La “jurisprudencia Irurzun”, el nuevo basamento legal que habilitó la detención

Un fallo del camarista estableció pautas más amplias para considerar que funcionarios acusados de corrupción pueden entorpecer el trámite judicial

Amado Boudou quedó detenido merced a lo que en los tribunales de Comodoro Py 2002 se conoce como “jurisprudencia Irurzun”. Hace alusión a un fallo que redactó el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, que endureció las condiciones para liberar a ex funcionarios acusados de corrupción.

Irurzun es un histórico camarista de buen diálogo y máxima confianza con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Es el director del área de la Corte a cargo de las escuchas telefónicas. Por otro lado es el arquitecto del derrotero de las causas de corrupción kirchnerista. Por ejemplo, sus votos en los casos que complican a Cristina Kirchner son los que sugirieron que se unifiquen en un megajuicio oral todas las causas contra ella, sus ex ministros y los empresarios que se hicieron millonarios gracias a su gobierno.

En septiembre pasado, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Irurzun y Leopoldo Bruglia, pulverizaron el fallo mediante el cual el juez Luis Rodríguez había denegado el pedido del fiscal Carlos Stornelli para detener a Julio De Vido en el caso del fraude por la mina de carbón de Río Turbio.

Irurzun estableció en ese fallo nuevas pautas para meter presos a los funcionarios acusados de corrupción e inauguró una jurisprudencia más amplia, que debería preocupar a otros ex funcionarios que enfrentan causas y gozan de la libertad. Dijo Irurzun que, en estos casos complejos, con un daño considerable y la reiteración de los mismos acusados, hay particularidades que deben contemplarse.

Dijo que no sólo se debe analizar si hay arraigo del acusado para decidir si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento. Se debe considerar un “escenario formado por conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, han tenido un desarrollo temporal extenso, lo que implica, a su vez, que se ha contado con las complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito”. Estableció nuevas pautas para decidir la libertad: la complejidad de las maniobras, su magnitud, las concretas posibilidades de fuga y de entorpecimiento derivadas de los frentes judiciales abiertos en diversos expedientes, las relaciones personales, laborales o políticas de los acusados mediante las cuales mantienen posibilidad de influir en las investigaciones, ya sea ocultando o alterando documentos o restringiendo la información que la Justicia les pide a los organismos públicos. Irurzun dijo que había que considerar si el caso involucra sumas millonarias que no se sabe dónde están y si la actividad de los acusados sólo es posible con una complicidad funcional extendida en el tiempo. Por lo que las posibilidades de entorpecimiento incluyen su capacidad de influencia.

Con estos argumentos, el juez Rodríguez obtuvo el desafuero y la detención de De Vido, y su colega Claudio Bonadio le dictó la prisión preventiva. Rodríguez, Bonadio y ahora Lijo citaron este fallo. Lo mismo realizó el fiscal de Cámara Germán Moldes cuando mantuvo la necesidad de encarcelar a De Vido.