La AGN detectó irregularidades en la construcción de la planta Las Palmas

Es una de las obras más importantes de Odebrecht en el país, impulsada por AySA

Pagos millonarios sin registros, redeterminaciones de precios sin control, problemas con el financiamiento y una obra que demoró cuatro años más de lo previsto. Ese es el combo de irregularidades que detectó la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, un contrato de $ 2800 millones que ejecutó un grupo de empresas lideradas por Odebrecht.

El documento aprobado hace ya dos años por la AGN –al que accedió la nacion– desnudó una serie de falencias durante el comienzo de las obras, entre 2009 y 2012. “No existen mecanismos de control por parte de una autoridad competente respecto de los procedimientos sobre la redeterminación de precios”, señaló el informe del organismo. Y remarcó que sólo en esos primeros tres años de actividad del contrato, el valor de la obra se encareció un 80%.

La AGN también cuestiona lo que ocurrió antes de firmarse el contrato, cuando AySA ejecutó una fuerte suba en el presupuesto. En enero de 2008, Odebrecht junto a sus socios locales Benito Roggio, Supercemento SA y Cartello Construcciones se adjudicaron el contrato, pero cuatro meses más tarde, sin mediar modificaciones en las condiciones, el Estado implementó una ampliación en el presupuesto por $ 400 millones.

Este informe ya fue incorporado en la causa que instruye el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a través de una denuncia presentada por la legisladora Graciela Ocaña. En medio de las negociaciones con la compañía brasileña, la Justicia allanó –a pedido del fiscal Federico Delgado– esta semana las oficinas de Odebrecht, sus socios locales y AySA en busca de documentación que acrediten posibles irregularidades.

La compañía brasileña ya admitió en los tribunales de Estados Unidos que pagó al menos US$ 35 millones de sobornos en la Argentina. La construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, el soterramiento del Sarmiento y la construcción de gasoductos fueron los contratos más importantes que se adjudicó la compañía brasileña.

“La ausencia de una inadecuada planificación generó atrasos en la obra incidiendo en su valor final”, escribieron los auditores allá por 2012, cuando Odebrecht ya había extendido la finalización de la obra varias veces, hasta junio de 2014. La planta finalmente se puso en funcionamiento a mediados de 2016, cuatro años después del plazo original, informaron desde la empresa.

Meses después de que la AGN aprobara este informe, AySA implementó una multa diaria a Odebrecht y sus socios locales de $ 90.000 diarios por el atraso en las obras. Tal como reveló la nacion, al cabo de 15 meses, esa sanción alcanzó los $ 32 millones.

También después de que la AGN realizara el informe, AySA aprobó dos adendas que le permitieron otorgar dos obras a Odebrecht por $1000 millones sin ningún tipo de licitación, a pesar de que violaba el reglamento.

Aunque la llave para que Odebrecht ganara la licitación fue ofrecer financiamiento externo del Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes), el dinero desembolsado para construir la planta fue mayormente público. El informe de la AGN revela que AySA constituyó un fideicomiso con Nación Fideicomisos que fue financiado por la Anses con $ 1100 millones. Una vez que se agotaron esos fondos, el Estado abrió las arcas del Tesoro de la Nación para proveer otros $800 millones. En total, $ 1900 millones sólo hasta 2012.

Una situación similar ocurrió con el soterramiento del tren Sarmiento. Primero Odebrecht ofreció financiamiento del Bndes para ganar la licitación, pero el banco terminó por declinar el préstamo antes de comenzar la obra. El contrato finalmente fue puesto en marcha el año pasado por el presidente Mauricio Macri con fondos del Estado.

La financiación local, con menos trámites burocráticos que la internacional, fue clave durante los primeros meses de la construcción de la planta para comenzar las obras a tiempo. El mayor desembolso que ejecutó AySA, sin embargo, fue el pago del adelanto financiero que aumentó del 10% al 20% en febrero de 2009. La Justicia analiza ahora si, tal como sucedió con decenas de obras durante el kirchnerismo, esos desembolsos –rápidos y con fondos del Estado– canalizaron el pago de sobornos.

La Justicia también investiga el patrimonio de Carlos Ben, ex titular de AySA, un hombre de confianza del sindicalista José Luis Lingieri. El líder gremial tiene peso en las decisiones de la empresa de aguas, cuyas acciones tiene en un 90% el Estado y en un 10% los trabajadores. En la práctica, Lingieri es indispensable para que AySA funcione.

Los investigadores rastrean los bienes de Ben, un empleado de carrera que llegó a la cima de la empresa, que fue denunciado por tener sociedades offshore y bienes en el exterior.