dos condenados a prisión perpetua
Hugo Bermúdez y Leonardo Jara, coautores del rapto y homicidio de la chica de 11 años; para otro acusado, cuatro años de cárcel
LA PLATA.– “Tengo experiencia. Aun a riesgo de ser tildada de soberbia, debo decirlo. Y con los años que cargo sobre mis hombros creí haberlo visto todo. Pero debo rendirme ante la evidencia. Sin duda estaba equivocada. En el homicidio de Candela se entretejieron intrigas, política, delitos de toda calaña y fundamentalmente silencios. Lo relevante fue lo no dicho. Lo oculto.”
Esa afirmación de la jueza Raquel Lafourcade, una de las tres integrantes del tribunal que tuvo a su cargo juzgar el secuestro seguido de muerte de Candela Sol Rodríguez, resume el derrotero de una causa compleja que comenzó el 31 de agosto de 2011, nueve días después de la desaparición de la chica de 11 años, y que ayer cerró una primera gran etapa con la condena a prisión perpetua de Hugo Bermúdez y Leonardo Jara, como coautores del crimen, y con los cuatro años de cárcel aplicados a Gabriel Gómez como uno de los que se llevaron por la fuerza a la menor, a metros de su casa en Villa Tesei, partido de Hurlingham.
Carola Labrador, la madre de Candela, lloró y se abrazó al padre de la víctima, Alfredo Omar Rodríguez, cuando, tras siete meses de audiencias, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Morón –integrado por Lafourcade, Mariela Moralejo y Diego Bonanno– dio a conocer el veredicto condenatorio en un caso que puso sobre la mesa la presunta connivencia de policías bonaerenses y bandas dedicadas al crimen organizado. Los jueces consideraron que el rapto de la chica fue una venganza contra su padre, que en ese momento purgaba dos condenas por piratería del asfalto. Pero también concluyeron que “la muerte de la niña aconteció en el marco de un acuerdo de voluntades de una organización criminal que no se agota” en los imputados de este juicio.
También resaltaron que las “graves deficiencias” de la pesquisa derivaron en la apertura de 28 causas conexas, algo inédito en el trámite de un proceso oral. Falsos testimonios, testigos plantados, firmas apócrifas, insólitos olvidos. Incluso, una denuncia del ahora condenado Jara contra el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.
El hecho causó conmoción social y política en los meses previos a las elecciones generales de octubre de 2011. El Senado provincial armó, seis meses después del crimen, una comisión que emitió un dictamen lapidario: recomendó a Scioli exonerar a la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires y reformular toda la política de seguridad. Convencidos de que estaban frente a un “narcocrimen”, los legisladores también sugirieron iniciarles el juicio político al primer fiscal del caso, Marcelo Tavolaro; al fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, y al juez de Garantías Alfredo Meade.
Durante el juicio, la madre de Candela había dicho que “la policía estaba metida” en el caso y que el poder político había querido “taparla”. Ayer, con la sentencia decre- tada, se mostró conforme, aunque afirmó: “Hoy Candela me ayudó. Está acá conmigo y sé que ella debe estar feliz porque su mamá se lo prometió; cuando la encontré tirada en ese basural le prometí que se iba a hacer justicia. Esto es cerrar una etapa y después seguiremos, vamos a seguir juntando fuerzas para que caigan los que faltan”.
Y cuestionó: “Nunca la buscaron; estuvo nueve días viva, esperando que la rescataran. Hubo complicidades de la policía, de la política. Si no hubiese sido así, Candela estaría viva y yo no tendría que estar acá”.
El 22 de agosto de 2011 Candela iba a encontrarse con unas amigas para ir a una reunión de su grupo de scouts cuando “fue sustraída por tres sujetos en una camioneta Ford EcoSport negra”, que la mantuvieron cautiva algunos días en San Martín y luego en Villa Tesei. Allí, primero estuvo secuestrada en “la casa rosa” de la calle Kiernan 992 y después, en una vivienda abandonada, en Cellini 4085.
Según los fiscales Pablo Galarza, Antonio Ferreras y Mario Ferrario, entre las 20.30 del 29 de agosto y las 8.30 del día siguiente, Bermúdez “abusó sexualmente de la niña con un elemento duro por vía anal y la sofocó” tapándole la nariz y la boca mientras la sostenía desde atrás. Las pruebas de ADN situaron a la víctima y a Bermúdez en “la casa rosa”.
En cuanto a Jara, dos peritajes determinaron que fue él quien realizó una llamada extorsiva a la familia de Candela mientras estaba cautiva, en la que le pedían a Carola Labrador que “devolviera” una plata que, presuntamente, el padre de la chica debía saber dónde estaba.
A Gómez un vecino lo vio en Kiernan 992 el 27 de agosto, cuatro días antes de que Candela, asfixiada y metida dentro de una bolsa, apareciera muerta al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a sólo 30 cuadras de su casa. No la encontró ninguno de los 1600 policías abocados a su búsqueda, sino una cartonera que revolvía la basura.
A partir de ese momento, el derrotero de la causa fue sinuoso, con acusados que entraban y salían de la causa al pulso de intereses espurios y todavía no aclarados. Lo “oculto” a lo que aludió en el fallo la jueza Lafourcade se refiere a los misterios del caso, que rozan el narcotráfico, a policías corruptos, al Poder Judicial y también al poder político de la época. Incluso, al entorno más cercano a la propia víctima.
El tribunal, en su resolución, señaló que el móvil del rapto de Candela fue “un ajuste de cuentas contra el padre, por algún ilícito que éste cometió”. También, que se había barajado la hipótesis de que Rodríguez “había participado de un hecho contra algún personaje del narcotráfico y se sospechó fuertemente que esa persona podía ser Héctor «el Topo» Moreyra, quien desde un comienzo estuvo vinculado e imputado en la causa, aunque después esa línea investigativa increíblemente se desactivó”.
Así, se repitieron errores judiciales y policiales, filtraciones interesadas de información y allanamientos “vendidos”. Todo para desviar.