el agujero negro del tren de de Vido
río turbio. Se gastaron $ 296 millones en un ferrocarril turístico que nunca funcionó
El Ministerio de Planificación Federal gastó más de $ 296 millones de pesos entre 2014 y 2015 en la fallida restauración del tren turístico de 22 kilómetros que jamás funcionó entre Río Gallegos y una estancia privada, según surge de una auditoría ordenada por las nuevas autoridades del Yacimiento Carbonífero Río Turbio.
El informe revela sobreprecios y gastos millonarios que se autorizaron a través de un simple mail.
El Ministerio de Planificación gastó más de $ 296 millones entre 2014 y 2015 en la fallida restauración del tren turístico de 22 kilómetros que jamás funcionó entre Río Gallegos y una estancia privada, pero que acumuló todo tipo de irregularidades administrativas y posibles delitos, según surge de una auditoría que ordenaron las nuevas autoridades del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).
Esa auditoría, que ya se entregó a la Justicia, expuso que no hay registros de cómo y en qué se gastaron decenas de millones de pesos, falta documentación presupuestaria y contable, y varios documentos que sí se recuperaron se encuentran antedatados, posdatados o fueron fechados en días feriados, como el 1 de enero o el 1 de mayo. También detectaron pagos millonarios sin firmas autorizadas o que se autorizaron con un simple e-mail. Conclusión: esas contrataciones serían nulas.
El malgasto de fondos públicos también abarcó sobreprecios del 48 al 79% en ciertos rubros, como así también implicó gastar $ 14,3 millones en una inhallable “campaña comunicacional” de “promoción” nacional e internacional del “tren histórico Eva Perón”, y casi $ 1,1 millón más en su “inauguración”, 15 días antes de las elecciones presidenciales de 2015, en las que Alicia Kirchner compitió por la gobernación de la provincia de Santa Cruz. Todo tan insólito como que un tren a Río Gallegos fuera financiado por el proyecto de la mina.
La entonces candidata participó en ese acto, que incluyó para las fotos una locomotora a vapor que se encontraba “reparada”, pero “sin terminar”, según la auditoría. Detectaron que estaban “inconclusos los sistemas de lubricación, de frenos, de alimentación de carbón y eléctrico”, pero que aun así se montó sobre un tendido ferroviario que tampoco estaba terminado.
Redactada por un ex integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Horacio Pernasetti, y el consultor Miguel Arancio Guzmán -quien este año asumió una subgerencia en YRCT-, la auditoría se completó en julio de 2016. Desde entonces, algunos extractos salieron a la luz, pero nunca se expuso el cuadro completo de los cientos de millones de pesos que se destinaron al “convenio marco Puesta en Valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón, Material Rodante e Infraestructura Complementario”.
Ese “convenio marco”, firmado en julio de 2014 por el subsecretario Roberto Baratta, considerado la mano derecha de Julio de Vido, derivó en la firma de 71 “convenios específicos” con tres puntales: la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), su Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) y el satélite de esta, la Fundación Facultad Regional Santa Cruz (FFRSC). De ese modo se presupuestaron $ 707,3 millones, de los que se llegaron a facturar casi $ 300 millones. Y ese dinero es el que terminó bajo sospecha.
Esa misma operatoria entre el ministerio, YCRT, la universidad y diversas empresas, pero ampliada a todo el espectro de Río Turbio, dominó las noticias durante los últimos diez días, cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria, el desafuero y la detención de De Vido, lo que rechazó el juez federal Sergio Rodríguez. Para De Vido, las acusaciones por Río Turbio son un invento, “una suerte de confabulación mediática y política impulsada por Mauricio Macri, Elisa Carrió y Germán Garavano”, dijo.
Por lo pronto, la auditoría sobre el tren expuso múltiples falencias: “En YCRT no se encontraron planos del proyecto completo del Tren Histórico Eva Perón, ni de su recorrido, no existen datos sobre el grado de avance de las obras, ni un detalle de las ejecuciones”, según consta en la copia íntegra de ese informe que obtuvo la nacion. Pernasetti y Arancio Guzmán alertaron, en particular, sobre varios ejes:
Se destinaron cerca de $ 200 mib llones a “construcciones de terraplenes, durmientes, colocación de rieles, construcción de un andén y remodelación de una estancia, todas realizadas en una propiedad privada sin la existencia de actos administrativos o expropiaciones o convenios de uso del suelo con los titulares de la estancia KilliK Aike”, una propiedad privada.
Casi todos los convenios “se fir- maron sin respetar el presupuesto de la obra y sin superar la suma de $ 13.600.000” porque ese era el máximo que el interventor de YCRT podía autorizar en forma directa. Cuando un presupuesto superaba esa cifra, abundaron, se dividía en cuantos convenios fuera necesario para que cada uno de ellos quedara por debajo de ese monto límite.
Se firmaron dos convenios para una “promoción y campaña comunicacional” nacional e internacional por un total de $ 14,3 millones, pero “no hay informes ni constancias de productos entregados por lo que no está claro cómo se cumplió o que bienes y/o productos generó por el pago efectuado”.
Todos los gastos vinculados al “tren histórico” se hicieron sin informes de imputación presupuestaria, ni dictámenes de las áreas administrativas o legales. ¿Cómo se autorizaban entonces esos gastos? “Se hacía de forma informal mediante correo electrónico”, que enviaba personal del ministerio con la participación de Baratta, desde Buenos Aires.
Por el contrario, remarcaron los auditores, el equipo responsable del sector “vías y obras” de YCRT radicados en Río Gallegos, “que tenía competencia directa sobre el complejo ferroviario Río Turbio a Punta Loyola, nunca fue consultado ni tuvo participación en el diseño, planificación o ejecución de la obra”.
Múltiples facturas se pagaron con la firma de personas que no estaban autorizadas para ordenar esos pagos, “sin firmar”, con rúbricas que “no se pudo identificar”, entre otras irregularidades.
Así, estimaron Pernasetti y Arancio Guzmán, “surge con claridad que se usó un contrato de supuesta cooperación técnica entre YCRT, el Ministerio de Planificación y la FRSC - UTN a través de la (Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz), para eludir las normas de contratación de bienes y servicios vigentes para los entes de la administración pública, incluyendo la propia UTN”.
¿Quiénes participaron en la operatoria sospechada? Baratta y otro funcionario del Ministerio de Planificación, Jaime Álvarez, los responsables de la UTN, su regional santacruceña, la fundación vinculada a esa regional y varios jerárquicos de YCRT. Entre ellos, su entonces interventor, Atanacio Pérez osuna, el coordinador general, Miguel Larregina, su esposa y responsable de la delegación Buenos Aires, Marta Pérez, y el gerente de explotación, Fernando Lisse.
Para Pernasetti y Arancio Guzmán lo ocurrido en Río Turbio bajo la órbita De Vido fue “un accionar, ilegítimo y arbitrario que amerita la realización no solo de sumarios administrativos para deslindar responsabilidades, sino también la promoción de denuncias a los fines de investigar la posible existencia de delitos”.