Rajoy apuesta a forzar unas elecciones urgentes en Cataluña
Puigdemont quedó acorralado entre el ultimátum de Madrid y los separatistas de izquierda
Rajoy podría ejecutar una “operación quirúrgica”
La incógnita es si los separatistas soportarán la presión
BARCELONA.– Por las buenas o por las malas, el presidente Mariano Rajoy intenta que Cataluña vote cuanto antes un nuevo gobierno que reemplace al que encabeza el independentista Carles Puigdemont.
Rajoy negoció con el líder socialista, Pedro Sánchez, que si se viera forzado a aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana, ejecutará una “operación quirúrgica”, cuyo fin principal será disolver el actual Parlamento de mayoría separatista y convocar de inmediato unos comicios autonómicos.
Ése sería el peor escenario: la imposición. Tanto Rajoy como Sánchez esperan que el propio Puigdemont se resigne a adelantar las elecciones, ahogado por la situación de inestabilidad política y económica a la que se enfrenta a partir del ambiguo acto de declaración de la independencia que protagonizó el martes en el Parlamento regional.
El gobierno le envió anteayer un requerimiento formal a Puigdemont para que aclare por escrito si proclamó o no la fundación de la república catalana. Le dio plazo hasta el lunes. Sólo avanzará con el 155 en caso de que el presidente catalán diga que sí y además se niegue a retractarse antes del jueves.
“Lo ideal es que el señor Puigdemont asuma que no declaró la independencia y vea que el único camino es una convocatoria electoral”, dijo ayer Sánchez. En nombre del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, también buscó persuadir al presidente regional: “Si responde que no, se vuelve a la legalidad”.
Puigdemont está atrapado. Decir que en realidad no declaró la independencia equivaldría a aceptar que su discurso del martes, que mantuvo en vilo a Europa, fue un show político sin contenido. Y alejaría de su lado a los anticapitalistas de la CUP, 10 diputados decisivos para completar la mayoría legislativa del separatismo. Ellos le dieron un mes de plazo para concretar la ruptura con España.
Si, en cambio, Puigdemont respondiera que se considera el presidente de un Estado independiente, estaría firmando la confesión de un delito grave: rebelión. En la redacción de su réplica a Rajoy trabajan constitucionalistas y penalistas.
El tiempo muerto les sirve a los independentistas para pensar. Tienen que gestionar la frustración que causó entre sus simpatizantes el paso atrás de Puigdemont, que giró de la promesa de fundar la república catalana a una declaración de independencia en suspenso que nadie alcanzó a entender.
Por ahora insisten en pedir una mediación y denunciar a Rajoy. “Parece que para algunos diálogo es sinónimo de insultos, artículo 155, querellas y amenazas”, se quejó ayer el conseller (ministro) de Asuntos Exteriores, Raül Romeva.
El vicepresidente Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se mantiene en la ambigüedad. Dijo que su plan consiste en “culminar cuanto antes” el proceso hacia la independencia. Por eso descartó “del todo” una convocatoria electoral.
Rajoy cree que no les quedará otro remedio. La alianza Junts pel Sí, formada por el PdeCAT de Puigdemont y ERC, no tiene mayoría para gobernar. Si la CUP los abandonara, quedarían sin margen para gestionar el poder.
Los separatistas anticipan la jugada de Rajoy. Juran que boicotearán unas elecciones que fueran convocadas como fruto de una intervención de la autonomía. Un largo período de inestabilidad quedaría garantizado si ése fuera el escenario.
La gran incógnita es si tendrán la capacidad de soportar la presión. La fuga de empresas en la última semana, los llamados de Europa para detener las decisiones unilaterales, el creciente malestar social y las fricciones internas le cortan los caminos a Puigdemont.
En el caso de una convocatoria electoral ordinaria, nada garantiza que Junts pel Sí vuelva a ir unido. El PdeCAT (centroderecha) ha perdido apoyos con su giro hacia el separatismo y su alianza con la CUP. Puigdemont prometió que no volvería a ser candidato al Parlamento autonómico y el líder real del partido, Artur Mas, está inhabilitado por la justicia. Junqueras podría sentirse tentado de probar suerte solo.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, mira con atención el panorama. Juega a dos aguas. Apoyó el referéndum ilegal del 1º de octubre que hizo escalar el conflicto, pero al mismo tiempo le pidió a Puigdemont que no asumiera como válidos los resultados y no declarara la independencia.
Su partido, En Comú (aliado de Podemos), podría presentarse como una bisagra para un aterrizaje suave del proceso separatista. Y le daría tiempo al poder español para elaborar una oferta política que seduzca a la enorme porción de la sociedad catalana que quiere irse.
Son todas variables que están sobre la mesa de Puigdemont, mientras se prepara para responderle a Rajoy en qué país cree que vive.