Documentos involucran a Castillo con el cobro a puesteros
prueba clave. En una caja fuerte se encontraron planillas con registros de alquileres; pidieron la prisión preventiva
En su mansión levantada en el corazón de un country de Luján, Jorge Castillo guardaba uno de sus secretos más preciados. Se trata de una serie de planillas en las que llevaba el registro del supuesto cobro de alquileres a comerciantes para permitirles instalar puestos en las diez cuadras que rodean la feria La Salada.
Esas planillas que tendrían las inscripciones “Tilcara vereda”, “Tilcara centro”, “Virgilio esquina”, constituyen la principal prueba que, según un grupo de fiscales de Lomas de Zamora, indicaría la ubicación de los puestos instalados en la vía pública a los que Castillo y otros acusados les cobraban entre 500 y 800 pesos por día de alquiler.
Dichos documentos constituyeron uno de los indicios utilizados por el equipo de investigadores del Ministerio Público de Lomas de Zamora, supervisados por el fiscal Sebastián Scalera, para fundar ayer el pedido de prisión preventiva por presunta asociación ilícita contra Castillo y otros 24 detenidos.
Cuando los investigadores les preguntaron a los testigos si esas leyendas correspondían a locales que funcionaban dentro de la feria Punta Mogote, administrada por Castillo, respondieron que no había ningún sector dentro del complejo al que se denominara de esa forma. Así, los funcionarios judiciales confirmaron su sospecha: que esas planillas eran el registro fiel de los ingresos que el “rey de La Salada” percibía por una parte de los más de 7000 puestos que se instalaban en el espacio público adyacente a la feria.
Esas planillas fueron halladas durante el allanamiento realizado en la lujosa mansión de Castillo en Luján. En el mismo lugar en el que se resistió a balazos a que un grupo de policías lo detuviera.
La calificación penal para describir el delito de los 25 detenidos fue la misma: asociación ilícita. Pero en el caso de Castillo, se agregó la imputación por intento de homicidio de uno de los ocho policías que participó del allanamiento. Grupos y barras
Para los fiscales, durante los allanamientos se secuestraron elementos que probarían la existencia de tres bandas o asociaciones ilícitas que se repartían diez cuadras adyacentes al complejo La Salada para cobrarles alquileres de entre 500 y 800 pesos a entre 7000 y 10.000 comerciantes, a cambio de tener un “permiso” para instalar armazones de un metro cuadrado en las calles y veredas. El precio del alquiler variaba según la ubicación del puesto, si estaba en la esquina era más caro y los que se instalaban contra la pared, más económicos.
Esas bandas denominadas Los Chaqueños, Los de River y Los Cucos se repartían varios millones de los alquileres que cobraban por cada día de feria.
Según consignaron los fiscales en el dictamen de más de 400 páginas presentado ayer ante el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, el máximo referente de Los Chaqueños era Jorge Castillo; mientras que su hermano, Hugo; sus sobrinos, Leandro y Adrián, y su cuñada, Gladys Arrieta, comandaban el grupo Los de River. En tanto que la tercera organización operaba al mando de un sospechoso que habría sido identificado como Leonardo “Cuco” Gaitán, quien actualmente está prófugo.
En su dictamen, el fiscal Scalera solicitó que se fije un embargo y se inhiban los bienes de los acusados. El representante del Ministerio Público consideró que además del riesgo de fuga existía la posibilidad de que estando en libertad, los acusados pudieran entorpecer la investigación borrando pruebas y amenazando a testigos.
Un cuarto grupo que no fue incluido en esta investigación está formado por barrabravas de Boca. Esta banda estaría comandada por dos miembros de una facción conocida como La Banda de Lomas. Están prófugos hace tres años y los fiscales realizan constantes reclamos para que la búsqueda de los dos sospechosos se mantenga activa.
Dos jefes policiales que se desempeñaban en la comisaría de ingeniero Budge siguen detenidos, acusados de proteger a ambos barrabravas, y serán sometidos a juicio oral. La sospecha de los investigadores apunta a que, actualmente, sigue esa protección. Existen rumores que indican que uno de ellos habría sido visto en un Audi TT blanco, sin patente, en la calle de La Ribera, cuando retiraba la recaudación de los alquileres de los puestos.
Esa matriz de protección policial a las diversas bandas también quedó expuesta en el dictamen de los fiscales de Lomas de Zamora, que procesaron a cuatro uniformados por integrar alguna de las tres asociaciones ilícitas.