No se debe vulnerar la intimidad
Luego de atentados en el Reino Unido, hay quienes demandan mayor intervención de los gobiernos en las comunicaciones conducidas por medio de Internet. Redes sociales y mensajerías se perciben como un repositorio de información que, monitoreado, puede brindar claves de un ataque futuro en cualquier país.
Quienes así piensan, demandan que los gobiernos legislen un marco agresivo de monitoreo sobre la actividad online de sus ciudadanos. En la búsqueda de un modelo, podrían seguir el ejemplo del país occidental con mayor grado de intervención estatal en este terreno. Y ese es el Reino Unido, con su Investigatory Powers Act de noviembre de 2016.
Esta norma fue propiciada por la entonces ministra del Interior, Theresa May, ahora primera ministra. En el Reino Unido hay cámaras de seguridad en todas partes, especialmente en la ciudades, y muy pocas restricciones para su gobierno a la hora de recolectar su data de Internet y telefonía. No satisfecha con sus poderes, May propone atacar lo que llama “espacios seguros en el Internet”, sin definirlos legal o tecnológicamente.
May diseñó facultades investigatorias similares a las de un Estado autoritario. Que se encuentran en la Investigatory Powers Act de noviembre de 2016. Veamos.
Según la ley, los proveedores de servicios deben conservar el historial de conexiones de cada cliente –la lista de servicios y website que son usados y cuándo lo son– por 12 meses y quitarles el encriptamiento si así se requiere. Y puede acceder a la metadata de esas comunicaciones online sin orden judicial. El gobierno puede emitir órdenes para examinar los denominados
Bulk Data Sets: la información personal online de una persona, incluidos sus registros médicos, financieros y tributarios. Lo más grave es que el papel de la justicia en el dictado de las órdenes de registros es secundario y tardío. La autoridad que controla este aparato es administrativa, no judicial. El impacto de esta ley en otros países está por verse, sobre todo en aquellos con instituciones débiles y líderes vociferantes. Seguir el ejemplo del Reino Unido sería allí nefasto para el desarrollo de las libertades civiles, como el acceso y uso de Internet, sin espionaje estatal.
Además, el récord de seguridad del Reino Unido sugiere que los poderes de intervención en la actividad online de sus ciudadanos, no han impedido los atentados criminales. Posiblemente, mientras más se interviene, más sofisticada es la respuesta de los delincuentes. Si se debilita un encriptamiento, el próximo será más difícil de descifrar. Y así sucesivamente. Internet no puede ser erradicado.
Quizá la respuesta para combatir al terrorismo sea ejercitar más investigación de campo, sin dañar las libertades de rango constitucional de la democracia. En este sentido, la reducción de efectivos policiales ordenada por May un tiempo atrás no ayuda. Cuando la entonces secretaria del Interior despidió a 20.000 empleados de los servicios de policía, dejó manco el aparato de investigaciones de campo. El porcentaje de ciudadanos radicalizados por la acción exclusiva de Internet es ínfimo. La idea del lobo solitario, que está pegado todo el día a la pantalla de su dispositivo hasta convertirse en un monstruo, no es acertada. La mayoría de los terrorista se transforma en eso gracias a la interacción personal. Internet no tiene un papel preponderante. Si entregamos nuestra libertad de expresión y nuestra privacidad en aras de la lucha contra el terrorismo, es muy poco lo que vamos a poder proteger. Abogado. Especialista en seguridad informática