Maldonado: refuerzan la seguridad del juez
los mapuches ocuparon el juzgado; denunciaron represalias
El Ministerio de Seguridad dispuso ayer reforzar la seguridad en el juzgado a cargo de Guido Otranto, que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, luego de que un grupo de mapuches tomó ayer el lugar durante seis horas para pedir el apartamiento del magistrado federal de Esquel.
Anoche, los ocupantes del Pu Lof denunciaron que varias de sus viviendas habían sido incendiadas. La pesquisa está envuelta en una creciente tensión.
El gobierno de Mauricio Macri siguió de cerca, minuto a minuto, la toma y el desalojo pacífico del juzgado federal de Guido Otranto. Significó un llamado de atención a futuro de una comunidad mapuche que se siente al margen de los derechos y obligaciones del Estado nacional. Para prevenir nuevos episodios, le dio todo el apoyo al juez y reforzó la seguridad en sus oficinas y en su domicilio particular.
Desde un primer momento, la prioridad fue no desalojarlos por la fuerza pública porque la Casa Rosada consideraba que los manifestantes estaban buscando “un muerto o un herido para cambiar el eje de la investigación”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apostó en el juzgado al secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerio Público y Legislaturas, Gonzalo Cané, que se encontraba en Esquel. Así fue informada durante el día, pese a que Cané no participó de la negociación entre los mapuches y el juez Otranto.
Esta fue la primera muestra de apoyo fuerte de la Casa Rosada al magistrado que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. “El Gobierno le dará un fuerte apoyo al juez, un respaldo institucional que es imprescindible para sostener el Estado de Derecho”, dijo a la nacion un funcionario de Macri.
“Este gobierno no es como el ex vicepresidente Amado Boudou, porque cree en el juez natural”, señaló un ministro. Se refería a cuando el ex funcionario kirchnerista logró desplazar al juez federal Daniel Rafecas de la causa Ciccone. “Creemos que cambiar un juez porque una parte quiere imponer su carátula no está bien”, dijo.
La toma del juzgado de ayer obedeció a que la comunidad mapuche Vuelta del Río, vecina de Pu Lof, exigía la renuncia de Otranto. Sostenían que el juez debió avisar antes de un allanamiento a sus territorios. Desde la Casa Rosada le enviaron el mensaje al juez de que dialogara: si no lo hacía, pagaba un costo; si lo hacía, sin renunciar ni ceder a los pedidos, iba a salir fortalecido.
El Gobierno percibe ahora que la comunidad mapuche considera que puede exigir todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución de 1994 para los pueblos originarios, pero al mismo tiempo se sienten al margen del Estado y de las obligaciones que implica. Otranto les explicó que tienen los derechos, pero también las mismas obligaciones que todos los ciudadanos.
“El juez les explicó en persona que no iba a renunciar y que no les va a avisar de los allanamientos porque éstos deben ser sorpresivos en un caso como el de Maldonado”, reveló a la nacion una fuente de la Casa Rosada. “Despejó todas las sospechas de los mapuches hacia él”, dicen.
El Ministerio de Seguridad redobló la custodia en el juzgado y en el domicilio de Otranto, y ordenó colocar cámaras de seguridad en toda la planta baja del juzgado para registrar futuros hechos.