Procesaron a Gils Carbó y se reactiva su juicio político
El juez Ercolini cree que cometió “administración fraudulenta” en la compra de un edificio de la Procuración; el Gobierno buscará desplazarla tras las elecciones
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales, quedó procesada por administración fraudulenta luego de que un juez entendió que urdió un plan con un funcionario a su cargo para direccionar la compra de un nuevo edificio de la Procuración por 44 millones de pesos y permitir que un intermediario cobrara una desmedida comisión de casi 8 millones de pesos.
La decisión fue firmada por el juez federal Julián Ercolini, que embargó los bienes de Gils Carbó hasta la suma de 7 millones de pesos. Con este fallo, el oficialismo retomó la idea de impulsar el juicio político de la procuradora. Ésta es la resolución que esperaba el Gobierno para forzar su alejamiento, pues su mandato es vitalicio.
El Gobierno entiende que Gils Carbó es la más encumbrada operadora del kirchnerismo que aún conserva poder y que lo usa con fiscales leales para impulsar denuncias contra funcionarios de Cambiemos.
Gil Carbó no reaccionó y, en cambio, dio a conocer anoche un comunicado de su abogado, León Arslanian, en el que dice que apelará porque –sostiene– lejos de perjudicar al Estado la compra del edificio lo benefició, y señala que le provoca “suspicacia” que el fallo se conozca antes de las elecciones del 22.
Además de a Gils Carbó, el juez procesó a Guillermo Alfredo Bellingi, subdirector general de la Procuración, quien llevó adelante la compra, y a Juan Carlos Thill, su medio hermano, que actuó como intermediario de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, que intervino en la operación. Thill cobró la comisión de $ 7,7 millones, “exorbitante” para Ercolini, pues ascendía al 17 % de la venta, cuando lo usual es el 3 o 4 por ciento.
Además fue procesado Adrián Fisher, encargado por Arfinsa, empresa del grupo Bemberg, dueño del edificio de la operación, y Bárbara Jaureguiberry, de la inmobiliaria.
Las pruebas que Ercolini enumeró para procesar a Gils Carbó se basan en el propio expediente de licitación direccionada y en un cruce de llamadas telefónicas en que se comprobó que desde un celular a nombre de Gils Carbó se intercambiaron mensajes de texto con otro teléfono a nombre de Arfinsa en julio de 2012, un mes antes de que la procuradora asumiera su cargo y antes de la operación.
La procuradora dijo a Ercolini que ese celular lo usaba su hija y que se comunicaba con un compañero del colegio, cuyo padre trabajaba en el grupo Bemberg.
“No es verosímil creer que esos registros de comunicaciones obedezcan a una mera coincidencia, máxime cuando la otra línea telefónica que se conoce como utilizada por la nombrada y cuyas comunicaciones también despiertan sospechas le fue asignada con posterioridad al intercambio de varios de esos mensajes; precisamente, en tiempos de asumir” como procuradora, dijo.
Otras pruebas que enumeró el juez es que a fines de 2012 Gils Carbó frustró la compra de otro edificio preadjudicado en la calle Piedras. Dijo que no llegaban a tiempo a concretar la compra y que se vencían las partidas presupuestarias. Pero al mismo tiempo dijo que había conseguido transferirlas al año siguiente y ampliarlas, por lo que, para el juez, buscó frenar esa operación intencionalmente.
Dijo Ercolini que Gils Carbó, Bellingi y Fisher idearon y llevaron a cabo el plan para direccionar la compra del actual edificio.
De hecho, la inmobiliaria se registró como sociedad mediante un trámite urgente el día que Gils Carbó comenzó la licitación.
La inmobiliaria recibió $ 7.706.399,90 de comisión y, a su vez, Jaureguiberry abonó al productor de seguros Juan Carlos Thill, neófito en materia inmobiliaria, $ 2.969.252,97 por su supuesto asesoramiento.
Un mes y medio después de haber cobrado, Jaureguiberry presentaba en su cuenta apenas $ 7330,30.Thill cobró su comisión y realizó extracciones sucesivas durante varios meses, cuyo destino aún no se determinó.
El juez dijo que Bellingi fue designado por Gils Carbó para dar de baja una licitación y concretar la otra. Luego fue trasladado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Para Ercolini, Gils Carbó determinó las condiciones del pliego de licitación tras visitar con Bellingi el edificio de Arfinsa. A su vez se flexibilizaron los requisitos de los oferentes, hasta el punto de no pedirles el certificado fiscal para contratar.
Jaureguiberry estaba informada de la licitación antes de que ocurriera, tanto que firmó un contrato con Thill para repartirse la comisión antes de que la licitación fuera convocada y publicada. Es decir que aparentemente tenía información calificada desde dentro del organismo.
El juez enumeró que hubo gran cantidad de llamadas entre Jaureguiberry y Bellingi y, contemporáneamente, entre este último y Gils Carbó, quienes a su vez mantuvieron contactos directos con teléfonos de Arfinsa.
“Contextualizados los momentos en que fueron mantenidas aquellas comunicaciones, queda demostrada aún más la existencia de la maniobra llevada a cabo a partir de un plan complejo en el que intervinieron de modo consciente, deliberado y voluntario la Sra. procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el subdirector general Guillermo Bellingi; Adrián González Fisher; Bárbara Jaureguiberry, y Juan Carlos Thill”, concluyó el magistrado.
Y destacó además las llamadas frecuentes entre Gils Carbó y la Secretaría General de la Presidencia, entonces a cargo de Carlos Zannini, y los contactos con el celular de su segundo, Juan Carlos Liuzzi.