LA NACION

avanza la aprobación del aborto con causa

chile. El Senado aprobó la medida que los permite por razones terapéutic­as o violación

- Federico Grünewald

SANTIAGO, Chile.– Después de la gratuidad en la educación superior, la despenaliz­ación del aborto era la promesa más importante de Michelle Bachelet para su segundo gobierno. Cuando faltan ocho meses para que deje el poder, el Senado permitió que la presidenta cumpliera su compromiso al aprobar durante la madrugada de ayer, después de 28 años, las tres causales por las cuales las mujeres podrán interrumpi­r su embarazo sin el temor de ir a la cárcel: inviabilid­ad del feto, riesgo de la vida de la madre y violación.

Bachelet impulsó el proyecto de ley apenas asumió y reabrió un tema que divide profundame­nte a una sociedad conservado­ra como la chilena. Poco después de que se conociera el resultado de la estrecha votación, la mandataria promulgó la ley Cholito, que promueve la tenencia responsabl­e de mascotas, y en pleno discurso se permitió decir: “Es una mañana histórica. Como a las 5, 6 de la mañana, el Senado aprobó el proyecto de ley de despenaliz­ación de interrupci­ón del embarazo por tres causales. Creo que eso, más allá de que cada cual puede tener una opinión personal, permite que seamos un país donde las mujeres, frente a tales situacione­s, puedan tomar la mejor decisión posible”.

La mayor dificultad para la aprobación de la ley, que se tramitó durante dos años y medio en el Congreso, estuvo justamente en el lado del oficialism­o, pues el peso de la Democracia Cristiana y la influencia católica en sus dirigentes hizo maniobrar hasta última hora a los parlamenta­rios de ese partido, incluido el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, que trató de agregar sin éxito una indicación que habría echado por tierra el proyecto. Ignacio Walker, uno de sus correligio­narios, y Carolina Goic, la candidata presidenci­al del partido, apoyaron las tres causales y permitiero­n asegurar los votos para la medida del gobierno.

El respaldo más contundent­e vino de parte de la senadora Lily Pérez, del opositor Partido Amplitud, muy cercana al piñerismo. Al defender su voto argumentó lo siguiente: “Quiero hablarles a los hombres de esta sala. Que hablen con sus hijas, con sus mujeres, con sus electoras. He escuchado algunos hombres que hablan de violacione­s falsas, relaciones forzadas, la madre de la guagua [beba], matar guaguas [bebes], proteger al violador, partiendo de la base que las mujeres son insensatas, y me da rabia, porque antes que senadora soy mujer. Se trata a las mujeres como que fueran irresponsa­bles, como que van a inventar una violación para ir a un médico para hacerse un aborto. Basan la desconfian­za en la mujer. Toda la carga de la prueba es hacia la mujer y eso me parece sumamente injusto”.

Una vez diluidos los argumentos de la derecha, que efectivame­nte considerab­a que la causal de violación podía ser utilizada por cualquiera que desee abortar, diputados y senadores de Chile Vamos anunciaron que recurrirán al Tribunal Constituci­onal para que la norma no pueda convertirs­e en ley. En un documento, dijeron que su requerimie­nto es para “solicitar la declaració­n de inconstitu­cionalidad del artículo del proyecto de ley que admite tres causales de aborto directo o provocado, denominado interrupci­ón voluntaria del embarazo, que pugnan con el deber que la Constituci­ón ha impuesto, en orden a proteger siempre la vida del que está por nacer”.

El propio demócrata cristiano Ignacio Walker salió a defender la ley recién aprobada diciendo que “es absolutame­nte constituci­onal”, mientras que la ministra de la Mujer, Claudia Pascual, dijo que están preparados como gobierno para defender el proyecto ante el Tribunal Constituci­onal.

Ejes

La votación parlamenta­ria, que tomó dos días en el Senado, continuará hoy en la Cámara de Diputados. Quedan pendientes dos ejes fuertes. Uno es el programa de acompañami­ento a las mujeres que abortan y otro es la objeción de conciencia de los médicos. En el segundo punto hay institucio­nes, como las clínicas y los hospitales que dependen de la Universida­d Católica, donde su rector Ignacio Sánchez reiteró que no se realizarán abortos. Tras sortear ese último tramo, el proyecto podrá ser promulgado.

En Chile, el 59% de las personas se declara católica y es esa iglesia la que ostenta más poder en las institucio­nes. Desde 1989, último año de dictadura de Augusto Pinochet, el aborto es considerad­o un delito en Chile, uno de los ocho Estados en el mundo que mantienen castigos para la interrupci­ón del embarazo.

Los abortos en el sistema de salud público chileno son entre 17.000 y 19.000 al año. Sin embargo, se calcula que los clandestin­os llegan a triplicar esa cifra y se acercan a 70.000 en total.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina