El Gobierno y la CGT avanzan en un acuerdo por el blanqueo laboral y las obras sociales
Eximirán de las multas a los empresarios que registren a sus empleados, y buscan reducir los reclamos a las prestadoras
Desactivado el paro general con el que había amenazado un sector de la CGT, el Gobierno dio ayer un paso firme en su afán de conseguir el respaldo sindical definitivo para avanzar en la letra chica de un paquete de iniciativas que podrían modificar el mercado laboral en el corto plazo.
Jorge Triaca recibió ayer en el piso 13 del Ministerio de Trabajo a la cúpula de la CGT. Hubo acuerdos en lo relativo al plan oficial de blanqueo laboral, que prevé eximir por ley del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores y en el que el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad. Hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales.
El otro punto que unió los deseos del Gobierno con el de los sindicalistas fue el vinculado a las obras sociales. Se avanzó codo a codo en la redacción de un proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las prestadoras médicas. Como sucede con el fuero laboral, el Gobierno sospecha de cierta intencionalidad de algunos actores en sacar tajada de la judicialización en el ámbito de la salud. La iniciativa, en principio, iba a surgir mediante un decreto presidencial de Mauricio Macri, pero se abandonó esa idea tras conseguir el aval sindical.
También en lo relativo a las obras sociales, el Gobierno y los gremios acordaron retomar la semana próxima el plan para instrumentar el sistema de cobertura universal de salud, cuyo financiamiento será de $ 8000 millones y saldrá del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la caja en la que se atesora el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores de sus salarios.
Hubo apenas una ligera tirantez cuando se debatió sobre la necesidad de incluir en los convenios colectivos un marco regulatorio para la formación y capacitación. Más de un gremialista desconfía en que el Gobierno, a pedido de los empresarios, intentará reinstaurar las pasantías como vínculo laboral.
Triaca, sin embargo, rechazó que ese vaya a ser el nervio del proyecto. “Les dimos la certeza a los gremios que no serán contratos basura. Queremos que capaciten personal según la demanda. Si la UOM necesita soldadores, entonces hay capacitar para cubrir esas vacantes”, dijo el ministro a la
nacion. Ya hubo una avanzada de sindicalistas que dio el visto bueno a esta iniciativa, según confirmaron ayer a este diario dos dirigentes de la CGT que participaron del encuentro en el despacho del jefe de la cartera laboral.
Se acordó de palabra, además, incluir a la CGT en un observatorio para seguir de cerca los procesos de normalización de los sindicatos que están hoy intervenidos. El caso paradigmático es del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que tendrá elecciones en diciembre próximo y cuyo jefe, Omar “Caballo” Suárez, está preso por encabezar una asociación ilícita y desviar fondos del gremio.
Triaca explicará pasado mañana el paquete de iniciativas ante toda la CGT. Es aún una incógnita saber si estará allí Pablo Moyano, uno de los pocos gremialistas que insiste con llamar a un paro.