Avanza el proyecto de ley para poder dar el servicio
Diputados le dio ayer media sanción; usuarios residenciales podrán producir su propia energía
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que propone un nuevo paradigma en la producción y el consumo de energía eléctrica. La iniciativa propone, en líneas generales, habilitar a usuarios residenciales y del sector privado a producir su propia energía a partir de fuentes renovables.
Además, la Cámara baja convirtió en ley un proyecto que establece que los precios que se coticen en los contratos de obra pública destinados a la construcción de viviendas se ajustarán de acuerdo con el valor en pesos de la unidad de vivienda (UVI).
Ambas iniciativas se aprobaron ayer por amplio consenso. La que se refiere a las energías renovables (que ahora se giró al Senado) obtuvo 159 votos positivos, 3 negativos y una abstención, y permite que cualquier usuario produzca su propia electricidad a partir de cualquiera de las fuentes renovables y, en el caso de que genere más cantidad de energía de la que consume, que venda ese excedente a la empresa distribuidora, reuniendo los requisitos técnicos que establezca la reglamentación. Asimismo, cualquier proyecto de construcción de edificio público “deberá contemplar la utilización de algún sistema de generación distribuida proveniente de fuentes renovables”.
Laspolíticasdeincentivosparaque los usuarios instalen equipamiento que permita producir electricidad serán implementadas a través del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis), al que el Tesoro le destinará en el primer año $ 500 millones. El Fodis podrá proveer fondos y otorgar facilidades a través de préstamos, bonificar o subsidiar la tasa de interés de créditos, otorgar incentivos a la inyección o bonificaciones a la adquisición de sistemas de generación, o incluso financiar la difusión, investigación y desarrollo relacionadas a las posibles aplicaciones de este tipo de tecnologías.
Por otra parte, Diputados convirtió en ley un proyecto que establece que los precios que se coticen en los contratos de obra pública destinados a la construcción de viviendas, así como en los programas o planes sociales de construcción o mejoramiento de viviendas financiados por el Estado, se guiarán por el valor en pesos de la unidad de vivienda (UVI). Para ello, se tomará como referencia el valor de la UVI de la fecha que se indique en los pliegos de bases y condiciones.