EDITORIALES
Las entidades intermedias, como las cámaras empresariales y los sindicatos, precisan dejar atrás los probados peligros que acarrea la endogamia
la necesaria renovación de la dirigencia. Las entidades intermedias, como las cámaras empresariales y los sindicatos, precisan dejar atrás los peligros de la endogamia.
En pocos días se producirá un cambio importante en la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA). Asumirá la presidencia el respetado hombre de negocios Miguel Acevedo, director de Aceitera General Deheza. Poco tiempo atrás, Daniel Llambías, reconocido dirigente empresario y ex gerente general del Banco Galicia, renunció a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) por desinteligencias con uno de los dueños del Banco Macro, Jorge Brito, cuestionado ex titular de la institución, sospechado en escándalos de corrupción como el financiamiento del misterioso fondo The Old Fund, que compró la imprenta Ciccone. El cargo fue cubierto por Jorge Brito (hijo), directivo del mismo banco que su padre.
La Sociedad Rural Argentina resolverá, a su vez, el año próximo, quién será su presidente luego de tres períodos de buena gestión de Luis Miguel Etchevehere.
La lista de novedades en las conducciones de otras entidades empresariales es más vasta todavía. Después de 16 años al frente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide fue reemplazado por Fabián Tarrío, ungido por un movimiento renovador. Ese relevo fue una derivación alentada por sectores del macrismo a la luz de los vínculos que Cornide, asiduo visitante y ferviente aplaudidor en los actos de la Casa Rosada, había anudado con el kirchnerismo.
No todos estos movimientos han respondido a razones similares. En algunos casos, obedecieron al cumplimiento de normas estatutarias; en otros, porque rencillas internas forzaron a hombres con sentido de la dignidad a dar un paso al costado; en algunos más, porque ha imperado al fin la ley de gravedad y han caído como consecuencia, estrepitosamente o no, quienes se habían aferrado a funciones de conducción como si éstas estuvieran concebidas para su retención ad eternum.
Por sus antecedentes, que se suman a las expectativas que despierta, el tema de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), irónicamente –pero con mucho fundamento– denominada “Cámara Argentina de la Corrupción”, es un asunto aparte. Es tan amplia la convicción entre políticos, magistrados, periodistas y ciudadanos comunes de que las obras públicas costeadas por el erario público en los tres lustros de gobiernos kirchneristas han constituido una de las áreas más contaminadas por la corrupción de doble mano, que todo lo que se haga por remozar esa cámara empresarial parecerá poco. El enroque cosmético de figuras en su conducción resulta claramente insuficiente.
El Estado nacional, las provincias y hasta los municipios están siendo observados con atención por la opinión pública. Alienta las fundadas sospechas el hecho de que no pocos de sus actores proceden de la misma actividad que en Brasil ha sido fuente de escándalos que derivaron en fuertes temblores en sus principales instituciones. De modo que el llamado de atención sobre los procedimientos que involucran la concesión de las obras públicas concierne por igual tanto al sector privado como al público.
Los visos de eternidad que se perciben en la representación de organizaciones intermedias impresionan algo menos en las empresariales que en las sindicales. El jerarca gremial con más antigüedad en su cargo, Ramón Baldassini, conductor de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) desde 1963, se está retirando, pero por lo menos en una decena de gremios hay jefes sindicales que llevan entre 20 y casi 40 años de campañas continuas al frente de sus respectivos gremios. No muy lejos de ellos se ubican dirigentes como Roberto Baradel, quien acaba de ser reelegido para un cuarto mandato consecutivo en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba).
Si los recambios periódicos representan aire fresco para las instituciones políticas, ¿por qué no habría de ocurrir otro tanto con esas organizaciones intermedias de la sociedad que, en muchos casos, también manejan gigantescos fondos públicos?
Ningún estatuto produce milagros en beneficio de los intereses genuinos de una corporación o del papel que a ésta le cabe. Una sola cláusula puede servir, sin embargo, para suscitar la renovación que todo cuerpo necesita para revitalizarse. Está científicamente demostrado que es indispensable conjurar a tiempo los riesgos de la endogamia. Un ejemplo en la buena dirección, después de no pocos tropiezos, lo trazó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), cuando treinta años atrás acordó entre sus miembros que nadie podría perdurar por más de tres años en su consejo ejecutivo sin entrar en un período, por así llamarlo, sabático.
La perpetuación en los cargos constituye un mal endémico en la Argentina. Quienes ofician en la intermediación entre la sociedad y el Estado en defensa de intereses sectoriales y, en definitiva, del interés general, deberían actuar de manera aleccionadora a fin de contribuir a oxigenar el espacio público de forma periódica.
Que así se haga implicará también que las instituciones queden claramente por delante de los intereses de sus dirigentes, tantas veces enviciados por las mieles y los recursos del poder. Ni el mesianismo ni la vergonzosa borrachera de quienes se sienten atornillados a una silla y a sus privilegios pueden ser el camino hacia una gestión eficaz y transparente.
Hace falta sangre nueva, no sólo por la esperanza que los cambios infunden con vistas a cerrar un penoso ciclo de corrupción sistémica tanto en entidades empresariales y sindicales como en instituciones de los poderes político y judicial de todo el país, sino porque la transitoriedad en los cargos públicos es parte de una ética que a todos conviene respetar.