En un clima enrarecido, refuerzan medidas de seguridad para el juez
Un grupo de mapuches ocupó varias horas el juzgado para pedir su apartamiento; por la noche denunciaron que les quemaron sus casas
ESQUEL.– Frente a un escenario anómalo, de presiones y cuestionamientos hacia las autoridades judiciales por parte de comunidades mapuches y de familiares de Santiago Maldonado, la cartera al mando de Patricia Bullrich dispuso ayer reforzar la seguridad en los tribunales federales de esta ciudad y el domicilio del magistrado Guido Otranto.
La decisión, que implica además la colocación de cámaras de monitoreo dentro del juzgado, llegó después de que la sede judicial permaneció tomada durante seis horas por miembros de la comunidad mapuche Vuelta del Río, que al cierre de esta edición denunció que varias de las viviendas de los que realizaron la toma estaban siendo incendiadas.
La denuncia fue difundida mediante un audio de WhatsApp por la werk en Mo ira Millán, la misma vocera que había exigido por la mañana dentro de los tribunales el apartamiento de Otranto de la investigación por la desaparición de Maldonado. En el audio, Millán no identificó a los presuntos agresores. Sólo dijo que se trataba de una represalia.
Ése es el clima enrarecido, de hostilidades cruzadas, que se vive en esta parte de la Patagonia a raíz de la desaparición del joven y en un escenario cada vez más conflictivo de reivindicación territorial.
Efectivos de la Policía Federal se encaminaban, al cierre de esta edición, hacia el cuadro Vuelta del Río para investigar el hecho.
Todo comenzó temprano por la mañana, cuando 22 indígenas de esa comunidad, sin vínculos aparentes con Resistencia Ancestral Mapuche, ocuparon de “forma pacífica” la planta baja de los tribunales y le exigieron a Otranto que los recibiera.
Millán le exigía al magistrado explicaciones por el allanamiento, con resultados negativos, que ordenó el lunes pasado para buscar rastros de Maldonado y que se realizó en forma simultánea al del Pu Lof.
Una denuncia anónima, remitida al juez por el Ministerio de Seguridad, indicaba que en las viviendas de los mapuches Juan y Manuel Calfupam se hallaba el joven desaparecido hace 50 días.
El GEOF irrumpió con un helicóptero de forma sorpresiva, secuestró una carabina y un revólver calibre 22 y demoró a los Calfupam y a otros miembros de la comunidad, que ayer también denunciaron hostilidades y un intento de robo de dinero por parte de ese cuerpo de elite.
En ese clima de tensión, exigieron hablar con Otranto, que en un primer momento se negó, aunque más tarde accedió a recibirlos.
Durante 40 minutos, Otranto escuchó recriminaciones por la medida judicial y por las sospechas de que esa comunidad pudiera haber ocultado al joven.
Las increpaciones más fuertes provinieron de Millán, quien le exigió un preaviso ante cualquier medida judicial futura.
Con mesura, pero también con firmeza, Otranto les aclaró que como juez tiene la obligación de llevar a cabo las diligencias necesarias cuando surgen indicios de que puede haber alguna pista concreta en el marco de una situación gravísima como es la de la desaparición de una persona.
También los alentó a que denunciaran en su juzgado las hostilidades que presuntamente padecieron para que sean investigadas y, de ser probadas, poder castigar a los responsables.
Fue una jornada de muchos incidentes, tanto verbales como judiciales, lo que se viene repitiendo en los últimos días.
En forma simultánea a la toma, el testigo Ariel Mariotto Garzi presentó una denuncia penal en la fiscalía federal contra Otranto.
Lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no investigar –según aseguró– la llamada que le cursó a Maldonado el 2 de agosto que fue atendida durante 22 segundos.
Le cuestionó que no le secuestrara el teléfono con el cual había realizado la llamada. Además, denunció que se vulneró su resguardo como testigo protegido, un tipo de amparo que el magistrado negó de forma categórica.