Invierno porteño
A diferencia de otros años, jueces y fiscales siguen tomando decisiones de fuerte impacto electoral
Bicitours, surf urbano, caminatas y paseos en remo, otras formas de redescubrir Buenos Aires.
En los tribunales quedó definitivamente enterrada la máxima no escrita de los jueces federales que aconseja que en años electorales no se deben firmar procesamientos ni allanamientos de candidatos o dirigentes de las principales fuerzas políticas en pugna. En Comodoro Py ignoran el año electoral y, al contrario, aceleran el paso.
Ya son más de 30 los funcionarios kirchneristas presos, camino a juicio, procesados o bajo investigación, incluidos la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex vicepresidente Amado Boudou y ex secretarios de Estado. Este año se activaron también las causas contra funcionarios del macrismo por sus roles actuales y por gestiones pasadas.
Cuatro jueces y cuatro fiscales explicaron a la nacion su mirada sobre las razones de este súbito arranque de la Justicia, que puso quinta velocidad. No obstante, reconocen que si firman resoluciones en pleno proceso electoral corren el riesgo de que se emparenten sus fallos con los comicios, lo que les quitaría credibilidad.
Un ex juez federal adjudicó este despertar judicial a que en el kirchnerismo estaban ceñidos por un Consejo de la Magistratura con mayoría K que amenazaba con enjuiciarlos si dictaban fallos en su contra y por servicios de inteligencia que los visitaban con frecuencia con carpetas bajo el brazo.
Otros jueces señalan que si detienen las causas no trabajarían nunca, porque cada seis meses hay una campaña. Otros ponen los motivos en las dinámicas propias de cada expediente y dicen que avanzaron hasta un punto en el que no se pueden parar. Y otros dicen que ahora tienen las pruebas, los documentos que antes el Estado les escondía.
“Los jueces no están especulando con las elecciones. Están yendo para adelante, estén o no las elecciones”, sostuvo un magistrado que señaló que de todos modos estas son elecciones de medio término, no presidenciales.
Sostiene que no pueden paralizarse los tribunales durante seis meses y que seguramente en octubre se ralentizará un poco el ritmo para volver en noviembre y diciembre.
Las decisiones que toman todos los días no son tan rutilantes, dicen, porque ya son moneda corriente. La realidad parece confirmarlo. En los últimos días citaron a indagatoria a la procuradora Alejandra Gils Carbó –ligada al kirchnerismo–, pidieron indagar a De Vido y Cristina Kirchner, la UIF detectó supuestas cuentas del titular de PJ Capital Víctor Santa María, imputaron a la candidata K, Fernando Vallejos y llegaron datos de la corrupción de Odebrecht desde los Estados Unidos, entre otras decisiones judiciales .
Este juez que habló con la nacion y defendió el accionar de sus colegas vaticinó que antes de fin de año De Vido estará condenado por la tragedia de Once, Boudou estará siendo juzgado por el caso Ciccone y Cristina Kirchner tendrá los procesamientos firmes para ir a juicio oral.
Un fiscal se sinceró: “Hace cuatro años que los tiempos electorales no importan”. Y dijo que, por ejemplo, ahora aparecen informes de auditoría, denuncias, datos del propio Estado que antes se escondían y que son la materia prima de las pruebas que necesitan jueces y fiscales.
La novedad, señala este funcionario, no es Comodoro Py 2002, sino la provincia de Buenos Aires, donde hay jueces que investigan a Daniel Scioli, al ex ministro Alberto Pérez o a las mafias de La Salada.
Los denunciantes profesionales siguen a la orden del día y motivan la apertura de expedientes insólitos contra ex funcionarios K y otros macristas. Los fiscales no los cortan de raíz, sino que los impulsan, por las dudas, para que no los acusen de encubrir. Se tramitan y se sigue alimentando la maquinaria de la judicialización política. A veces se cierran de inmediato y otras quedan abiertos, pendientes sobre la cabeza de los acusados.
“Se mutiplicaron las causas, pero muchas llegaron a un punto en que hay que tomar decisiones y no se pueden parar”, explica otro juez. Y enumera: ya allané, ya están los peritajes, ya indagué, ya están confirmados los procesamientos, no tengo más que elevar a juicio”, completó.
Puede decirse que la judicialización de la política se remonta a los años 90, cuando Carlos Menem desarmó el fuero federal y nombró jueces y fiscales para que no lo investigaran, o los compró con recursos y en algunos casos sobresueldos, o con la presión de los servicios de inteligencia sobre los jueces durante el kirchnerismo, o con las denuncias de los candidatos que hicieron su campaña política desde los tribunales.
Otro juez habla de temperamentos: hay algunos jueces de más rápida resolución que otros, que prefieren tomarse más tiempo. Pero al final coinciden en que no hay modo de parar un expediente de corrupción, sometido al escrutinio público.
“Cada causa es una avalancha. Cae una piedrita, un cascote, muchas rocas y al final toneladas de piedras y nadie las puede parar”, señala otro magistrado.
Ya sin metáforas resume: “Si no hacés lo que la prueba te lleva a hacer, la causa te lleva puesto a vos”. El recuerdo de Norberto Oyarbide afloró solo en la conversación.