Un criterio que podría aplicarse a Cristina
La nueva jurisprudencia habilita a detener a ex funcionarios por su poder de influencia
Cristina Kirchner debería mirar con preocupación lo que viene ocurriendo con sus ex funcionarios, porque ella podría ser la próxima.
La jurisprudencia que estableció la Cámara Federal indica que los acusados de corrupción deben ir presos cuando cualquier ex funcionario con poder puede de manera objetiva influir en la investigación que se lleva adelante, cuanto más alto es el cargo que tuvo y el poder actual que ostenta (ver página 20).
Cristina Kirchner fue presidenta dos veces y acaba de ser electa como senadora nacional. Pesa sobre ella este mismo criterio, pero a su vez es necesario probar un hecho positivo, explícito, actual de influencia sobre el futuro del proceso que enfrenta el acusado.
Cristina Kirchner enfrenta una causa por asociación ilícita por favorecer a Lázaro Báez con la obra pública que tiene el juez Julián Ercolini. Su colega Claudio Bonadio la indagó por la denuncia de Alberto Nisman por encubrir a Irán.
En ambas está abierto el camino para aplicar la jurisprudencia Irurzun, pero debe contemplarse en cada caso. Y ninguno de los dos jueces lo tenía en carpeta esta semana. Los fiscales Gerardo Pollicita en el caso Báez y Eduardo Taiano en la causa de la denuncia de Nisman, tampoco contemplaban anoche esta idea.
Una discusión aparte es si la protegen o no los fueros. La Constitución establece que son desde el momento de la elección. El escrutinio definitivo aún no concluyó, con lo que técnicamente no es senadora electa, según una interpretación estricta, por más que no haya duda de que ocupará una banca.
La ex presidenta ayer tuiteó: “Está en riesgo la democracia argentina”, y abrió el paraguas al decir que “el gobierno del presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores”. “El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”, sostuvo.
A diferencia de lo que opinó respecto de Julio De Vido, cuando dijo que no ponía las manos en el fuego por su ex ministro, en relación con Boudou sostuvo que “la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga”. Y agregó: “Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares”.