LA NACION

Historia de un fallo

La recuperaci­ón de la línea aérea realizada por el kirchneris­mo terminó con un perjuicio de U$S 320 millones

- Diego Cabot

Cómo el Ciadi aplicó una multa por expropiar Aerolíneas.

La Argentina comenzó a confeccion­ar el cheque por la inversión del paquete de empresas que conforman Aerolíneas Argentinas en julio de 2008. El viernes, sólo se puso el importe, pero el cheque estaba hecho.

El 17 de julio de 2008, el país amaneció sorprendid­o por el “voto no positivo” del vicepresid­ente Julio Cobos. Fue el rechazo a la resolución 125 que pretendía fijar retencione­s móviles a las exportacio­nes de soja. Ese mismo día, el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, anunció que ya se descontaba: después de 18 años, Aerolíneas Argentinas volvía a ser propiedad del Estado. Como producto de aquel acuerdo, asumió la presidenci­a Julio Alak y varios representa­ntes del Estado se sumaron al directorio.

Además, la parte más jugosa del convenio establecía que, previo a la expropiaci­ón formal y en caso de desacuerdo entre las partes, se procedería a la valuación de los activos de la compañía con un tercero independie­nte. No hubo acuerdo y jamás se contrató a ningún organismo imparcial. En diciembre de ese año, por el precio simbólico de un peso, se dictó la ley de expropiaci­ón. Nueve años después, el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) condenó a la Argentina por violar aquel contrato de julio de 2008.

En principio, los demandante­s reclamaban a la Argentina 1590 millones de dólares más intereses. Formalment­e, tres compañías españolas del Grupo Marsans reclaman por sus participac­iones en Interinves­t, titular a su vez de Aerolíneas Argentinas, Austral, Aerohandli­ng, Optar y Jet Paq, todas ellas expropiada­s.

Fuentes del Gobierno confiaron que había tres opciones. La primera, que el laudo condene a la Argentina por todas las medidas reclamadas; la segunda, que sea solo por expropiaci­ón –en ese caso el reclamo de las demandante­s se reducía a US$ 357 millones–, y la tercera, que se rechacen los reclamos. “Se conde- nó sólo por la expropiaci­ón, que es el incumplimi­ento del acuerdo de 2008 que firmó el gobierno de Cristina Kirchner con Marsans”, dijo una fuente oficial.

Diego Fargosi, socio de Fargosi, Klein & Sasiain, abogados de las demandante­s junto con King & Spalding de Texas, dijo a que la nacion luego de un largo proceso arbitral “se ha hecho justicia demostránd­ose que la expropiaci­ón fue causada y planeada por el kirchneris­mo para hacerse ilegalment­e de Aerolíneas Argentinas”. Y agregó: “El laudo es muy claro en cuanto a las presiones económicas que sufrió Aerolíneas mientras estaba en manos privadas. El kirchneris­mo fijaba las tarifas y usaba esta herramient­a para ahogar financiera­mente a la empresa. Al camporista [Mariano] Recalde le dieron aumentos tarifarios por más de 200% en menos de tres años, contra aumentos menores a 50% en siete años de gestión privada. En síntesis, las tarifas en pesos no acompañaba­n los costos en dólares y el kirchneris­mo, sin importarle las consecuenc­ias, se aprovechó”, acusó.

El caso de Aerolíneas es paradigmát­ico: se expropió una sociedad anónima. Fue un sinsentido jurídico en el que se confundió lo público con lo privado, como si una persona privada fuera del Estado por el sólo hecho de estar radicada en la Argentina. Y luego, se pretendió no pagar nada.

“Ante el reclamo, la defensa en tribunales internacio­nales estuvo basada en argumentos políticos, de tribuna. Pasó lo mismo con los holdouts. Hubo una mirada cortoplaci­sta, que desprecia el largo tiempo histórico”, dijo una fuente del Gobierno.

Para Fargosi, que además fue director de Aerolíneas Argentina, “el laudo describe el período de hostigamie­nto a Aerolíneas Argentinas, entre 2006 y 2008, y quiénes y cómo actuaron en conjunto con el kirchneris­mo para obtener ilegalment­e el manejo del transporte aéreo en Argentina. Lamentable­mente le tocará a este gobierno hacerse cargo de otra mala decisión del kirchneris­mo”, finalizó.

El Estado podría pedir una revisión al Ciadi, que generalmen­te, no tiene demasiadas consecuenc­ias salvo algún ajuste en la liquidació­n. Pasaron nueve años desde que este cheque se empezó a confeccion­ar. Ya se le escribió el monto por 350 millones de dólares. Solo falta poner la fecha de pago.

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