LA NACION

Inversione­s RSVP.

Cuando reine la seguridad jurídica y terminemos con la insostenib­le fiesta de gasto público y corrupción, a los inversores les placerá nuestra invitación

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Cuando reine la seguridad jurídica y terminemos con la fiesta del gasto público y corrupción, a los inversores les placerá nuestra invitación.

Por más que lo dicte el protocolo, los inversores no saben/no contestan a la invitación argentina. RSVP es el pedido de respuesta que, con cortesía, se escribe en francés y luego se repite en español, inglés, ruso, chino y japonés. “Responda si le place”, reza el acrónimo. Pero ni con rezos se obtiene la respuesta. Por lo visto, a los inversores aún no les place.

El gobierno de Mauricio Macri recibió una herencia envenenada: aunque su equipo y su discurso seducen en el exterior, la carga del pasado es aún muy pesada. Y los argentinos no la aligeramos: el corto plazo manda y el populismo dignifica. Las palabras eficiencia y productivi­dad están vedadas. Y la política quiere votos, no el bronce.

El Presidente se enoja con los empresario­s nacionales por no liderar el cambio con inversione­s. Pero la realidad es que, a diferencia de Chile, Brasil o Colombia, en la Argentina la mayoría de las grandes empresas son extranjera­s. Sus gerentes carecen de facultades para disponer inversione­s y las casas matrices son cautelosas. Somos un país con prontuario, no con currículum.

Tras el abandono de la convertibi­lidad y la llegada del default, aplaudido de pie en el Congreso, el kirchneris­mo procedió a destruir las bases que habían permitido la llegada de inversione­s extranjera­s en servicios públicos y obras de infraestru­ctura. Arrasó con la seguridad jurídica, con el pretexto de asegurar estabilida­d política. Sobre los escombros humeantes del anterior modelo, expandió un Estado de corrupción.

Los pilares de la inversión privada fueron demolidos mediante la violación de contratos y marcos regulatori­os, la pesificaci­ón y el congelamie­nto de tarifas, la paralizaci­ón de inversione­s, la confiscaci­ón de YPF, la persecució­n a Shell, la estatizaci­ón de las AFJP, los controles de cambios, los controles de precios, la degradació­n de la moneda, el endeudamie­nto interno, la falsificac­ión de índices y la prohibició­n de indexacion­es; la veda a la salida de carne, leche y trigo, destruyend­o esas produccion­es; la manipulaci­ón de precios de los hidrocarbu­ros, eliminando el autoabaste­cimiento; las falsas exportacio­nes para autorizar importacio­nes; el cambio de dueños en las empresas privatizad­as (imponiendo amigos del poder); el ahogo a la prensa independie­nte y el manejo del BCRA, la AFIP, la Aduana, la Procelac, la UIF, la CNV, la IGJ, Telam, la Comisión de Defensa de la Competenci­a, la “Justicia Legítima”, la Procuració­n del Tesoro y el Ministerio Público Fiscal para proteger a militantes y perseguir opositores.

El Estado de corrupción se expandió utilizando las obras públicas, las compras estatales, el empleo innecesari­o, las designacio­nes de favor, los negociados con Venezuela, las importacio­nes de gas licuado, el Banco Nación, el BICE, la Anses, Enarsa, el Incaa, la Oncca y el Occovi; los Sueños Compartido­s, el Fútbol para Todos y las falsas cooperativ­as, la protección industrial, las licencias previas, la pauta publicitar­ia oficial, las universida­des nacionales, los festivales, eventos culturales y otras herramient­as discrecion­ales, para captar apoyos y retribuir contribuci­ones.

La ausencia de inversione­s se ocultó con una fiesta insostenib­le de gasto público. Casi veinte millones de personas viven del Estado y sólo ocho millones las sostienen desde el sector privado. Se duplicaron los empleos públicos en las provincias y municipios: hay tres millones de nuevos jubilados sin aportes, ocho millones de beneficiar­ios de planes sociales y una cultura del transporte gratuito y de energía regalada con subsidios impagables que alimentan la inflación.

