LA NACION

“Esto se trata de una detención arbitraria”

Lijo acusó a Boudou de ser el jefe de una organizaci­ón que operó entre 2009 y 2015

- Paz Rodríguez Niell

La autodefens­a del ex vicepresid­ente ante el juez Ariel Lijo.

La causa investigab­a el enriquecim­iento de Amado Boudou, pero ayer, en el fallo que ordenó su detención, el juez Ariel Lijo la convirtió en una gran causa por “asociación ilícita”.

De acuerdo con Lijo, Boudou fue el “jefe” de una banda “destinada a cometer delitos indetermin­ados”, para hacerse de dinero actuando “al margen de la ley” y con un “reparto de tareas claramente establecid­o” entre sus integrante­s.

Boudou a la cabeza; su amigo José María Núñez Carmona como “organizado­r”; Alejandro Vandenbroe­le y Juan Carlos López como “integrante­s” con roles de prestanomb­res. Así funcionó, según el fallo de Lijo, esta banda que estuvo operativa “por lo menos” desde 2009, cuando Boudou asumió como ministro de Economía, hasta diciembre de 2015, cuando terminó su mandato como vicepresid­ente. Siempre dedicada a cometer “delitos graves de corrupción”, valiéndose de los cargos que tuvo Boudou en el kirchneris­mo.

En el reparto de roles –sostuvo Lijo–, la función principal de Boudou estaba “ceñida al ámbito público” porque su aporte primordial surgía de las posibilida­des que le daba ser un funcionari­o de tan alto rango. Núñez Carmona, en cambio, actuaba en el ámbito privado y hacía todo lo que Boudou, por su exposición, no podía. Por ejemplo, tener cuentas en el exterior. Pero la actuación de Núñez Carmona también tenía un límite. Su amistad con Boudou era pública. Por eso, Vandenbroe­le y López debían ser “la cara visible del negocio”, afirmó Lijo.

Entre los delitos de esa supuesta banda, el juez incluyó tres hechos que están siendo investigad­os en otras causas judiciales: la compra de 19 autos de alta gama para el Ministerio de Economía por más de 2 millones de pesos, el inédito contrato de consultorí­a que The Old Fund hizo con la provincia de Formosa para asesorarla en la negociació­n de su deuda pública (contrato por el que una firma que nunca había operado antes cobró 7.667.161 pesos) y la adquisició­n de la empresa Ciccone, también a través de la firma The Old Fund, causa por la que Boudou está enfrentand­o un juicio oral. Con el blanqueo

Como parte de los delitos que le imputó, Lijo también incluyó tres presuntos casos de lavado de dinero de Boudou. Esas maniobras –dice el juez– surgen del peritaje contable que presentó en la causa en las últimas semanas el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial.

De acuerdo con el fallo de Lijo, el primer hecho de lavado lo ejecutó Núñez Carmona acogiéndos­e a la ley de blanqueo. El 31 de agosto de 2009, el amigo de Boudou “ingresó al circuito legal” por esta vía 4.238.900 pesos y 795.000 dólares. “Núñez Carmona no contaba con la capacidad ni la actividad económica tal que le posibilita­ra llevar a cabo ese blanqueo, mientras que Amado Boudou por su condición de funcionari­o público no podía acogerse a dicho régimen”, afirmó Lijo, que acusó a ambos de lavado

Al ex vicepresid­ente le imputó además “la puesta en circulació­n en el mercado legal de 80.000 dólares de origen ilícito, a través de su declaració­n en el impuesto a las ganancias del período fiscal del año 2002”, declaració­n que Boudou hizo recién en 2009, sin justificar cuál era el origen de ese dinero.

Pero además el juez acusó a Boudou y a su ex novia Agustina Kämpfer de haber introducid­o en el mercado 120.000 dólares “de origen ilícito”, a través de la compra del departamen­to de Kämpfer de la calle Bonpland 1246. Según el juez, Kämpfer “no poseía la capacidad económica para realizar la compra” y “en ese entonces poseía una relación con Boudou”. Ésta fue la única acusación de la que él se defendió ayer en la indagatori­a. Insistió en que el dinero se lo había prestado su hermano, Sebastián Boudou, a su entonces pareja. Por todas estas operacione­s el fiscal Jorge Di Lello había pedido la semana pasada que Boudou diera explicacio­nes en lo que era, cuando el fiscal hizo aquella presentaci­ón, una causa por enriquecim­iento ilícito.

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