LA NACION

Caso Báez: Cristina y De Vido, al borde del juicio oral

La Cámara Federal confirmó el procesamie­nto de la ex presidenta y la consideró la cabeza de una asociación ilícita

- Maia Jastreblan­sky LA NACION

La causa en la que la Justicia investiga si existió una asociación ilícita para desviar millonario­s fondos de obra pública en favor de Lázaro Báez está a las puertas del juicio oral. La Cámara Federal confirmó ayer los procesamie­ntos de Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y otros ex funcionari­os de Vialidad y requirió celeridad para que se concluya la investigac­ión.

En su fallo, los camaristas concluyero­n que se entregaban obras a Báez a cambio de retornos a los Kirchner mediante el alquiler de hoteles e inmuebles.

La Cámara consideró que Cristina Kirchner fue la cabeza de una “banda”. A De Vido, ex ministro de Planificac­ión, y a López, ex secretario de Obras Públicas, los calificó de “coautores del delito de asociación ilícita”.

De acuerdo con fuentes judiciales, se espera que el fiscal requiera la elevación a juicio oral con premura, antes de fines de octubre y posiblemen­te en los días previos a las elecciones legislativ­as.

Ayer, la ex presidenta dio su primera entrevista como candidata a senadora, en la que se defendió de las denuncias de corrupción. Sobre López y los bolsos con dinero, Fernández de Kirchner dijo que el episodio le provocó “gran indignació­n”. “Lo odié”, aseguró.

La causa en la que se investiga si existió una asociación ilícita para desviar millonario­s fondos de obra pública en favor de Lázaro Báez está en las puertas del juicio oral. Con un fallo lapidario, la Cámara Federal confirmó ayer los procesamie­ntos de Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y otros ex funcionari­os de Vialidad, y requirió celeridad para concluir la investigac­ión.

Se trata del caso “madre” de la corrupción kirchneris­ta, porque investiga el mecanismo por el cual se entregaron a Báez 52 contratos viales por más de $ 40.000 millones, a través de licitacion­es y pagos irregulare­s. Para los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, este mecanismo sería “la primera etapa” de una segunda maniobra donde se registraro­n retornos a los Kirchner a través del alquiler de hoteles e inmuebles. Esos hechos se investigan en los casos Hotesur y Los Sauces.

“El propósito fue obtener dinero atesorado por el Estado nacional. La obra pública se constituyó en el medio propicio y la estructura montada por quienes detentaban las posiciones más altas de la administra­ción pública conformó el mecanismo idóneo para tal fin”, señaló Ballestero en sus fundamento­s.

La Cámara consideró que Cristina fue la cabeza de una “banda”. A ella, a De Vido (ex ministro de Planificac­ión) y a López (ex secretario de Obras Públicas) los consideró “coautores del delito de asociación ilícita y de administra­ción en perjuicio de una administra­ción pública”, y confirmó los embargos por $ 10.000 millones.

Los camaristas confirmaro­n además los procesamie­ntos por esos delitos de Báez, del ex director de Vialidad Nacional Néstor Periotti y del ex secretario de Coordinaci­ón de Obra Pública Carlos Kirchner (primo del ex presidente).

El fallo también alcanzó a otros seis funcionari­os de menor rango de Vialidad de Santa Cruz como partícipes necesarios de administra­ción fraudulent­a agravada. Y determinó el procesamie­nto del ex subsecreta­rio de Obras Públicas Abel Fatala, a pesar de que el juez del caso, Julián Ercolini, había dictado falta de mérito.

Según pudo conocer la nacion, se espera que el fiscal del caso requiera la elevación a juicio con premura, antes de fines de octubre, una fecha que estará convulsion­ada por las elecciones legislativ­as.

Por el curso que tomaron las otras causas de la matriz kirchneris­ta, no se descarta que Cristina Kirchner enfrente a futuro un megajuicio en el que confluyan también los casos Hotesur y Los Sauces, donde se investigan retornos y lavado. El fallo de ayer fue un paso crucial.

En su escrito, los camaristas consignaro­n que los expediente­s de obra pública en los que intervinie­ron las empresas de Báez “estuvieron signados por numerosas irregulari­dades”. Señalaron la concurrenc­ia de distintas firmas del empresario a una misma licitación, la adjudicaci­ón de obras por encima de la capacidad técnica de las empresas y la infracción a los contratos.

“Por un lado, la matriz delictiva se instrument­ó a través de una estructura administra­tiva jerarquiza­da. Por el otro ha sido constatada la relación personal –y de negocios– del empresario con las máximas autoridade­s del Poder Ejecutivo”, resaltó Bruglia en sus fundamento­s. Aludió a “la extraordin­aria evolución patrimonia­l de Báez” a pesar de que comenzó en el negocio de la obra pública cuando Néstor Kirchner asumió la presidenci­a.

Los camaristas indicaron que Cristina Kirchner y De Vido “no podían en modo alguno aducir lejanía o desconocim­iento de los hechos”, como argumentar­on sus defensas. Y fueron más allá. “La ex presidenta habría tenido un marcado interés en asegurar la maniobra defraudato­ria. Una parte de los beneficios ilícitamen­te obtenidos por Báez habría ingresado luego a su patrimonio”, señaló el escrito.

El fallo argumentó que los hechos deben encuadrars­e bajo una asociación ilícita por “la permanenci­a de la estructura y la indetermin­ación de los delitos a cometer”.

“Es dable inferir la concertaci­ón de un pacto entre Báez y el ex presidente Kirchner con el propósito de apoderarse de los fondos nacio- nales”, remarcaron los jueces en su duro escrito.

Agregaron que de la maniobra “atravesó distintos estamentos de la administra­ción nacional” que abarcó al Ministerio de Planificac­ión y Vialidad nacional y provincial.

Los camaristas explicitar­on en su fallo que Ercolini, “en atención al tiempo que lleva tramitando la causa”, deberá “imprimir debida premura a las etapas procesales pendientes” y elevar a juicio.

Se trata de un paso clave que podría llegar antes de fin de año.

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Cristina fue al estudio de Infobae y fue entrevista­da casi dos horas por Novaresio

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