El macrismo conserva 9702 contratados que les facturan a universidades
Son convenios de locación de servicios que hacen los ministerios; cuestan $ 2300 millones anuales
En medio del debate por la reducción del déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri conserva 9702 empleados públicos en sus ministerios que les facturan sus haberes a universidades nacionales con la modalidad de “contratos de asistencia técnica”. Cuestan al año $ 2300 millones e implican un aumento de la planta, aunque en forma encubierta.
Según pudo saber la nacion de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, hasta el 10 de diciembre de 2015 había 15.887. Por impulso del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se redujeron en un 38,9% y ahora son 9702, pero aún son muchos.
En el sector público nacional, la planta total es ya de 740.600 empleados. Significa apenas un 0,2% menos que al terminar el gobierno de Cristina Kirchner, que tenía 742.000 agentes. El Estado sobredimensionado es el centro del debate por el gasto público, el déficit y la inflación.
Entre diciembre de 2015 y mayo de 2017 hubo 8369 bajas y 2184 altas entre los contratos de asistencia técnica con universidades. Los responsables de esas contrataciones son cada uno de los ministerios en forma independiente. El gobierno de Macri, así, incorporó más de 2000 empleados precarizados, porque cobran honorarios bajo el régimen de monotributo, pero trabajan todos los días y con horarios fijos como si estuvieran en relación de dependencia.
“Revisamos desde el principio todos los convenios con universidades y decidimos continuar sólo aquellos que fueron justificados y dar de baja los otros”, aseguró un alto funcionario a la nacion.
Monto de los contratos
Según diversas fuentes del gabinete nacional, los haberes de estos contratados no son los más elevados de la administración nacional: entre $ 24.000 y 26.000 si tienen título universitario y desde 11.000 si no lo tienen. El Tesoro nacional le transfiere los recursos a las universidades y son ellas, las que les pagan a los empleados monotributistas. En las facturas figura que prestan servicio a una universidad, pero en realidad trabajan en un ministerio.
Si bien ningún organismo dijo tener toda la información centralizada de la masa salarial total, un promedio de los haberes arrojaría que el Estado nacional le transfiere a las universidades nacionales involucradas, para pagar esos sueldos, unos $ 180 millones por mes y $ 2300 millones por año.
Esa partida casi equivale a la erogación por las primarias abiertas (PASO), de $ 2600 millones, aunque éstas se hacen cada dos años y el gobierno de Macri anunció que quiere derogarlas por ser demasiado costosas.
Los ministerios que más usan estos contratos son Desarrollo Social, con 2441 contratos; Energía y Minería, con 1318; el Sistema Federal de Medios (Jefatura de Gabinete), con 864; Salud, con 824; Presidencia de la Nación (Sedronar), con 570; Trabajo, con 505, e Interior, con 350.
Estos siete entes representan el 70,8% (6872) del total de asistencias técnicas. Las demás se encuentran diseminadas en el resto de la administración.
Las universidades nacionales implicadas son, entre otras, las de La Matanza, San Martín, Tres de Febrero, de Rosario, de Lanús, de Córdoba, del Litoral, de Salta, de Cuyo y la UBA, según el relevamiento al que accedió la nacion.
Con esa modalidad se incorporan empleados públicos encubiertos en los ministerios sin cumplir con la ley de empleo público nacional (25.164): no son planta permanente ni transitoria (funcionarios políticos) ni están bajo la modalidad del artículo 9 de esa ley, que prevé contratos por tiempo determinado (6 meses o un año) para servicios temporarios (aún hay 60.000 contratos que se renuevan todos los años en el Estado).
Para algunos analistas, se usan para aumentar la planta con jóvenes afines al Gobierno que vienen de la actividad privada, pese a que muchas veces esas tareas podrían ser realizadas por personal de carrera existente, según confiaron a la nacion ex empleados en esa condición.
“No son ñoquis, pero muchos se superponen y hacen lo que podrían hacer los antiguos empleados de planta”, dijo un ex supuesto “empleado” de una universidad.
En el gobierno de Macri argumentaron que el gobierno de Cristina Kirchner abusó de esa herramienta para generar empleados sin funciones administrativas, sino político-partidarias, que hacían “caja” para recaudar recursos. “Las asistencias técnicas son una modalidad de contratación transitoria, mediante convenios con universidades, para proyectos específicos de duración limitada”, dijo un vocero de un ministerio.
“Este método es eficaz, siempre y cuando sea utilizado para los fines que fue concebido. El gobierno de Macri revisó todos los convenios con universidades y decidimos continuar sólo aquellos que fueron justificados y dar de baja los otros”, aseguró esa fuente.