argentina”, reflexionó ayer un fiscal. En Comodoro Py reinaba ayer el pesimismo.
Odebrecht desea firmar acuerdos similares a las delaciones premiadas brasileñas, que le garantizaron inmunidad a más de 70 ejecutivos que evitaron la prisión a cambio de brindar información determinante para investigar el Lava Jato.
Pero existen diferencias clave que dificultan un acuerdo similar. Primero, la ley del arrepentido argentina no prevé inmunidad total para un imputado, sino sólo una reducción de, como máximo, un tercio de la condena.
Pero esa decisión, además, no se puede asegurar de antemano, como ocurre en Brasil. Es el tribunal oral federal que dicta la sentencia –quizá tras varios años de investigación– el que tendrá la última palabra al evaluar si la información aportada por los ejecutivos amerita la reducción de su condena pactada con los fiscales.
Ante la presentación realizada hace dos semanas por Odebrecht, Delgado consultó al Ministerio Pú- blico Fiscal para saber si los fiscales tomarían una postura en conjunto para buscar un acuerdo con la empresa. Alejandra Gils Carbó, titular del MPF, respondió en un oficio que cada fiscal era independiente para proponer acuerdos con Odebrecht, siempre bajo el marco de la ley del arrepentido. Delgado, entonces, firmó la propuesta.
El Gobierno acusó el lunes a Gils Carbó de intentar entorpecer la investigación para evitar difundir los nombres de los funcionarios kirchneristas que se habrían beneficiado con los sobornos. La Oficina Anticorrupción –que depende del Ejecutivo– convocó ayer a los abogados de la empresa, que propusieron un resarcimiento económico al Estado para seguir operando en el país. El Gobierno ahora evalúa la propuesta y hoy continuarán las reuniones.
Las conversaciones entre los fiscales y Odebrecht comenzaron hace meses, cuando Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), mantuvo una serie de reuniones con los abogados de la compañía. Esas negociaciones informales continuaron hasta la semana pasada, informaron fuentes judiciales.
Aunque el acuerdo con Odebrecht no prospere, el MPF tendrá acceso a las declaraciones de los ejecutivos en Brasil a partir de los primeros días de junio, cuando vence la confidencialidad firmada por los empresarios en ese país.
Los ejecutivos aseguraron que habían pagado sobornos por 35 millones de dólares en la Argentina a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública durante el kirchnerismo. La Justicia ya investiga la licitación para construir una planta de aguas en Tigre, la construcción de gasoductos, el soterramiento del tren Sarmiento y las transferencias giradas al titular de la AFI, Gustavo Arribas. El derrotero de la propuesta de Delgado es observada con atención por el resto de los fiscales que tienen causas vinculadas a Odebrecht. En el caso de que sea exitosa, su propuesta se convertirá en un precedente para las otras investigaciones.