Rechazaron la nulidad que planteó ante el jury
La diputada Diana Conti fue la única que votó en disidencia en el jurado
El jurado de enjuiciamiento tomó ayer la primera decisión que generó alguna disidencia en el cuerpo. El jury rechazó la nulidad del juicio político presentada por la defensa de Eduardo Freiler, por supuestas irregularidades que habría cometido el Consejo de la Magistratura durante la investigación contra el magistrado y durante la sesión en que se aprobó la realización del juicio político.
La resolución fue contundente: seis votos afirmativos y una disidencia. “Este jurado no puede constituirse en una instancia revisora del procedimiento llevado a cabo por el Consejo”, resolvieron los miembros del jury que votaron en mayoría.
La diputada Diana Conti, que forma parte del jurado, planteó la primera disidencia del juicio político. Con un tono cordial, la legisladora pidió que se difiriera la nulidad planteada por Freiler para que sea tratada recién después de la sentencia. Conti propuso postergar la resolución, por lo menos, unos tres meses, casi hasta el final del juicio político. Pero la propuesta no fue acompañada por nadie.
El jurado tendrá el martes una nueva reunión que marcará los plazos del juicio político, de aquí en adelante. El jury determinará la admisibilidad de las pruebas, es decir, deberá admitir o rechazar las pruebas planteadas por la acusación, encabezada por los consejeros Pablo Tonelli y Miguel Piedecasas.
También se prevé que el martes fijen fecha para el inicio del debate, la parte más atractiva del proceso. Durante esa instancia, todos tendrán la oportunidad de expresarse, tanto los acusadores como el propio Freiler en el alegato final. Fuentes judiciales confiaron a la nacion que el debate se realizará en el transcurso de noviembre.
Recién después de esas intervenciones, el jurado tendrá que expedirse para determinar la responsabilidad del camarista por su supuesto enriquecimiento. El dictamen aprobado por el Consejo estimó que el patrimonio de Freiler no justificado es más de $ 15 millones, después de haber realizado un análisis de sus ingresos y sus omisiones en sus declaraciones juradas.