El Gobierno presentó un proyecto para reducir el gasto de las provincias
Impide a los gobernadores incorporar personal en la planta permanente en los últimos seis meses de gestión
Con mucha pompa, pero en menos de media hora, el Gobierno presentó ayer en el Senado el anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal, acuerdo por el que la Nación y las provincias se comprometen a cumplir con determinadas metas para reducir y controlar el gasto primario de sus administraciones.
La iniciativa vuelca el convenio firmado por el gobierno de Mauricio Macri con casi todas las provincias –sólo no lo firmaron La Pampa y San Luis– y contiene cláusulas inéditas, como la que impide incorporar personal permanente en los últimos seis meses de gestión.
El proyecto fue presentado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien destacó el amplio consenso político con el que cuenta la iniciativa y la justificó en la necesidad de constituir la solvencia fiscal como un pilar para la atracción de inversiones.
“Estamos convencidos de que sin inversión no hay crecimiento y que sin crecimiento no hay reducción de la pobreza”, afirmó Dujovne en su escueta exposición.
Dujovne firmó la denominada Acta de Responsabilidad Fiscal junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio; los ministros de Economía y Finanzas de Neuquén, Mendoza y Capital, y los presidentes de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y, provisional del Senado, Federico Pinedo.
El proyecto fue acordado en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, del que participan la Nación y las provincias, consenso en el que se respaldó el ministro de Hacienda para manifestar su confianza en que la iniciativa tendrá un rápido tratamiento en su paso por la Cámara alta.
El dato no es menor: es en el Senado donde mayor peso tienen los gobernadores, sobre todo en la bancada del FPV, lo cual garantizaría su aprobación.
“Si tomamos en cuenta que lo consensuaron 22 sobre 24 jurisdicciones, en principio tengo una mirada positiva del proyecto, aunque tenemos que estudiarlo en detalle”, afirmó el peronista Juan Manuel Abal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tendrá a su cargo la discusión de la iniciativa.
Tal como aclaró el ministro de Hacienda, el texto fue presentado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal e ingresó al Senado como un documento de la categoría “oficiales varios”.
En otras palabras, no tendrá carácter oficial de proyecto de ley hasta que los senadores no firmen dictamen.
El acuerdo
Además de contar con la denominada cláusula de “fin de mandato”, el texto también establece el cierre de ingreso a las plantas de personal de las administraciones públicas nacional y provinciales a partir del 1° de enero próximo. A partir de esa fecha, el aumento de empleados estará supeditado al crecimiento vegetativo de la población del distrito.
Los Estados firmantes también se comprometen a mantener constante el nivel del gasto primario en términos reales. En ese sentido, el aumento anual no podrá superar el incremento del índice de precios al consumidor.
Los gobiernos provinciales y el de la ciudad de Buenos Aires, en tanto, no podrán endeudarse más allá del 15% del total de fondos que coparticipan con los municipios. Quienes superen este límite no podrán tomar nueva deuda.
De hecho, para poder contraer deuda de organismos multilaterales de crédito o de programas nacionales, los Estados provinciales necesitarán el visto bueno del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que tendrá la facultad de expedir un certificado de buena conducta en materia fiscal.
En un intento por promocionar las economías regionales, la Nación y las provincias acordaron armonizar sus sistemas impositivos y no incrementar la presión impositiva, con especial énfasis en aquellos gravámenes relacionados con el trabajo, la producción y su financiamiento.
Las sanciones a quienes no cumplan con los parámetros de responsabilidad fiscal incluirán desde la pérdida de voto en el Consejo Federal hasta la negativa de la Nación a otorgar avales para la toma de empréstitos.