En busca de un pacto revelador
E l acuerdo en el que el Gobierno trabaja contra reloj con la empresa Odebrecht para que entregue la información sobre los sobornos pagados en la Argentina podría provocar un escándalo político de dimensiones imprevisibles. El acuerdo deberá estar concluido antes del 1º de junio, plazo en el que vencerá el compromiso de la empresa para mostrar información precisa sobre la trama de corrupción que tejió en Brasil y en el resto del mundo. Después de esa fecha, parte de la información será liberada y, por lo tanto, podría prestarse a la manipulación política. La decisión de negociar un acuerdo con Odebrecht fue tomada personalmente por Mauricio Macri luego de analizar las últimas declaraciones de su aliada Elisa Carrió y de comprobar que no quedaban muchas esperanzas por el camino de la Justicia.
El sábado, todavía en Japón, el Presidente se fastidió por las expresiones públicas de Carrió, quien aseguró que el ex ministro Julio De Vido es protegido por una combinación de intereses que va del Poder Judicial a los servicios de inteligencia y que incluye a empresarios y sectores del Gobierno. En rigor, cuando Carrió señaló a sectores de la administración estaba aludiendo a franjas de los servicios de inteligencia, aunque no incluyó en esa complicidad al jefe de la AFI (ex SIDE), Gustavo Arribas.
Ya de regreso, Macri envió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a que se reuniera con Carrió, quien le explicó al ministro que el caso Odebrecht en la Argentina necesitaba de una solución política urgente. Peña inició en el acto una gestión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien, a su vez, venía depositando la culpa de las demoras en la acción (o la inacción) de los fiscales comandados por Alejandra Gils Carbó. Gils Carbó puso muchas trabas, debe reconocerse, a cualquier acuerdo con jueces y fiscales brasileños.
Las reuniones del Gobierno, realizadas el mismo lunes, incluyeron a los abogados de la empresa brasileña y a su CEO en el país. La propia Carrió se había reunido la semana pasada con los letrados de Odebrecht, quienes le transmitieron la vocación de la empresa para transferirle al Estado argentino toda la información confiable sobre los sobornos a funcionarios locales. La empresa habría reclamado a cambio poder seguir trabajando en la Argentina y compitiendo en futuras licitaciones. Odebrecht no puede ser investigada ni condenada en la Argentina porque ya lo está siendo en Brasil. Sobre esa base, comenzó a redactarse el acuerdo, que podría ser firmado el próximo viernes.
La información en poder de los funcionarios que negocian el acuerdo con Odebrecht asegura que en los archivos de la empresa no figuran pagos de sobornos al entonces jefe de gobierno porteño Macri ni al actual jefe de los espías, Arribas. En rigor, los pagos se hacían a través de los socios locales a funcionarios del gobierno de los Kirchner, sobre todo a De Vido. Macri fue notificado de que podrían aparecer nombres de familiares o amigos, empresarios argentinos, que hacían las veces de correos entre Odebrecht y los destinatarios finales de los sobornos, que integraban el gobierno de los Kirchner. El Presidente dio la orden de seguir adelante con la negociación y el acuerdo. Ésa es la decisión que Carrió encomió públicamente.
Las últimas declaraciones ante fiscales argentinos del cambista Leonardo Meirelles fueron desacreditadas expresamente por los representantes de Odebrecht. El fiscal Federico Delgado ya lo había hecho de alguna manera. Delgado contó que Meirelles sacó el nombre de Arribas antes de que los fiscales le preguntaran sobre él. Desde ya, los fiscales le preguntarían por Arribas, pero los sorprendió que Meirelles se adelantara a su curiosidad. Al revés, Meirelles calló cuando le preguntaron por De Vido. Sólo hizo confusos gestos, que podrían interpretarse como quien dice: “Ustedes ya saben”. Pero no dijo nada. Delgado se mostró públicamente “sorprendido” por la actitud de Meirelles durante el interrogatorio.
Lo único cierto sobre Odebrecht en la Argentina es lo que la empresa informó a la poderosa SEC (Securities Exchange Commission), la agencia norteamericana dedicada a hacer cumplir las leyes federales en los mercados financieros y bolsas de valores. En sus oficinas de Nueva York, Odebrecht aseguró que pagó en la Argentina 35 millones de dólares en sobornos. La otra certeza es que nunca se supo el nombre de los ex funcionarios que cobraron semejante cantidad de dinero. Es la lista que podría conocerse en los próximos días si las actuales negociaciones concluyeran en un acuerdo.
La agitación actual por ese acuerdo surgió luego de que Carrió denunció públicamente el encubrimiento político y judicial que beneficia a De Vido. Es cierto que quien fue el patrón de las obras públicas durante más de una década tiene muchas causas abiertas (sólo 21 fueron iniciadas por la Oficina Anticorrupción o son monitoreadas por ésta), pero también es veraz que no ha tenido mayores sobresaltos en los tribunales. El único caso caricaturesco fue cuando un juez intentó allanar su casa y la Cámara de Diputados tardó más de un mes en autorizarlo. Tuvo tiempo de sobra para sacar cualquier cosa comprometedora. Los allanamientos deben ser sorpresivos o no sirven de nada. Carrió está convencida de que detrás de la impunidad del actual diputado De Vido hay también empresarios que podrían resultar cómplices de él.
Peor: el Congreso está demorando inexplicablemente la ley que autoriza al Estado a confiscar los bienes y el dinero productos de la corrupción y la que también hace responsables penales de la corrupción a las empresas. Hasta ahora, son las personas (dueños y ejecutivos) y no las empresas las que pueden ser perseguidas penalmente. Si esas leyes se sancionaran y se conociera la lista de Odebrecht, entre otros casos de corrupción, serían las empresas locales y los funcionarios argentinos los que deberían sentarse frente a los jueces.
Falta también la voluntad de los jueces. El contraste de la justicia argentina con la brasileña es dramáticamente pernicioso para los jueces locales. Abroquelados en la teoría de que el sistema de garantías argentino es largo y enrevesado, los jueces locales son anestesistas perfectos de las causas penales más renombradas.
El caso Odebrecht, para citar el ejemplo en boga, ya empujó a una confesión pública al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (aceptó que fondos de esa empresa contribuyeron a su campaña electoral), y convirtió en prófugo de la justicia al ex presidente peruano Alejandro Toledo, acusado de haber recibido sobornos por más de 30 millones de dólares de la compañía brasileña.
En ese contexto, se supo que Carrió había sido denunciada por enriquecimiento ilícito por un albañil que cobró 1500 pesos para firmar lo que creyó que era un testimonio a favor de un vecino de nacionalidad peruana. Una copia exacta de esa denuncia fue también presentada por el abogado Mariano Valdez luego de que el albañil se negó a ratificar la denuncia. Carrió vinculó a Valdez con sectores de los servicios de inteligencia que no están bajo el control de Arribas. La maniobra fue detectada por el juez Daniel Rafecas, quien pidió que se abriera una causa para investigar el armado de la denuncia contra Carrió. La investigación cayó en manos del juez Claudio Bonadio, quien conoce en carne propia la traumática experiencia de pasar por una persecución personal en tiempos kirchneristas. Bonadio llegará hasta donde estén los autores intelectuales.