Una reforma urgente para la Justicia
La imagen que tienen de la Justicia la gente, los empresarios y los potenciales inversores es mala: lenta, ajena a la realidad, a veces incomprensible y opuesta al sentido común. Una Justicia injusta.
Martín Fierro no daba consejos vanos: muchos políticos, legisladores y abogados tienen miedo de criticar a magistrados que son permanentes y que quizás decidirán cuestiones que los pueden afectar. A su vez, muchos jueces –aun los mejores– se consideran responsables sólo por su juzgado, pero no por el Poder Judicial.
Como sea, estamos demasiado mal como para seguir haciéndonos los distraídos, porque sin una Justicia del siglo XXI el futuro sólo podrá ser peor.
Sabemos que los jueces, fiscales y funcionarios no deben tener debilidades. Para que puedan evitarlas, disponen de una batería de garantías que favorecen un desempeño independiente y decente, pero aun así subsiste una minoría de magistrados pésimos. Eso demuestra que no bastan sueldos y obra social excelentes, régimen jubilatorio principesco, comodidades horarias envidiables y una estabilidad absoluta, que superó con éxito varios años de asedio del Poder Ejecutivo.
La gran mayoría de los miembros del Poder Judicial es decente, pero la Justicia no funciona bien porque sus problemas son no sólo algunos jueces pésimos, sino también estructuras y organizaciones del pasado y –digámoslo claramente– porque un mal entendido espíritu de cuerpo hace que los peores sean a veces protegidos por los mejores.
La Justicia está en emergencia. Podemos solucionarlo declarando esa emergencia por ley y tomando medidas rotundas, sin la tibieza con la que venimos fracasando desde hace décadas.
obviamente, los políticos deben consensuar esos cambios entre sí, con participación de la Justicia y de la abogacía. Deben ser cambios claros y específicos, para evitar las impugnaciones constitucionales que seguramente harán quienes perderán el poder que nunca debieron tener y que usan indecentemente.
Las reformas deben ser pocas pero suficientes para revolucionar el statu quo, porque si no serán inocuas. A las propuestas que está concretando el ministro de Justicia, Germán Garavano, en materia organizativa y procesal, pueden agregarse otras muy específicas. Empezando desde arriba: el poder real de la Corte es mayor que el escrito en las leyes, porque ella decide sobre carreras, ascensos y situación de todo el Poder Judicial y dicta sentencias directrices en nuestros pleitos y honorarios.
Precisamente por eso la Corte debe tener nueve miembros, para deducir el riesgo de que alguien la controle y se convierta en dueño del Poder Judicial. Nadie debe dominar a los jueces y menos sindicalizarlos.
El Consejo de la Magistratura debe modificarse, para ser equilibrado, con más profesionalidad y verdadero equilibrio, con procedimientos rápidos y sin componendas, ni políticas ni judiciales.
Por ley debe establecerse un código de ética judicial, sea el iberoamericano o el de Bangalore. Necesitamos una ley porque, pese a que con Daniel ostropolsky lo propusimos en 2013 y 2014, fue imposible avanzar desde el Consejo de la Magistratura en esta reglamentación imprescindible.
La mayoría de los juzgados y tribunales nacionales en lo criminal, en lo civil y en lo comercial se deben federalizar, pero sin perder su competencia nacional, para terminar así con divisiones ya anticuadas. También así se incrementará drásticamente la cantidad de juzgados federales penales, cuyo inmenso poder no debe repartirse entre pocas personas. Y hasta conviene fusionar las cámaras Civil y Comercial con la Contencioso Administrativo Federal.
otros cambios son posibles, como la creación de la Policía Judicial, bajo la autoridad de la Corte, y la suspensión por algunos años de todos los permisos de docencia y actividades extrajudiciales de magistrados y funcionarios.
El siglo XXI no soporta más impunidad, ni de delincuentes ni de jueces. Internet y las redes sociales quebraron el paradigma de ocultismo que amparaba a estos sectores de poder.
Nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser exigentes con el Poder Judicial y el Poder Judicial tiene que ser exigente con quienes violen las leyes. No es tan difícil, pero se necesita grandeza para dejar de lado intereses partidistas, realismo para no trabarnos en debates ideológicos del pasado y, por supuesto coraje, mucho coraje. Abogado, ex consejero de la Magistratura