“Hay que investigar y perseguir el soborno”
Desde la oficina en París, entrevista al director de la División Anticorrupción de la OCDE para conocer su visión sobre la Argentina. –¿Qué tiene que hacer la Argentina en materia de corrupción para formar parte de la OCDE? – Debe ajustarse a los criterios antisoborno de la OCDE. Algunos son: ajustarse a la convención anticorrupción, donde se establecen procedimientos para criminalizar el soborno a funcionarios públicos; un marco legal para que las empresas sean responsables por el soborno a funcionarios públicos en el extranjero; un marco legal satisfactorio para combatir la corrupción a nivel doméstico; investigar y perseguir casos de soborno. –Si se aprueba la ley antisoborno y otras reglamentaciones sugeridas por la OCDE, ¿cuáles son los pasos a seguir? –Depende de los tiempos del consejo de la OCDE y de la Argentina, una vez que se comience la etapa de discusiones de acceso. Cuando se inicia, el país tendrá que sobrellevar revisiones en profundidad por los comités técnicos de la OCDE. –¿Cómo ve la OCDE los avances de la Argentina? –Es notable que la Argentina estuvo entre los primeros países en América latina en adherir a la convención antisoborno de la OCDE, en 2001. Pero aunque se han hecho esfuerzos para implementar los requerimientos de la convención a partir de diciembre de 2015, todavía no puede penalizar a las empresas por soborno transnacional o acusar oficialmente a sus ciudadanos que cometen este crimen en el extranjero. Por eso debe asegurarse de que se apruebe la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que se presentó al Congreso en 2016. –¿Qué otras recomendaciones tienen para este país? – Tomar medidas de manera urgente para mejorar la independencia judicial y de los fiscales. También, reducir el delay que existe en la investigación de delitos económicos complejos y investigar proactivamente los delitos relacionados con el soborno en el extranjero; reducir el altísimo nivel de vacantes en los juzgados y el uso de jueces subrogantes, y proveer los recursos necesarios para jueces y fiscales, entre otras medidas.