Un presupuesto que apuesta al gradualismo
El proyecto de recursos y gastos para 2018 contempla metas muy moderadas de reducción del déficit fiscal y apunta a seguir financiándolo con deuda
La presentación del presupuesto para 2018 ha dejado en claro que la corrección del desequilibrio fiscal será lenta y que, mientras éste subsista, continuará financiándose con endeudamiento. La apuesta gubernamental no explicitada es que los mercados internacionales permanecerán abiertos a las nuevas emisiones de deuda argentina y que las tasas de interés se mantendrán en el mundo en los bajos niveles actuales. Visto con más profundidad, se está asumiendo que no habrá crisis internacionales que impacten más sensiblemente en los países con calificaciones débiles. En este sentido, si bien el gobierno argentino ha elevado notablemente su reputación internacional, todavía se encuentra convaleciente en materia financiera y aún permanece categorizado como economía de frontera.
En los 13 años previos al inicio de la gestión presidencial de Mauricio Macri, el gasto del Estado pasó del 30% del PBI al 47%. Éste es un porcentaje insostenible para un país con nuestro grado de desarrollo. En ese mismo lapso la cantidad de personal empleado en la administración nacional aumentó un 61%. Sin embargo, esto no significó ninguna mejora en los servicios del Estado. El nuevo personal engrosó una burocracia en expansión, que, por sobreabundante, redujo paradójicamente su eficiencia. El gobierno nacional iniciado el 10 de diciembre de 2015 no hizo crecer su planta de personal, pero expandió el número de ministerios y unidades administrativas y continuó apelando a contrataciones a través de universidades. En defensa de esta política de no reducir el personal, se argumentó que el porcentaje del gasto en remuneraciones es sensiblemente menor que el erogado en jubilaciones o en planes sociales. Pero con seguridad esta política produjo un indebido efecto demostración sobre las provincias y municipios, que durante 2016 y 2017 han continuado aumentando su personal.
El proyecto de presupuesto postula un crecimiento económico del 3,5% para 2018, después de un 3% estimado para el año en curso. La inflación proyectada para el año próximo es del 15,7%, previéndose una devaluación del dólar del mismo tenor, o sea, el mantenimiento del tipo de cambio real. El gasto corriente nominal presupuestado para 2018 es un 14,6% superior al de 2017, lo que significa un reducción de sólo el 1% a moneda constante. Este ajuste será obtenido casi excluyentemente por la recuperación tarifaria en la energía y el transporte, y la consiguiente disminución de los subsidios. No obstante, también aquí habrá gradualidad, ya que se prevé corregir en sólo una quinta parte el desfase actual entre tarifas y costos. La prioridad asignada a la obra pública se refleja en el aumento del 17,2% previsto en la inversión. Un impulso ponderable ya que, además, son obras saneadas de corrupción.
El déficit primario se proyecta en un 3,2% del PBI, inferior al 4,2% estimado para el año en curso. Si se incluyen los intereses de la deuda, se tendrá en 2018 un déficit financiero de 5,5% del PBI. Si a esto se agrega el déficit conjunto de las provincias, se llega a 6,5 puntos, equivalentes a 41.600 millones de dólares. Se prevé un endeudamiento adicional neto cercano a 25.000 millones de dólares, complementado con adelantos del Banco Central, fondos de la Anses y una reducción de capital del Banco Nación cedido al Tesoro.
De esta forma la deuda pública argentina con el sector privado y organismos internacionales pasará de 28% del PBI en 2017 al 32% un año después. Si se le agrega la deuda intraestatal, llegará a 61 puntos del PBI. El ministro de Finanzas ha afirmado que es un nivel muy razonable de endeudamiento y que la comunidad internacional lo aceptará y continuará absorbiendo las emisiones de deuda soberana argentina sin afectar el nivel de las tasas de interés exigidas. Su confianza se apoya en la convergencia a cero proyectada para el déficit fiscal en cuatro años, ayudada por un crecimiento de la economía y un sostenimiento de la presión tributaria. Se alcanzaría un superávit financiero en 2022 para comenzar a reducir la deuda. Apoyado en este escenario, el gobierno de Macri ha descartado aplicar medidas más ambiciosas de reducción del gasto. Este extremo gradualismo se ha aplicado también en el proyecto de reformas en la ley de responsabilidad fiscal, en la que prácticamente no se les exige a las provincias corregir el notable aumento del gasto en que incurrieron en los últimos años.
Este acentuado gradualismo es una apuesta riesgosa por distintas razones. En primer lugar, porque el mantenimiento de una muy elevada presión impositiva desalienta la inversión y afecta la competitividad. Esto puede hacer inconsistentes las hipótesis de crecimiento y de equilibrio externo, en particular si se sostiene la definición de descartar una reforma laboral. En segundo lugar, porque el resto del mundo juega también en este partido y la experiencia indica que es más que imprudente esperar que todas las condiciones externas que hoy nos favorecen se mantengan inalteradas.