Más populismo judicial
Resulta temerario insistir en llevar al banquillo de los acusados a tres miembros de la Corte por haber actuado conforme a la ley
Un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, del que ya nos hemos ocupado desde estas columnas, benefició a Luis Muiña –condenado por delitos aberrantes– por la aplicación de la llamada ley del “dos por uno”, vigente en ese momento. El máximo tribunal aplicó el principio de la ley más benigna, en la interpretación de que aquella norma no había excluido de su alcance los llamados delitos de lesa humanidad.
Ello ocurrió con anterioridad a que la ley del “dos por uno” fuese, después del referido fallo, objeto de una rápida norma aclaratoria respecto de su alcance, que ahora excluye del mencionado beneficio los delitos de lesa humanidad. Por ello, el fallo citado había aplicado correctamente el derecho que estaba vigente al tiempo del delito, más allá de las repudiables características del crimen mismo y de la personalidad de su autor.
Las normas se aplican a todos por igual, porque la Justicia debe tener una sola vara, con prescindencia de consideraciones políticas o ideológicas. Esa vara es la misma para todos. Y como la decisión, reiteramos, se tomó conforme al derecho vigente al tiempo de ser emitida, obviamente no había otra alternativa que aplicar y hacer cumplir la ley.
Ahora se ha puesto nuevamente en marcha otro aberrante pedido de juicio político contra los tres altos magistrados que conformaron la mayoría en el fallo antes aludido, fundado en los parámetros que conformaron la decisión y pese a que ella se ajustó, como hemos dicho, al derecho vigente al tiempo de ser pronunciada. Además, el letrado Marcelo Parrilli presentó una disparatada denuncia por prevaricato, que fue recogida por el fiscal Guillermo Marijuan, contra esos tres miembros de nuestro más alto tribunal: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
En las democracias, cada juez es un universo en sí mismo. Debe ser independiente. Por ende, no puede ser tenido por agente de ninguno los demás poderes ni estar sujeto a presiones políticas de ningún tipo.
Ello exige el respeto por las opiniones de los magistrados, de las que sólo ellos son dueños. No es posible pensar en una justicia independiente si, desde ciertos organismos de derechos humanos, se procura que los jueces tengan una suerte de uniformidad ideológica, una única visión sobre algunos temas. O, peor aún, que sean instrumentos de terceros.
Los jueces son los encargados no sólo de hacer justicia en los casos individuales, sino también de proteger y salvaguardar la Constitución, así como de defender las instituciones y los valores centrales de la democracia, entre ellos los de la separación de poderes, el respeto por el Estado de Derecho, la vigencia efectiva de los derechos humanos y, naturalmente, también de su propia y crucial independencia en el actuar.
La democracia exige una actitud de tolerancia hacia las opiniones y creencias de los demás. Lo contrario es pretender uniformar puntos de vista o unificar actitudes. La tolerancia es una fuerza esencial desde que nos permite vivir juntos y, sin embargo, poder mantener nuestras diferencias sin imponernos unos a otros una sola conducta ni un discurso único.
La independencia de los jueces exige que cada uno de ellos sea realmente libre para decidir con auténtica objetividad e imparcialidad las causas que se le someten, con su propia valoración de los hechos e interpretación del derecho. Sin sufrir presiones directas o indirectas, y sin reconocer otra autoridad que aquella que emana de la propia ley para que, de ese modo, la sociedad toda pueda confiar en sus magistrados, defenderlos y respetarlos, sabiendo que no son parte interesada en los diferendos en los que intervienen. No pueden serlo, como tampoco deben ser actores a los que se pueda llegar a intimidar, conscientes de que dictar justicia no es apenas un trabajo por realizar, sino la defensa de una forma de vida que no busca ni la riqueza ni el protagonismo, sino la verdad.
Los magistrados no pueden estar expuestos a ser arrinconados por presiones ni a transformarse ellos mismos en instrumentos de coacción o intimidación. En los últimos años, durante las recientes gestiones kirchneristas, se procuró transformar a muchos de ellos en “militantes”, en personas sin independencia de criterio o agentes al servicio de ideologías particulares, cuando no en una suerte de brazo dócil de la política partidaria, como es el caso de la agrupación Justicia Legítima.
Es indispensable denunciar y desterrar esas prácticas. Y defender con claridad la independencia de nuestros jueces asignándoles el papel que las democracias les tienen reservado: ser un instrumento esencial contra la arbitrariedad tanto del sector público como del privado, poniéndolos a salvo de quienes procuran manipularlos. Entre ellos, algunos notorios organismos de derechos humanos que pretenden arrogarse una suerte de monopolio de la verdad, especialmente cuando de la defensa de esos derechos se trata. Con el mismo afán populista e ideológico, esos mismos organismos podrían absurdamente haber iniciado alguna acción contra los legisladores que durante tantos años avalaron la ley del “dos por uno” también para represores.
Es el mismo caso de quienes ahora presionan en forma intimidatoria sobre tres de los integrantes de nuestro más alto tribunal con un ridículo pedido de juicio político.
Como hemos sostenido desde estas columnas, procurar sentar en el banquillo de los acusados a tres ministros de la Corte que actuaron aplicando la ley con valentía y total independencia del poder político importa una actitud reprobable, temeraria y propia del populismo judicial.