Suspenden la poda de árboles
Una medida cautelar obligó al gobierno de la ciudad a cumplir con la ley de arbolado urbano, que exige la difusión pública de informes con detalles técnicos y que los operarios sean idóneos para la tarea
Lo decidió la justicia porteña tras un amparo.
Cuando aún resta un mes para que en la ciudad concluya la temporada invernal de poda, de golpe todas las motosierras se apagaron. Los operarios que las manipulaban se bajaron de los árboles, guardaron sus equipos y se fueron: las tareas quedaron en suspenso. Esto ocurrió luego de que un fallo judicial exigió al gobierno porteño que la ejecución de la poda se ajuste a las obligaciones consignadas en la ley de arbolado urbano (Nº 3263).
Con este objetivo, el juez Guillermo Martín Scheibler, titular del Juzgado Nº 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, dictó una medida cautelar.
La ley establece que antes de ejecutar cualquier intervención sobre el arbolado público debe realizarse una evaluación técnica de cada uno de los ejemplares afectados y consignarse el tratamiento que se le dispensará. Además, se exige que el personal que ejecute las tareas de evaluación técnica, plantación, poda, trasplante o tala sea idóneo, esté capacitado y se certifiquen sus competencias.
Estas exigencias están consignadas en los artículos 10, 11 y 12 de la ley de arbolado urbano y fueron citados por el juez en su fallo.
Aunque los planes de poda con los detalles exigidos en la ley deben hacerse públicos, cuando este año la Defensoría del Pueblo solicitó a las 15 comunas que los presentaran antes del inicio de la campaña invernal sólo siete de ellas remitieron información. Y ninguna lo hizo de forma completa. En 2016 tan sólo seis comunas contestaron la misma solicitud.
El fallo de la Justicia responde a una acción de amparo presentada por Claudia Heras, una vecina de Villa Urquiza: “Me cansé de ver cómo las cuadrillas de operarios mutilaban los árboles de mi barrio cada vez que los podaban –explicó–. Y como soy abogada, me dije: «Tengo que hacer algo». Así que me presenté en la Justicia”, agregó.
El amparo busca “resguardar el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado y a la preservación del patrimonio natural”.
En su presentación judicial, Heras fue acompañada por la testigo María Angélica Di Giacomo, que desde su página de Facebook “Basta de mutilar nuestros árboles” monitorea y denuncia los maltratos que sufre el arbolado. Luego de la presentación, la ONG Basta de Demoler también sumó su apoyo.
Aunque el fallo ordena “al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que arbitre las medidas necesarias para cumplir con la ley, fuentes del Poder Ejecutivo declararon a que consideran que la nacion el juez usó la palabra gobierno en
“sentido amplio”, pero que la orden está dirigida a las comunas, que son las que tienen competencia sobre la poda. Además, agregaron que la ley de arbolado urbano es plenamente cumplida.
El fallo de la Justicia fue comunicado al gobierno porteño el viernes. El lunes y el martes las comunas no podaron, pero ayer recibieron la instrucción del gobierno de continuar con las tareas, que sin embargo la lluvia no permitió.
Aunque cada comuna planifica la poda de su jurisdicción junto a la Secretaría de Descentralización– dependiente del gobierno porteño–, las tareas son ejecutadas por cinco empresas contratistas: Urbaser (comunas 1,8, 9, 11 y 15), Mantelectric (comunas 2, 12, 13 y 14), Ecología Urbana (comunas 3,4 y 5) y Casa Macchi (comunas 6, 7 y 10).
Sin embargo, en muchos casos estas empresas subcontratan a su vez a otras empresas. Aunque se trata de una práctica legal, los controles sobre la ejecución de las podas dictados por la ley se van diluyendo.
En la acción de amparo, Heras señaló que en el objeto social de estas empresas tercerizadas en ningún caso figura la realización de trabajos vinculados con poda, tala, plantación o cuidado de árboles. Al contrario, se trata de empresas constructoras, de electricidad, de limpieza o de transporte.
Cuando la empresa contratista Mantelectric ganó su primera licitación para prestar el servicio de poda, presentó un único antecedente para probar su idoneidad en esta delicada tarea: la poda de una quinta privada en Los Cardales.
“Se poda sin ningún criterio. Aunque cada especie demanda un tipo de poda particular. En general se practican podas drásticas, que requieren un seguimiento anual que no se cumple”, explicó Agustín Tesio, ingeniero agrónomo y uno de los pocos arboristas en el país certificados por la International Society of Arboriculture.
“Los operarios no están capacitados para ejecutar las podas. Los veo trabajar en las calles y es para agarrase la cabeza: además de desconocer las distintas técnicas de corte y las especies que se están interviniendo, no cuentan con el equipamiento necesario”, dijo Tesio. Agregó que se trabaja sin haberse determinado con precisión el objetivo perseguido en la poda de cada ejemplar –tal como exige la ley– y recordó que cuanto menos se intervenga sobre los árboles, “es mejor para su salud”.
María Angélica Di Giacomo, del grupo Basta de Mutilar Nuestros Árboles, enumera algunos de los beneficios de un arbolado saludable: “Aportan oxígeno, secuestran dióxido de carbono, retienen partículas contaminantes y agua de lluvia, filtran los rayos ultravioletas, atenúan el ruido y reducen la temperatura ambiental, entre otros”.
Buenos Aires cuenta con 360.000 árboles en sus veredas. Las tres principales especies son el fresno americano (141.820 ejemplares), el plátano (35.000) y el paraíso (26.000), según datos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cada invierno se podan unos 60.000 árboles, de modo que la poda completa del arbolado urbano demanda unos cinco o seis años.
La ley de arbolado urbano fue sancionada en 2009, pero aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, de modo que falta redactarse el detalle de cómo debe ser aplicada. “La ley de arbolado urbano no es respetada en absoluto y el gobierno no la reglamenta porque no la quiere cumplir”, consideró Adrián Camps, legislador porteño (Socialista Auténtico) y ambientalista. Agregó que con la poda se está mutilando el arbolado.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró la actual temporada de poda invernal el 23 de junio. Entonces aclaró que este año la poda sería “muy intensa”. Y agregó que uno de los principales reclamos de los vecinos es para que el gobierno pode: para despejar luminarias, eliminar ramas que ingresan en las casas y provocan destrozos o para evitar caídas de troncos en mal estado.
La amparista y muchos de los vecinos y especialistas que señalan los graves defectos de las podas no exigen la suspensión de esta práctica, que reconocen indispensable, sino una planificación profesional y una correcta ejecución por parte de personal idóneo.
El fallo aclara que ante situaciones excepcionales “que no admitan demoras”, como el de un árbol con riesgo de caída, el gobierno podrá actuar, aunque primero deberá poner en conocimiento al juez.
En 2013, el juez Scheibler también había ordenado a la ciudad la suspensión de cualquier tipo de poda o extracción de árboles cuando el gobierno porteño ejecutaba las obras del Metrobus de la avenida 9 de Julio.