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Junto al fin de las jubilaciones de privilegio, hay que evaluar los grandes cambios demográficos y la relación entre la cantidad de aportantes y de beneficiarios
la edad jubilatoria ante la crisis del sistema previsional. Junto al fin de las jubilaciones de privilegio, hay que evaluar la cantidad de aportantes y de beneficiarios.
El Gobierno ha anunciado su voluntad de modificar el sistema de movilidad previsional, de manera que los haberes de jubilados y pensionados pasen a actualizarse según el índice de inflación y no de acuerdo con la evolución de la recaudación de los impuestos y la de los salarios, como es hoy. También ha propuesto que las mejoras en esos haberes se produzcan en forma trimestral y no semestral, como hasta ahora.
Es probable que la primera propuesta oficial le permita al Estado disminuir algo sus erogaciones, especialmente si, como se espera, la inflación disminuye en los próximos años, en tanto que la economía crece.
La nueva fórmula para la actualización de haberes jubilatorios dejaría atrás un mecanismo que contempla el incremento de la recaudación de la Anses y los ajustes salariales y que, en algunas oportunidades, permitió que las jubilaciones aumentaran más que la inflación, elevando el déficit del sistema.
No pasa por ahí, sin embargo, el quid de la cuestión previsional. Lo cierto es que la factibilidad financiera del sistema de jubilaciones argentino se encuentra seriamente comprometida desde hace mucho tiempo. En buena parte, porque distintos gobiernos de diferente signo utilizaron los fondos previsionales para cualquier destino, menos para el que debían ser utilizados. Y, por otro lado, porque la relación entre el número de aportantes a la seguridad social y la cantidad de beneficiarios es verdaderamente crítica.
Se estima que esta relación es de alrededor de 1,1 aportantes por cada beneficiario, lo cual es a todas luces insostenible en cualquier país del mundo.
La razón de esta situación es estructural: al igual que en todo el mundo, la esperanza de vida en la Argentina ha crecido en forma sostenida. Mientras que en 1966 era de 65,8 años, en 2014 pasó a 76,2 años (80,1 en el caso de las mujeres y 72,4 para los hombres).
La situación financiera de nuestro sistema previsional se ha agravado también por el hecho de que, tras dos moratorias, en la última década se jubilaron más de tres millones de personas que prácticamente no habían realizado aportes. Finalmente, con la ley de reparación histórica, sancionada el año pasado, se hizo justicia con no pocos integrantes de la llamada clase pasiva, pero se debió asumir un pasivo que podría tornarse impagable si no se llevan a cabo reformas que conduzcan al equilibrio financiero.
Durante este año, parte de los ajustes jubilatorios derivados de la reparación histórica pudo ser cubierta por los ingresos del blanqueo de capitales. Pero el año próximo, el Estado ya no contará con esos recursos y deberá aplicar otras recetas para paliar el desfase.
Para peor, en los últimos años, buena parte de los fondos que el Estado manejado por el kirchnerismo les confiscó a las AFJP y derivó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad terminaron siendo aplicados a financiar el déficit fiscal, obras públicas de escasa o nula rentabilidad o el Plan Procrear en condiciones inferiores a las del mercado.
Es muy probable que la desproporción entre aportantes y beneficiarios del sistema previsional se continúe acentuando por razones demográficas, derivadas del incremento de la expectativa media de vida y del menor número de nacimientos. Esta tendencia llevará a que cada vez tengamos un mayor número y porcentaje de personas jubiladas dentro del total de la población. Sólo para tener una idea, cabe recordar que la proporción de mayores de 65 años era del 11,2% cincuenta años atrás, mientras que hoy ronda el 24%.
Frente a este grave cuadro, es menester que, en el marco de la convocatoria que ha hecho el presidente Mauricio Macri a construir consensos básicos, junto con el fin de las jubilaciones de privilegio, comience a evaluarse una razonable reforma previsional que contemple un aumento gradual de la edad jubilatoria.
No sólo no se trata de un debate novedoso en el resto del mundo, que enfrenta los mismos problemas demográficos y sociales que la Argentina. Se trata también de una necesidad para que la desproporción entre aportantes y beneficiarios de la seguridad social no termine conduciéndonos a una implosión del sistema previsional, con consecuencias mucho mayores para todos los argentinos.