El contador de los Kirchner apeló la detención y pidió investigar al juez Bonadio
los sauces. Manzanares acusó al magistrado de “ignorante”; dijo en un escrito que le “tomó el pelo” y confía en ser liberado en 20 días
Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner que fue detenido el lunes, levantó el tono de su defensa con un ataque a fondo a la decisión del juez Claudio Bonadio de meterlo preso. Lo tildó de “ignorante”, dijo que al acusarlo de obstruir la Justicia le toma el pelo y se consideró víctima de una maniobra de persecución y hostigamiento. Por eso afirmó que su detención es ilegal y que se debe investigar al juez por ello.
Pero Bonadio no se quedó callado: explicó que encarceló a Manzanares porque, a sabiendas de que había extendido la intervención judicial sobre el condominio que conformaban los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, indicó a los inquilinos que pagaran el alquiler en cuentas ajenas.
Además, en su rechazo a la excarcelación del procesado, el juez consideró que Manzanares no podía seguir libre en Santa Cruz, no sólo porque con esta medida entorpeció el descubrimiento de la verdad, sino por sus vínculos en la provincia: con la gobernadora Alicia Kirchner; el ex gobernador Carlos Sancho, a cuyas cuentas fueron derivados los alquileres, y Carlos Zannini, actual director del Banco de Santa Cruz, donde el contador preso es síndico.
Bonadio dijo en su escrito que Manzanares tenía la intención de obstruir la Justicia cuando les mandó una nota a los inquilinos para que depositaran los alquileres en la cuenta de Sancho. “Ello es así porque la intervención tiene como fin desentrañar el enjambre jurídico creado por los imputados y determinar las transacciones comerciales que corresponden con los actos de lavado de activos de origen ilícito, lograr recuperar el dinero espurio y hacer cesar que los encausados se enriquezcan.”
Pero Manzanares no se amilanó y apeló su encarcelamiento ante la Cámara Federal. Mediante un escrito de su defensor Carlos Beraldi, abogado también de Cristina Kirchner, argumentó que Bonadio “obstruye la Justicia” porque retiene un expediente en el que ya se declaró incompetente.
En 15 carillas sostuvo que tras la sucesión de Néstor Kirchner sus propiedades fueron anotadas a nombre de Máximo y Florencia y que luego constituyeron con ellas un condominio. Bonadio, para evitar que sigan cobrando alquileres por esas propiedades, extendió la intervención judicial que realiza Raquel Moyano al condominio el 30 de mayo pasado.
Manzanares, el 7 de junio, pidió depositar los alquileres en la cuenta a nombre de Sancho. Ahora le dijo al juez que “la medida de intervenir un condominio no existe en el derecho nacional ni internacional” y “cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe que un condominio es un derecho real y no un sujeto de derecho privado”. Aunque la medida del juez no se dirigió sólo a la propiedad, sino al usufructo del bien por parte de los hijos de la ex presidenta.
Argumentó Beraldi que la interventora judicial no sabía qué hacer y le envió al juez un oficio el 8 de junio para preguntárselo. “Frente al caos que se había generado, pretender atribuirle a mi defendido una conducta ilícita es una tomadura de pelo”, dijo Beraldi, al argumentar que Manzanares sólo quería ocuparse de que los inquilinos siguieran pagando los alquileres. Dijo que los cobros fueron bancarizados en la cuenta de Sancho, apoderado de Florencia y Máximo Kirchner, por lo que no se buscó desviarlos ni ocultarlos.
Finalmente, dijo que esos alquileres de la sucesión de Néstor Kirchner no se vinculan con la sociedad Los Sauces y, por lo tanto. deben quedar fuera de la causa de lavado. Agregó que la detención dispuesta por Bonadio es “ilegal” y que “deberá ser objeto de una investigación”.
Es probable que la Cámara Federal, que deberá decidir si se le otorga la libertad a Manzanares, convoque a Beraldi a una audiencia la semana próxima, en plena feria judicial. Los camaristas que estarán presentes esa semana son Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. Probablemente, el incidente de excarcelación se resuelva la semana siguiente, cuando ya regrese el tercer juez de la Sala, Leopoldo Bruglia.
Freiler es el camarista que el Gobierno quiere remover porque considera que no puede justificar sus bienes y porque favorece al kirchnerismo. Ballestero medita su voto y Bruglia intervendrá en caso de empate entre sus colegas.