Apuro y diferencias para avanzar con un régimen penal empresario
El Gobierno quiere aplicarlo en el caso Odebrecht, pero hay reparos de legisladores
En un último recurso para evitar que naufrague un eventual acuerdo con la empresa Odebrecht, el Ministerio de Justicia, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Procuración del Tesoro rediseñan por estas horas el proyecto de ley que enviaron el año pasado al Congreso, que establece un régimen penal para empresas que cometan delitos de corrupción. Sin embargo, el apuro que exhibe el Gobierno se toparía con serios reparos de los legisladores, incluso del propio oficialismo.
La iniciativa en elaboración se presentaría como la legislación marco que hoy carece nuestro país para casos como el de Odebrecht, que confesó haber pagado coimas en la Argentina por 35 millones de dólares durante la era kirchnerista y que ahora pretende llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público que le garantice que no será perseguido penalmente por la Justicia a cambio de detallar quiénes fueron los funcionarios que recibieron los sobornos. La ley del arrepentido por casos de corrupción, sancionada el año pasado, no resulta suficiente porque no permite la renuncia a la acción penal en ninguna circunstancia. A lo sumo ofrece una reducción en la pena.
Aquí está el nudo de la cuestión. El Gobierno insistirá en incluir en la nueva iniciativa la figura del “colaborador eficaz”, la cual estaba presente en la versión original enviada a la Cámara de Diputados en octubre pasado. Sin embargo, los legisladores, que hace un mes arrancaron el debate del tema en las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, rechazan esta figura. Básicamente porque permite que la persona jurídica (en este caso la empresa) se beneficie con la suspensión de la persecución penal a cambio de cooperar con información a la Justicia, información que revele “datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito”.
Este nuevo proyecto contemplará, además, una cláusula que permitiría que este régimen penal empresario pueda aplicarse de manera retroactiva. En buen romance, una cláusula que habilitaría que la ley, una vez sancionada, calce retroactivamente para el caso Odebrecht, cuya investigación se halla diversificada en distintas causas y juzgados.
En rigor, el Poder Ejecutivo, al enviar el proyecto de responsabilidad penal empresaria al Congreso, jamás imaginó que meses después estallaría en la Argentina el caso Odebrecht y que esta herramienta podía serle fundamental para indagar quiénes fueron los funcionarios que cobraron coimas durante el kirchnerismo. Cuando se la presentó, en octubre pasado, fue en función de los señalamientos de la OCDE a nuestro país por su mora en cumplir con la Convención para Combatir el Cohecho Internacional y su compromiso en dictar leyes ad hoc.
Pero la figura de colaborador eficaz y el beneficio de gozar de inmunidad para quien coopere con la Justicia no convence a los legisladores.
“Ya debatimos este tema en el plenario de comisiones y todos los bloques expresaron sus reparos. Por eso excluimos esa figura en el borrador de nuestro dictamen; de otra manera, sin consenso, la ley no sale”, explicó la diputada Gabriela Burgos (UCR), presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
La OA no está de acuerdo con la posición de los legisladores. “La inclusión del «colaborador eficaz» es clave porque significa un incentivo muy importante para que las empresas cooperen con la Justicia”, alegó Laura Alonso, jefa del organismo. Los chisporroteos llegaron a tal punto que el miércoles pasado la OA suspendió a último momento una reunión prevista con los legisladores para acercar posiciones.
Esta semana habría un nuevo intento de acercamiento. La diputada Burgos convocará este jueves a la comisión. Para entonces, el Gobierno espera tener listo los nuevos ajustes en función del caso Odebrecht.
No será un acuerdo sencillo de anudar. La empresa brasileña presentó una oferta que aceptaron algunos países de la región, pero que no encuadra con las leyes argentinas. Si bien Odebrecht se comprometería a identificar los delitos cometidos en el país, se le exige al Gobierno garantías para que no se ejerza ninguna acción de naturaleza penal contra la empresa. La legislación actual resulta insuficiente para tales exigencias.