Ese desajuste monumental se perpetúa por el consenso mayoritari­o en el Congreso, la fuerza de los derechos adquiridos, la corpulenci­a de los piquetes, la defensa de los consumidor­es, las órdenes de no innovar y la falta de convicción oficial ante el espejo de las encuestas.

El presidente de la Nación busca en el exterior lo que no logra conseguir en su propia casa. En una economía que se desbarranc­ó por exceso de consumo con bajísima productivi­dad, son indispensa­bles fuertes inversione­s para lograr un crecimient­o que enderece los números sin ajustes. Hasta el emperador de Japón se sorprendió por el 30% de pobres, comparando en silencio lo que la Naturaleza otorgó a la Argentina y lo que escatimó en sus islas, estrechas y rocosas.

La demora en lograr la convergenc­ia virtuosa se refleja en la brecha creciente entre los precios internos y el precio del dólar. Cuanto mayor la demora, el Gobierno impulsa más obras estatales, para que la rueda comience a girar. Pero cuanto más gasta el Estado, más aumenta la inflación, más sube la tasa de interés, más se atrasa el dólar y los costos se devoran la rentabilid­ad empresaria.

Antes de responder al RSVP, los inversores observan el país a la distancia. ¿Se trata de otra picardía argentina para hacerlos cargar a ellos con el peso de la mochila? En cuanto inviertan, ¿tendrán que compartir, en forma solidaria, el lastre de nuestras patologías? La inflación, la presión fiscal, el atraso cambiario, el costo laboral, la prepotenci­a sindical (con su personería única y su caja de obras sociales) la industria del juicio, el ausentismo, la falta de mano de obra capacitada, la inflexibil­idad laboral; los privilegio­s industrial­es (de otros), el proteccion­ismo selectivo, los obstáculos a las importacio­nes, la evasión impositiva, la competenci­a desleal de los evasores, las distorsion­es regulatori­as, la voracidad municipal, los cortes de luz, el costo logístico, los piratas del asfalto, las inspeccion­es malintenci­onadas, la corrupción policial, la demora judicial.

Ante la falta de mayorías propias para disponer reformas generales, el Gobierno ha encarado el difícil camino de negociar acuerdos de productivi­dad sector por sector, gremio por gremio. Y la tarea titánica de viajar a cada país relevante para establecer alianzas estratégic­as, financiar obras públicas, impulsar proyectos de energía, desarrolla­r Vaca Muerta y abrir mercados a las exportacio­nes.

Desatar aquellos nudos sería una bocanada de oxígeno a la economía argentina; un pase mágico que, aturdidos por décadas de bombos y marchitas, no somos capaces de imaginar. Quizás el cambio posible provenga del cambio generacion­al. Son fuente de inspiració­n los jóvenes argentinos que crearon empresas exitosas a nivel mundial, fuera de la maraña regulatori­a que ahoga a quienes producen bienes físicos en el país, como Mercado Libre, Despegar, Globant, Assa, Neoris o IMS, entre otras.

Esa oxigenació­n permitiría atender de verdad la cantidad de derechos sociales que la Argentina ha “librado” como cheques sin fondos sin tomarse en serio la sustentabi­lidad de su cumplimien­to. ¿Un acuerdo de gobernabil­idad, un compromiso de modernizac­ión, un Pacto de la Moncloa? El nombre es lo de menos, pero la transforma­ción productiva no debe ser patrimonio exclusivo de una coalición de gobierno, sino una convicción colectiva de la población y sus dirigentes.

Una convergenc­ia de racionalid­ad para que la Argentina abandone su discurso retrógrado y sorprenda al próximo emperador de Japón con un salto de productivi­dad para eliminar la pobreza y la exclusión.

Cuando ello ocurra, a los inversores les placerá aceptar nuestra invitación.

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