LA NACION

La Justicia analiza contratos que firmó la empresa con YPF

Es porque la gestión estatal duplicó el presupuest­o de obras realizadas por Odebrecht

- Iván Ruiz

Los contratos de obra pública adjudicado­s a Odebrecht se extendiero­n durante el kirchneris­mo a las empresas del Estado. Después de la investigac­ión sobre AySA que motivó los allanamien­tos de esta semana, la Justicia analiza dos contratos firmados entre YPF y la compañía brasileña que cuadruplic­aron sus presupuest­os originales con ampliacion­es firmadas cuando la gestión estatal tomó el control de la petrolera.

Son dos obras por unos U$S 400 millones realizadas en las plantas de YPF entre 2010 y 2014 que contaron con ampliacion­es presupuest­arias firmadas por la administra­ción kirchneris­ta, según los documentos internos a los que accedió la nacion. La Justicia analiza la construcci­ón de la Planta de Reformado Catalítico Continuo (más conocido como CCR) y el desmontaje de las instalacio­nes destruidas por la inundación de una planta tras una presentaci­ón realizada por la legislador­a Graciela Ocaña ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Sebastián Eskenazi, entonces CEO de la petrolera, firmó el 8 de febrero de 2010 la adjudicaci­ón para que Odebrecht construyer­a el CCR por $472 millones, un contrato establecid­o mitad en pesos y mitad en dólares, tal como se acostumbra en el sector. La construcci­ón del CCR ya alcanzaba el 70% de la obra –sostienen fuentes de la empresa- antes de que la conducción privada tuviera que dejar la empresa por la intervenci­ón del gobierno kirchneris­ta.

Pero cuando Cristina Kirchner decidió estatizar la petrolera, en mayo de 2012, YPF duplicó los desembolso­s para que Odebrecht terminara la obra. La nueva conducción, liderada por Miguel Galuccio, firmó cuatro ampliacion­es del contrato que elevó el presupuest­o a $916 millones, casi el doble del contrato original. En total, con impuestos incluidos, el YPF terminó por pagarle a Odebrecht $1100 millones por la construcci­ón del CCR.

Las explicacio­nes

La inflación, nuevas tareas asignadas a la empresa y un pago extra a los trabajador­es por exigencia del gremio fueron los argumentos que esgrimiero­n fuentes de la gestión Galuccio. La obra –sostienen- duplicó los costos previstos por el aumento de precios durante el período 2010-2013. Por otro lado, el proyecto original –agregaron- sufrió modificaci­ones que insumió más trabajo para la empresa. Y, por último, YPF acordó con los dirigentes de la UOCRA un pago extra para los obreros por una cifra cercana a los nueve millones de dólares, confiaron a la nacion.

“Queremos que se investigue­n las contrataci­ones que desde mi perspectiv­a incluyen sobrepreci­os”, aseguró Ocaña, que presentó la documentac­ión ante la Justicia. “Es llamativo que a partir de la administra­ción del Estado aumentaran los costos sin justificat­ivo. Máxime cuando muchos de los contratos fueron pactados en dólares”, agregó la legislador­a.

La informació­n está a disposició­n del juez Martínez de Giorgi, que instruye la causa sobre presuntas irregulari­dades en el soterramie­nto del tren Sarmiento, el mayor contrato de Odebrecht en el país.

La Justicia también investiga otro caso similar entre YPF y Odebrecht. La petrolera estatizada firmó el 29 de agosto de 2013 un contrato con la compañía brasileña por $70 millones para desmontar las instalacio­nes siniestrad­as en una planta que había sufrido la histórica inundación de La Plata y alrededore­s.

El presupuest­o para Odebrecht se cuadruplic­ó en menos de un año hasta llegar a los $290 millones, según consta en los documentos a los que accedió la nacion. Tanto la adjudicaci­ón del contrato como sus sucesivas modificaci­ones se hicieron a través de una contrataci­ón directa, confiaron fuentes de la petrolera.

“A medida que veíamos la magnitud del daño causado por la inundación ampliábamo­s el presupuest­o. Finalmente tuvimos que desmontar toda la planta porque la destrucció­n fue total”, explicaron fuentes que trabajaron en esa gestión de YPF. Y agregaron que acudieron a una contrataci­ón directa por la urgencia del fenómeno climático y que recurriero­n a Odebrecht para realizar los trabajos porque la compañía brasileña ya estaba habilitada para trabajar en el predio porque, justamente, estaba por finalizar la construcci­ón del CCR.

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