Las PASO son inconstitucionales

Recientemente ha comenzado un saludable debate acerca de la utilidad de las “elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”, comúnmente denominadas PASo, y de la conveniencia de mantenerlas. Se trata de elecciones en las que, obligatoriamente, deben participar todos los ciudadanos empadronados a fin de seleccionar los candidatos que los partidos políticos y las alianzas electorales habrán de presentar en las elecciones nacionales que se celebran cada dos años para renovar las autoridades políticas.

La discusión acerca de la utilidad y conveniencia de las PASo transita, al menos hasta ahora, por el altísimo costo que ellas generan y por la casi nula competencia que suscitan. Esto último porque casi todos los partidos políticos y alianzas que luego competirán en las elecciones verdaderas –y decisivas– suelen presentar listas únicas y evitar todo tipo de competencia interna, como ha quedado bien en evidencia en el actual turno electoral.

Sin embargo, y sin desmerecer la validez de esas objeciones, desde mi punto de vista hay una razón mucho más importante y poderosa para derogar las PASo y prescindir de ellas para siempre: son inconstitucionales.

Nuestra Constitución nacional, luego de la reforma de 1994, reconoció los partidos políticos como “instituciones fundamentales del sistema democrático” y les garantizó el libre “ejercicio de sus actividades” (art. 38). Esa libertad debería permitir que cada fuerza política eligiera a sus candidatos de la manera o por el procedimiento que le parezca más adecuado, como tradicionalmente ocurrió en nuestro país.

El vigente régimen de las PASo, por el contrario, impone que los candidatos de las distintas fuerzas políticas sean elegidos por quienes no pertenecen a los partidos polítinas cos y aun que quienes están afiliados a un determinado partido elijan a los candidatos de otro partido distinto. Esto último constituye un verdadero contrasentido.

No es razonable y tampoco democrático que quien no se involucra en la vida interna de un partido político ni participa de ella termine eligiendo a los candidatos que el partido en cuestión habrá de presentar a la sociedad. Lo razonable es que esa selección la hagan los afiliados de los partidos, que son quienes les dan vida y sentido. De lo contrario, sus derechos son desbaratados y quedan reducidos a la burocrática elección de autoridades partidarias.

Si un partido político quisiera, voluntaria y autónomamente, consultar la opinión de todo el electorado a la hora de elegir a sus candidatos, nada impide que realice unas elecciones internas o primarias “abiertas”, como ya ha ocurrido. Basta recordar las inter- abiertas entre José octavio Bordón y “Chacho” Álvarez en 1995 y entre Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide en 1999, ambas para dirimir la candidatura a presidente de la Nación, nada menos.

Pero una cosa es que un partido político decida por sí mismo abrir a toda la ciudadanía la elección de algunos o todos sus candidatos y otra muy distinta que el régimen legal se lo imponga. Lo primero es “libre ejercicio de sus actividades”, como prescribe la Constitución nacional; lo segundo, en cambio, despide un tufillo autoritario incompatible con una verdadera democracia.

En definitiva, derogar las PASo, ya fuera por razones “prácticas” o “institucionales”, sería un importante paso adelante en pos del fortalecimiento de los partidos políticos y de nuestra aún inmadura democracia.

Diputado de la Nación (Pro)