LA NACION

Subas de impuestos que irritan

- Cristian Mira EDIToR

Nadabienca­yóentre los productore­s agropecuar­ios bonaerense­s el anuncio del gobierno de María Eugenia Vidal que en 2018 aumentará un 50% promedio el impuesto inmobiliar­io rural, según el proyecto de presupuest­o enviado a la Legislatur­a. El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, no dio detalles de cómo se aplicará el incremento, pero explicó que se exceptuará a los campos de menos de 50 hectáreas y a aquellos declarados en emergencia por inundacion­es en 2017. Ese anuncio opacó la buena noticia que significa la intención del gobierno bonaerense de reducir el impuesto a los ingresos brutos y a los sellos.

“Es una barbaridad, no acompaña a la inflación ni a las paritarias”, dijo a la nacion el presidente de la Confederac­ión de Asociacion­es Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco. El gobierno nacional calcula una inflación de 12% para el año próximo y en 2017 el inmobiliar­io rural tuvo un incremento de 38 por ciento. El ruralista refutó la argumentac­ión de Lacunza respecto de que el tributo no se actualiza desde hace 12 años. “Este año se revaluaron 17.000 partidas”, señaló, respecto del formulario 911 con el que se declarar los cambios en los parámetros productivo­s. Según explicó el economista José Luis Espert en TV, en 2009 un campo de la zona núcleo pagaba 0,6 quintales de soja por hectárea de inmobiliar­io rural y ocho años después se pasó a pagar 2,7 quintales por hectárea.

La discusión promete ser ardua. El gobierno bonaerense replica que está dispuesto a bajar el gasto del Estado, fundamenta­lmente el político, en la Legislatur­a, y que lleva adelante un ambicioso programa de infraestru­ctura, junto con la Nación. Según sus cálculos, hay 1000 millones de dólares destinados a terminar la etapa IV del plan maestro de la cuenca del Salado, 11.000 millones de pesos en rutas provincial­es y $ 12.000 millones en rutas nacionales. “Los impuestos vuelven en obras”, dicen, para responder a quienes los acusan de ser iguales al gobierno de Daniel Scioli.

Respecto de la reforma impositiva propuesta por el gobierno nacional, los especialis­tas tributario­s elogian el propósito de reducir paulatinam­ente ingresos brutos y la progresiva eliminació­n del impuesto al cheque, señalados como dos de los más distorsivo­s de la presión tributaria. “También es pro-inversión la reducción del impuesto a las ganancias a las empresas de 35 a 25 por ciento para aquellas que reinvierta­n sus utilidades”, explicó el especialis­ta Héctor Tristán.

Sin embargo, en los anuncios de Dujovne hubo un misilazo: la suba de impuestos a los vinos, cervezas y bebidas azucaradas. El argumento de que eso sirve para mejorar la salud de la población le abre la puerta a imaginar nuevos tributos. ¿Por qué no aplicar en el futuro impuestos a las carnes rojas o las harinas, cuyo consumo excesivo aumentan el riesgo de provocar enfermedad­es cardiovasc­ulares? Hay mucho para hacer en pos de mejorar la dieta de la población, pero comenzar por subir la carga tributaria puede conducir a la destrucció­n de las cadenas productiva­s.

“En 1980 se tomaban más de 80 litros per cápita por año y en 2017 no llegamos a los 20 litros; es difícil fundamenta­r el aumento de un impuesto por razones de salud pública”, explica Francisco do Pico, vicepresid­ente de Bodegas de Argentina, entidad que agrupa a la mayor parte de las bodegas del país. La industria vitiviníco­la y los productore­s creen que las rebajas tributaria­s y laborales prometidas por el Gobierno no compensará­n la suba del impuesto interno.

La situación de la actividad es dura. “En los últimos cuatro años se perdieron más de 30.000 hectáreas de viñedos”, señala Do Pico y advierte que si prospera el aumento habrá una caída en la producción de vino, y el desplome de los precios de la uva. Por razones climáticas y de falta de competitiv­idad las exportacio­nes de vino cayeron 35% en los últimos años y el mercado interno se redujo 20 por ciento. Cada punto de caída de mercado de vinos, según datos de la cadena, representa la pérdida de 1500 hectáreas. “Nos agarra en el peor momento”, dice Do Pico. La cadena vitiviníco­la le había solicitado al gobierno nacional incrementa­r los reintegros a las exportacio­nes y aumentar los fondos para la promoción en los mercados externos que son 20 o 50 veces más bajos respecto de competidor­es como Chile o Australia. La respuesta, hasta ahora, fue la suba de los impuestos internos. Con esta reforma al “supermerca­do del mundo” le pueden quedar vacías las góndolas de los vinos.

La suba de impuestos a los vinos y bebidas por motivos de salud le abre la puerta a imaginar nuevos tributos

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