El Gobierno avanza con la reforma laboral
El Gobierno impulsará los cambios tras las elecciones y buscará el consenso; no tocará la ley de contrato de trabajo ni la de asociaciones sindicales
Ya existía una razón: el alto costo argentino. Pero en las últimas semanas, Brasil –principal socio comercial del país– dio el último empujón y legitimó la avanzada. Superado octubre, el Gobierno impulsará una reforma laboral “por consenso” y con tres metas claras en el horizonte: bajar los costos laborales, reducir la conflictividad y dar certidumbre, y crear un sistema de capacitación permanente. El Gobierno negocia con la CGT, desde febrero pasado, los cambios que busca introducir en el mundo del trabajo. Y tras las elecciones, empujará la institucionalización de un diálogo social para avanzar con sus propuestas en el tema.
“Brasil puso el tema en la agenda”, cuenta un funcionario, y agrega: “La clave será el consenso”. Justamente, para espantar fantasmas no se tocarán ni la ley la de contrato de trabajo ni la de asociaciones sindicales.
La Argentina tiene 12 millones de empleados registrados, 4,5 millones de trabajadores en la informalidad y cerca de 1,5 millones de desocupados. “Hay una economía formal muy rígida y una informal muy flexible. Las reformas nunca se hicieron con inteligencia”, explican en el seno del Gobierno. Desde hace varios años, la creación de empleo privado registrado está estancada. No sólo la economía no ayuda. Los impuestos y el costo laboral no salarial –habituales quejas empresariales– son dos problemas que el Gobierno prevé abarcar para dar vitalidad al mercado laboral privado.
La conflictividad, creen en el oficialismo, golpea especialmente a las pymes. A fines de febrero pasado, el Gobierno aprobó la nueva ley de ART. Ahora se necesitan adhesiones provinciales. Ya está operativa en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, tiene media sanción en la provincia de Buenos Aires, Mendoza la tratará en los próximos 15 días, Río Negro la mandó a la Legislatura y Salta lo hará luego de las PASO. “La provincias que no la aprueben tendrán más juicios y, por ende, mayores costos”, avisan desde el Gobierno. Allí afirmaron además que los acuerdos en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), que solían tardar 90 días, actualmente tardan 11 días.
Según datos oficiales, las alícuotas que cobran las aseguradoras a las empresas ya bajaron un 18% y, al mismo tiempo, aumentaron un 50% los acuerdos en el Seclo. Pero la llamada “industria del juicio” sufrirá otro embate. Un tercio de los fueros laborales están aún vacantes y el Gobierno piensa impulsar nuevos jueces para evitar la actual subrogancia impulsada por el kirchnerismo.
En sintonía, el Gobierno prevé delimitar qué debe tomarse como salario y qué no. Para eso, habrá modificaciones a la ley de empleo (24.013). “Es la norma que usan los abogados para engrosar las demandas con multa tras multa”, explican. Allí se define, por ejemplo, si el pago del celular, un tanque de nafta o los almuerzos son o no parte del sueldo.
¿Blanqueo o moratoria laboral? Desde marzo, “interrumpido por el amor o el odio”, el Ejecutivo trabaja con la CGT sobre cómo bajar el 30% de piso del trabajo informal en el país. No está claro qué camino se elegirá aún. Sí, en cambio, el Gobierno retocará la ley 26.940 (promoción del trabajo registrado) y el decreto 814/01 (contribuciones patronales) con la intención de promover una baja de contribuciones. Esa rebaja –que ya tiene beneficios regionales– será ahora segmentada de manera progresiva. No pagarán las mismas contribuciones los salarios de $ 100.000 que los de $ 10.000, contaron. La mayor parte de los 4,5 millones de trabajadores informales están empleados en pymes, por lo que son sueldos bajos.
Por otro lado, habrá una revisión de las normas que regulan las obras sociales y el PAMI. “Hay por lo menos diez subsistemas adentro”, se quejan. También se revisarán los sistemas de aportes sindicales, en los que el Gobierno observa –por los montos agregados en los convenios– muy poca uniformidad. “Nada será sin consenso”, vuelven a aclarar.
El Ejecutivo ya revisa convenios laborales. Pasó en Vaca Muerta y hoy se anunciará la revisión de más de 250 convenios con la Uatre en el sector agropecuario. “Los convenios tienen un diseño de los 70. Hay que adecuarlos, sobre todo para las pymes y pensando en las regiones”, indican. También avanzarán en “modernizar” los contratos específicos (autónomos, monotributistas y los de tiempo parcial.
“En el mundo actual, la capacitación debe ser permanente”, califica un funcionario. En este rubro, el Gobierno piensa en incentivar la práctica laboral. “No son las pasantías de los 90”, se atajan. La idea oficial, con la mira en el sistema dual alemán, holandés y español, es crear una agencia de formación de profesionales no sólo para los jóvenes, sino también para aquellos que están fuera del sistema. La agencia, conformada por el Estado, sindicatos y empresas, tendrá la misión de matchear demanda laboral insatisfecha en el mercado privado.