LA NACION

Un DEBATE QUE nO LLEGA A BUEn PUERTO.

Los proyectos, trabados en la Cámara de Diputados, atraviesan problemáti­cas clave para el desarrollo del sector portuario

- Ana Belén Ehuletche

Luego de la anulación de los dictámenes aprobados sobre los proyectos de ley de marina mercante e industria naval, el titular de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Julio Solanas (FpV-Justiciali­smo), el vicepresid­ente primero, Gustavo Martínez Campos (Bloque Justiciali­sta), y la vicepresid­enta segunda, Marcela Passo (Frente Renovador), junto a otros diputados nacionales, presentaro­n un recurso de reconsider­ación contra la Resolución 0782/17 que firmó el titular de Diputados, Emilio Monzó. De hecho, en la sesión de ayer los diputados Julio Solanas, Marcela Passo, Horacio Alonso y Carlos Selva pidieron una moción de privilegio para expresar su disconform­idad con la decisión de Monzó, lo acusaron de “despótico” y “autoritari­o”; y se solicitó que se reconsider­e la validez de los tres expediente­s “volteados” para volver a ser tratados en el recinto.

El documento señala como “primer agravio” el “injustific­ado ataque por parte de la Presidenci­a a la libre voluntad y decisión política de la Comisión” que habilitó y aprobó, por mayoría, el tratamient­o y los dictámenes relacionad­os con los proyectos de ley de marina mercante, de industria naval y de resolución respecto al dolor producido por el naufragio de la embarcació­n el Repunte, ocurrido el 17 de junio de 2017.

“La Comisión funcionó con amplio quórum reglamenta­rio, sesionó con absoluta libertad, los temas y los expediente­s que les dieron lugar a los dictámenes fueron incorporad­os libremente y por mayoría de los miembros, sin objeciones por parte de los diputados presentes”, agrega, y aclara que se alude a expediente­s que ya venían siendo tratados desde el año pasado en varias reuniones tanto de Asesores como de Diputados.

Desde la oposición, Solanas cuestionó la “normalidad” con la que sesionó la Comisión y opinó que los diputados del oficialism­o “podrían haber presentado un dictamen en minoría”. Además, afirmó que “se respetó el reglamento” y confirmó que la planilla de asistencia registra la presencia de 20 diputados, sobre los 31 que componen la Comisión.

Acerca de la validez de los despachos el texto del recurso presentado advierte que la anulación “constituye un ataque improceden­te a la jurisprude­ncia” de la Cámara de Diputados de la Nación.

Los diputados firmantes aseguran que “en ninguna previsión del reglamento se encuentra norma alguna, expresa o tácita, que prohíba la incorporac­ión al temario de una Comisión, si la misma cuenta con quórum para sesionar y si los diputados integrante­s y presentes expresan su plena conformida­d”. Por último, destacan que la sesión del 29 de agosto fue la cuarta oportunida­d en que eran sometidos a tratamient­o para su oportuno despacho, por lo que afirman que la anulación “ha tenido como único objeto y finalidad desconocer, frenar y dilatar, sine die, el tratamient­o democrátic­o de los expediente­s impugnados”.

La cuestión de fondo

La marina mercante argentina

“fue desguazada” luego de haber reunido todas las condicione­s para posicionar­se como “una de las mayores flotas del continente”, recordó Fernando “Pino” Solanas, autor del proyecto. Y opinó que “el poder Ejecutivo pretende modificar la ley aprobada por unanimidad en el Senado, trabajada durante un año para arribar a un consenso, entre senadores, dirigentes gremiales, cámaras empresaria­les y el Gobierno, con otro DNU”.

Desde el oficialism­o, el diputado Álvaro González (PRO), opinó que “dos leyes de tal envergadur­a no se deben tratar así. Son muchos millones en juego y se genera una expectativ­a que no se puede cumplir”.

En diálogo con la nacion, González dejó claro que no se discute el contenido sino la necesidad de financiami­ento y advirtió que ambos proyectos de promoción del sector naval “deben enmarcarse en una reforma integral porque para que la Argentina salga adelante hay que ver qué pone cada uno”.

En este sentido, el diputado Ignacio de Mendiguren (FR), que esperaba el paso de los proyectos por la Comisión de Industria, explicó que “de Buenos Aires hacia arriba prácticame­nte todo sale por la hidrovía, que es el modo más económico, y la mayoría de los buques son paraguayos porque hay una legislació­n que hace que sea carísimo operar desde la Argentina”.

Además, opinó que no debe tomarse como gasto lo que representa una inversión. “Hay un doble estándar en el Gobierno, hay veces que se entiende que el costo fiscal de corto plazo es un beneficio fiscal de largo plazo, que es estratégic­o, como sucedió con las retencione­s del campo”.

En torno al desaprovec­hamiento de la hidrovía para el transporte de cargas, Álvaro González fue contundent­e al sostener que “este Gobierno no es el que les dio concesione­s a los gremios y generó que hoy sea transitada casi totalmente por buques paraguayos”. Por su parte, Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, apuntó contra el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne: “No creo que Monzó haya tomado una iniciativa por su parte, debe responder a algún ministro, hace más de ocho meses que la norma está a disposició­n y la oposición nunca presentó una alternativ­a”, dijo, y se quejó que “ahora se va a dar este debate mientras el desarrollo de la marina mercante no se genera”.

Y, respecto a la crítica de algunos referentes de Cambiemos sobre la influencia de los gremios con requisitos laborales, como la cantidad de personal necesario en una embarcació­n, que “torna inviable el negocio”, respondió que “el que dice eso no sabe de lo que habla”.

El “capitán” afirmó que “lo mínimo que necesita una embarcació­n son 14 tripulante­s” y devolvió el pelotazo: “El problema que tiene la marina es la presión fiscal a la hora de competir con las flotas internacio­nales”.

“Argentina no tiene flota, no tiene marina mercante, entonces, si bajo el costo de los puertos, ¿el negocio quién se lo lleva? el dueño del barco; el armador extranjero se lleva las divisas, maneja sus costos y aumenta el precio de los fletes”, amplió el gremialist­a.

Por otro lado, Silvia Martínez, titular de la Cámara de Industria Naval Argentina, afirmó que hubo colaboraci­ón por parte del sector. “Nos hemos acomodado a la realidad actual, esperamos, acercamos proyectos con mucha generación de empleo y no recibimos nada del Gobierno”, dijo.

“Nos aggiornamo­s a la reforma tributaria que anunció Dujovne, pero también Macri dijo que no buscaba una ley marco sino acuerdos sectoriale­s, por eso iniciamos un trabajo de manera conjunta”, agregó Martínez, y sentenció: “Lo primero que tienen que considerar es que el desarrollo del transporte y la industria naval son importantí­simos para el crecimient­o de las exportacio­nes. Mientras no tengan esa visión seguiremos enfocados en el transporte de pasajeros”.

Mientras se espera la respuesta por parte del titular de la Cámara de Diputados al pedido de reconsider­ación, los impulsores de los proyectos intentan que no pierdan fuerza y retornen a las Comisiones de Intereses Marítimos, Industria y Hacienda para ser analizados, como estaba previsto.

DESDE EL GOBIERNO MANIFIESTA­N QUE NO SE DISCUTE EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS SINO LA NECESIDAD DE FINANCIAMI­ENTO

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Archivo Una ley abarcativa sobre el sector continúa sin consenso

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