El modelo no cierra sin justicia
Hay una diferencia definitiva entre el Lava Jato y las habituales investigaciones por corrupción de la Argentina: en Brasil los procesos se iniciaron a partir del encarcelamiento de empresarios. Esa herramienta jurídica, a la que el juez Sergio Moro, emblema del caso, le dedicó en su momento varios trabajos académicos, es la principal responsable de que todas las denuncias hayan tenido un avance inusitado en la historia de América latina. Efectos de la prisión preventiva, siempre discutida por una parte de la doctrina jurídica, que la considera contraria a las garantías constitucionales: aislado, entre rejas y poco curtido en esos menesteres, el investigado revela por fin todos los detalles del ilícito con tal de que se le reduzca la pena. Es la imagen que tiene desde hace tres años todo Brasil: Marcelo Odebrecht, el empresario más poderoso de la región, pidiendo la prerrogativa de comer cada tres horas barras de cereales por su condición de hipoglucémico y quejándose en 2015, sin éxito, a los guardias porque su celda era oscura. “Esta es una cárcel. Usted está en prisión”, le aclararon, según publicó entonces Folha de Sao Paulo.
La Argentina está todavía muy lejos de imaginar esta situación. Lázaro Báez, su preso por corrupción más resonante, no debería ser considerado dueño o emprendedor en el sentido tradicional: su vocación de gran contratista se inició una semana antes de que Néstor Kirchner llegara a la presidencia. Esta disparidad con lo que ocurre en Brasil fue insinuada el martes por el ministro de Justicia, Germán Garavano, durante una reunión de gabinete de ánimos inquietos por las últimas acusaciones de Elisa Carrió. “Todos, sin exclusiones, quieren proteger a De Vido”, había dicho la diputada. Garavano planteó esa mañana que, como aquí no había arrepentidos de quienes obtener información, todo lo que podía ofrecer era lo que estaba haciendo: sentarse con Odebrecht a intentarlo. Y acusó de paso a Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales, de actuar de manera tibia y encubrir de ese modo a funcionarios del kirchnerismo.
Hasta ahora, la negociación con la empresa no tuvo éxito. A cambio de dar detalles sobre las coimas de 35 millones de dólares que admitió en Estados Unidos haber pagado aquí, Odebrecht exige condiciones que el Gobierno no acepta. La semana pasada, ya con la sospecha de que un acuerdo sería difícil, Bernardo Saravia, procurador del Tesoro, les pidió a los ministerios de Transporte, Interior y Energía información sobre las obras de la constructora. La presencia del grupo en la Argentina sigue siendo relevante: tuvo una rescisión de contrato en una expansión de gasoductos en Salta, donde la cartera que conduce Juan José Aranguren le detectó sobreprecios de hasta 200% que están en el juzgado federal N° 4, pero continúa en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y en otros proyectos en los que mantiene todavía un fuerte aval político. “Trabajan bien y cobran barato –dijo anteayer el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, sobre los gasoductos en esa provincia–. No puedo hablar del pasado de Odebrecht. Lo que sí digo es que en Córdoba la licitación se hizo con absoluta transparencia. La empresa ganó porque hizo la oferta más baja y no hay ninguna investigación en curso. ¿Qué motivos hay para sacarle la obra? ¿Quién pagaría el juicio que seguramente la empresa le haría a la provincia, es decir, a todos los cordobeses si esto ocurriera?”
El caso vuelve a poner sobre la mesa la relación entre el macrismo y el establishment. No es fácil separar la maleza y todos se conocen demasiado. Hay, por ejemplo, fotos del último 11 de enero que muestran al Presidente rodeado de empleados con cascos de Odebrecht e inaugurando con Schiaretti una planta reductora de presión de gas en La Calera, proyecto que también tiene como contratista a Iecsa, la firma que su primo Ángelo Calcaterra acaba de venderle a Marcelo Mindlin.
“No hay que dejar pasar una”, instruyó el jefe del Estado en estos días a sus ministros. Como si la mecánica del conflicto lo obligara no sólo a buscar soluciones, sino acaso a sobreactuar frente a su propio pasado. Es probable que esta íntima contradicción determine también lo que piensa del sector privado. Algunos hombres de negocios ya lo han entendido: para llevarse bien deberán cambiar el modo de relacionarse con el poder que tuvieron con gobiernos anteriores. La reacción más elocuente se vio en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que decidió volver a levantar el perfil con una conformación más acorde con lo que supone son las preferencias de la Casa Rosada. Varios de sus miembros creen haberle interpretado a Marcos Peña un mensaje al respecto el año pasado, durante un almuerzo con ocho hombres de negocios de primera línea en la Jefatura de Gabinete. El anfitrión les dijo, recuerdan, que al Gobierno le resultaba muy difícil responder a los reclamos de un sector que no tenía la capacidad de representarse a sí mismo de manera integral.
En la AEA cazaron la instrucción al vuelo. Ampliaron el staff con incorporaciones relevantes como las de Alejandro Bulgheroni, Luis Perez Companc y Eduardo Costantini; convocaron a emprendedores tomados habitualmente de ejemplo en el macrismo, como Marcos Galperín (Mercado Libre) y Martín Migoya (Globant), y convencieron a Ledesma de sumar a Carlos Blaquier (h.) luego de años de resistencia del jefe de la familia, Carlos Pedro Blaquier.
La entidad presentó el martes a los nuevos en un almuerzo en el Palacio Duhau. Había cuatro invitados del Gobierno: Gustavo Lopetegui, Mario Quintana, Nicolás Dujovne y Andrés Ibarra. “Cada vez que se reduce un impuesto hay que equilibrar bajando el gasto en otro lado”, les dijo Quintana a quienes insistían sobre la presión impositiva. Alguien preguntó si no pensaban que la Argentina estaba cara y el que contestó fue Dujovne: “No, porque hay muchos productos que todavía están más baratos acá en relación con el mundo: el transporte, los alquileres, los alimentos frescos. Lo que están caros son los bienes muy protegidos, como los textiles, los electrónicos y los autos”.
En la respuesta están las afinidades del modelo. O ese compendio de ideas y referentes que Macri llama “La Argentina que quiere cambiar”. Pero el eslogan no será creíble sin condenas en el caso Odebrecht. Lo resumió anteayer Elisa Carrió en Twitter: “Yo jamás voy a romper Cambiemos. Sólo trato de que Cambiemos en serio”. Según esta lógica, existen dos razones para evitar el pago de una coima: convicción moral o, como pasa en Brasil, miedo a la justicia. El peor de los mundos no tiene ni lo uno ni lo otro.