EE.UU. presiona a Maduro con nuevas sanciones
Apuntan a 13 altos funcionarios chavistas
CARACAS (Para la nacion).– Presión en casa y desde el exterior. El gobierno de Nicolás Maduro enfrentó ayer un doble desafío para que dé marcha atrás con la Asamblea Constituyente con la que busca plenos poderes y que se votará el domingo. La Casa Blanca impuso sanciones a 13 altos funcionarios chavistas y prometió una respuesta más firme si se aprueba el proyecto. En Venezuela, la oposición inició un paro de 48 horas para intentar torcerle el brazo al gobierno.
WASHINGTON.– Decidido a torcerle el brazo a Nicolás Maduro, el gobierno norteamericano reforzó ayer la presión internacional sobre su gobierno al anunciar un paquete de sanciones contra 13 altos funcionarios chavistas, y advertir que habrá una “respuesta fuerte” si avanza con la Asamblea Constituyente que se elegirá el domingo.
Se trata del tercer paquete de sanciones aplicado por Washington contra Venezuela: en febrero había incluido al vicepresidente y un auxiliar, y en mayo congeló bienes de ocho jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Pero el de ayer fue el más contundente de todos.
Hace una semana, el presidente norteamericano, Donald Trump, había amenazado con sanciones “fuertes y rápidas” en caso de que el gobierno de Caracas siguiera adelante con la Constituyente.
Las sanciones, que se esperaban desde hace días, suponen la congelación de todos los activos que tengan en Estados Unidos y la prohibición a todo estadounidense de hacer transacciones con ellos. Además se les prohibirá viajar a Estados Unidos.
En su lista de los 13 nuevos afectados, el Departamento del Tesoro incluyó también al actual ministro del Interior, Néstor Reverol, y al ex vicecanciller y ex ministro de Comercio Alejandro Fleming. También a la jefa del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.
En una teleconferencia, un funcionario del Tesoro envió un claro alerta: “Quien decida sumarse a la Asamblea Constituyente estará minando las instituciones y quedará expuesto a potenciales sanciones norteamericanas”.
La administración Trump contempla la elección de la Constituyente como una “línea roja” que marcará “el final de la democracia” en Venezuela. “Maduro ha demostrado que su principal preocupación es quedarse en el poder”, dijeron los altos cargos.
Si el domingo se elige una Asamblea Constituyente, habrá “una respuesta fuerte”, insistieron. Y además, advirtieron, cualquier persona que pase a formar parte de ese organismo será objetivo de posibles sanciones norteamericanas.
Sobre la mesa está un posible embargo petrolero a Venezuela, de donde Estados Unidos importa en torno de 800.000 barriles diarios. Pero algunos sectores advierten que cortar el suministro dañaría también a Estados Unidos porque, según los expertos, haría subir el precio del crudo y el país tendría que buscar un proveedor alternativo. Además, algunos temen que la medida tenga un efecto contrario al buscado, y refuerce a Maduro al darle un argumento y una justificación en medio de la grave crisis económica y humanitaria que atraviesa el país.
“Todas las opciones están sobre la mesa”, dijo un funcionario, quien de esa forma dejó así entreabierta una puerta para eventuales sanciones al sector petrolero, el motor de la economía venezolana.
“Se está haciendo un análisis para ver el impacto de las posibles medidas no sólo en Venezuela, sino también en Estados Unidos, y evitar un daño a la economía estadounidense”, explicó.
Por otro lado, Estados Unidos también buscó generar presión ayer en la OEA, donde presentó junto con otros 12 países una declaración de cinco párrafos para exhortar a Maduro a suspender la Constituyente por considerar que equivaldría a un “desmantelamiento definitivo” de la institucionalidad democrática.
Durante un Consejo Permanente del organismo, las 13 naciones expresan preocupación por lo que consideran una “grave alteración del orden democrático, la agudización de la crisis y el aumento de la violencia”. El embajador panameño Jesús Sierra leyó el texto a nombre propio y de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú.
Fue notable la ausencia de Uruguay, que en marzo suscribió una declaración junto a los otros 13 países, donde llamó a Venezuela a liberar a los presos políticos, convocar a elecciones y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional.
A su vez, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, expresó también su “preocupación” por los reportes sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
“Los numerosos informes sobre las violaciones de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza, las detenciones masivas y los juicios a civiles por tribunales militares son una fuente de preocupación”, indicó Mogherini en una declaración en nombre de la Unión Europea.
“Ya es hora de poner fin a esta violencia”, urgió la jefa de la diplomacia europea, quien llamó a Caracas a respetar “la Constitución y el Estado de Derecho”, y a garantizar “el respeto de los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la manifestación pacífica”.