Se atrasa la firma del acuerdo con OSDE por una deuda de $ 8500 millones

obra social. En agosto, la empresa consensuó con el Gobierno el pago, pero la negociación no termina de homologarse en la Justicia; habría demoras en el Gabinete

Después de largas negociaciones, la empresa OSDE accedió a pagarle al Estado $ 8500 millones en 10 años por las deudas que tenía con el fondo solidario de las obras sociales. El millonario acuerdo, sin embargo, por demoras en el propio gobierno no termina de hacerse efectivo ni de llegar a manos de la Justicia, donde la obra social de ejecutivos enfrenta una demanda hace décadas.

“El acuerdo está firmado desde principios de agosto, pero después debería firmar la Secretaría de Seguridad Social y luego, el Ministerio de Salud. Recién ahí se lo puede llevar a la Justicia para que lo homologue un juez”, confió a la nacion una fuente al tanto de las negociaciones. “El riesgo de que se siga demorando es que, en el medio, avance el proceso judicial y de repente OSDE pueda conseguir una sentencia a favor”, deslizó la fuente.

El acuerdo fue firmado a comienzos de agosto por OSDE, por el entonces superintendente de Salud Luis Scervino, y por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Desde entonces, duerme en los despachos oficiales a la espera del resto de las rúbricas.

Según algunas fuentes, se había establecido el martes como fecha límite para la firma, aunque no sería un vencimiento vinculante para el acuerdo. Consultados por la

nacion, tanto en el Ministerio de Salud como en la Superintendencia, que ahora preside Sandro Taricco, no dieron mayor información. Tampoco en OSDE hicieron declaraciones. Mientras que en el Gobierno negaron problemas: “El acuerdo no duerme en ningún lado ni hay conflictos internos; estas son cosas técnicamente complejas y hacerlas bien lleva su tiempo”, dijeron.

Los términos del acuerdo, confirmó la nacion, están definidos: la obra social pagará $ 1700 millones en efectivo, y el resto –que tendrá como mecanismo de ajuste la tasa Badlar, la que pagan los bancos por plazos fijos mayoristas–, se descontará en cuotas de los créditos que OSDE tiene en el fondo solidario. Se saldaría así la deuda que el Estado le reclama desde 1998.

El reclamo del Estado, sin embargo, cobró fuerza a comienzos de año, luego de que Swiss Medical, una de las principales competidoras de OSDE, lo denunciara ante la Superintendencia de Salud (SSS). La SSS, entonces a cargo de Scervino, recogió el guante, mientras que desde el Gobierno se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de intervenir la obra social.

La realidad es que, en paralelo, se iniciaron las negociaciones en busca de un acuerdo consensuado con la empresa.

En los años 90, el Estado les permitió a las obras sociales, como OSDE, sumar afiliados “adherentes”, por los cuales luego debían aportar un 15% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). El fondo, que se reparte entre todas las obras sociales, tiene por objeto financiar gastos extraordinarios, como enfermedades complejas y tratamientos crónicos de alto costo.

En 1998, el Estado demandó a OSDE –y a otras 14 obras sociales de dirección– por los aportes no hechos hasta 2011, cuando se sancionó la ley de obras sociales, que eliminó la exigencia de contribuir al FSR. Todas perdieron sus juicios (pero la Justicia nunca se expidió en la cuestión de fondo), con la excepción de OSDE y Osdipp. La última espera que la Corte Suprema falle antes de fin de año.