Represas en el Sur: reanudan las obras en septiembre
así lo prevé el Gobierno; la corte las había suspendido en diciembre pasado.
Al margen de la audiencia pública celebrada ayer en el Senado por orden de la Corte Suprema de Justicia para que 120 oradores expongan los argumentos a favor y en contra del megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, nada logrará impugnar una decisión ya tomada por el presidente Mauricio Macri. La determinación se produce en un contexto de crisis energética, riesgos de multas y cross default para otras obras de infraestructura financiadas por China y de generación de 5000 empleos para la provincia de Santa Cruz.
Eso quedó claro ayer en la audiencia que continuará hoy, donde los ambientalistas volvieron a rechazar las hidroeléctricas sobre el último río de origen glaciar que
corre libre hasta el Atlántico (ver aparte).
Las visiones son irreconciliables: donde unos ven un paraíso de biodiversidad y de servicios ambientales, otros ven oportunidades energéticas y un aporte para reducir las emisiones de carbono como alternativa a las fuentes térmicas de energía. El Gobierno también concibe las hidroeléctricas como un eslabón estratégico en una matriz diversificada, que necesita de la generación continua de energía para incrementar la producción de renovables. Así lo hicieron saber el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y su equipo, que abrieron el debate junto al titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
El Gobierno apuesta a reanudar en septiembre las obras de las re-
diseñadas represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, a un costo de US$ 4524 millones, financiadas en un 85% por China en un plazo de 83 meses. Tendrán una potencia instalada de 1310 MW y ocho turbinas. Aportarán un 4% de la demanda energética total, con la garantía –indican– de que no se verán afectados los niveles del lago Argentino ni la dinámica del glaciar Perito Moreno. El Ministerio de Ambiente, señaló Bergman, implementará un plan de mitigación y compensación para los impactos sobre el ecosistema con un presupuesto total de US$ 400 millones.
Estará orientado al frágil estuario del río, lugar de invernada del macá tobiano, un ave endémica y en peligro crítico de extinción. También, a resguardar los yacimientos arqueológicos y paleontológicos que quedarán sepultados bajo los dos embalses de 43.000 hectáreas.
Más allá de los avales al nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) hecho por la estatal Ebisa con el aporte del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) –el mismo organismo del Conicet que ya culminó el inventario de glaciares–, esa evaluación fue denunciada por presuntas irregularidades ante la justicia federal por el senador nacional Fernando “Pino” Solanas (Alianza UNEN-CABA), otro de los oradores.
Contra el informe también dispararon los ambientalistas, que lo tildaron de parcial, incompleto y “hecho a medida”. Esgrimieron que no evalúa la traza del nuevo tendido eléctrico que transportará la energía y que fue hecho por una empresa que depende de la cartera de Energía, que no estaba facultada para hacerlo. La aprobación vino después, según denunciaron.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, explicó las medidas de mitigación y compensación: prevén la creación de nuevas áreas protegidas en Santa Cruz en un total de 337.000 hectáreas; el desarrollo de centros ambientales de monitoreo tanto para los glaciares como para la cuenca, y otros de interpretación, estudio y rescate del patrimonio arqueológico y la eliminación de los basurales a cielo abierto, que contribuyen a la proliferación de la gaviota cocinera, principal amenaza del macá tobiano. Además, para el segundo embalse trazaron un plan de llenado de manera de evitar que se altere el flujo natural del río Santa Cruz en su tramo inferior. Buscan preservar la fragilidad de las rías en la desembocadura para resguardar al macá tobiano.
La nota de color la dio ayer el controvertido diputado y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Defendió la instalación de las hidroeléctricas. Las alabó como generadoras de energía renovable y elogió a la administración anterior que llevó el proyecto y concretó la cuestionada central de río Turbio.
Hubo una gran sintonía entre los numerosos funcionarios santacruceños y la administración nacional en materia energética. A Andrés Napoli, director de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), eso no se le pasó por alto: deslizó que las represas sirvieron para cerrar la “grieta” política.
Desde el Gobierno se ocuparon de diferenciar el proyecto planteado por el kirchnerismo del actual y de enfatizar que la administración de Cambiemos lleva como bandera la lucha por el medio ambiente. Tal vez, por eso, ayer, los funcionarios de energía se mostraron como técnicos ambientales y hasta hablaron de la preservación de otras especies como la lamprea.
Hubo más oradores, tanto funcionarios como referentes de la sociedad civil, a favor del proyecto que voces disidentes. Sin embargo, el argumento de los ambientalistas apuntó al costo irreversible que significa borrar a un río del mapa para no contrariar al Estado chino.